En apenas un año de gobierno municipal ha habido al menos diez cambios en puestos vitales, desde actos de corrupción hasta escándalos y fiestas en redes sociales. Cada despido cuesta al erario 150 mil pesos y el cambio de mando implica un retraso operativo dentro de los objetivos de la administración
En víspera de que el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, solicite licencia para contender por la gubernatura por Baja California, su administración ha registrado al menos diez bajas en puestos clave.
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Tres semanas después de rendir protesta, el 30 de septiembre de 2019, el secretario del Ayuntamiento, Javier Arturo Romero Arizpe, presentó su renuncia con carácter irrevocable.
La última dimisión la presentó, el 26 de octubre de 2020, el militar en el retiro Adrián Ortiz Ortiz, quien ocupara la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM). Lo hizo por motivos personales y su reemplazo es otro ex militar: David Armando Sánchez González.
Uno de los servidores públicos que se alejó del cargo fue el director de Bienestar, Jorge Eduardo Vega Zamora, tras filtrarse una grabación de audio con su voz, en la que explica a otras personas cómo pide “moches” a estudiantes universitarios por conseguirles becas. Sindicatura Municipal inició una investigación en mayo de 2019, y la primera semana de noviembre de 2020, emitió un comunicado para informar que no hay elementos para enjuiciar a Vega Zamora, quien podría convertirse en el próximo alcalde, al ser suplente del XXIII Ayuntamiento, dadas las intenciones de Ayala por contender a la gubernatura de Baja California.
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SE QUEDARON EN EL CAMINO
La primera semana de gobierno, el ex secretario del Ayuntamiento, Iván Barbosa Ochoa, entregó el cargo a Romero Arizpe, y este, unos días después a Rubén Best Velasco, con un salario de 53 mil 133 pesos.
La directora de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente por más de tres años, María Matilde López Chávez, renunció el 29 de mayo por asuntos personales y su cargo lo asumió Juan Francisco Padilla Ortega con un sueldo de 31 mil 332 pesos.
Lo mismo sucedió el 14 de julio con el subdirector de Bomberos, Mauricio González Navarro, quien fue cambiado por Gaspar Chávez Quintero, con un salario de 44 mil 947 pesos.
El primer director de la DSPM fue Luis Felipe Chan Baltazar, separado del cargo en mayo. Le sustituyó el ex militar Ortiz Ortiz, quien dejara la titularidad en octubre.
El ex titular de Desarrollo Económico, Fernando López Mc Gregor, fue despedido y a su cargo ingresó Brenda Mendoza Nishikawa, percibiendo un sueldo de 31 mil 249 pesos.
En las paramunicipales también hay bajas. El 12 de agosto salió, denunciado, Adrián Gómez Galindo, ex director del Instituto de la Juventud en Ensenada. Dos días después se designaría a Cristina Mar González.
La ex titular del Centro para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Olga Leticia Lelevier Grijalva, salió el 2 de diciembre de 2019; la reemplazó Zaida Nallely Bracamontes Mendoza.
El alcalde de Ensenada Armando Ayala Robles.
“UNO SE TIENE QUE IR ADAPTANDO”: AYALA
En el Ayuntamiento de Ensenada hay 3 mil 272 empleados, la nómina se estima en 26 millones de pesos catorcenales. De acuerdo con Tesorería, cuando Ayala asumió la alcaldía se pagaban 30 millones.
Para calcular una liquidación, el Ayuntamiento debe pagar cada año por lo menos 12 días laborales, más tres meses de salario y la parte proporcional de aguinaldo y vacaciones.
Considerando que los sueldos de estos ex funcionarios eran superiores a 30 mil pesos, el costo por despido supera los 150 mil pesos por concepto de liquidación.
Cuando el alcalde Ayala Robles asumió el cargo, en su discurso apuntó que habría “cero tolerancias a la corrupción” y vigilaría “el actuar de los funcionarios y servidores públicos”.
“No se permitirá la corrupción de ningún grado y estaremos siendo evaluados permanentemente por la ciudadanía y nosotros mismos. Promoveremos la plena transparencia y rendición de cuentas en todos los funcionarios”, advirtió en su momento.
“Siempre hay cambios en los gabinetes, se tiene que ir uno adaptando a las condiciones, a veces hay propuestas de perfiles que pueden desarrollar mejor el trabajo o los mismos directores tienen otros planes de regresar a la iniciativa privada. Qué más quisiera que hubiera los menos cambios posibles para no estar distraído en otros temas, pero siempre es así, reconoció el edil con desánimo. Nada ha impactado, nada, porque la gente de abajo y los operativos es lo mismo, solo cambia la persona que es la responsable, pero los trabajos se siguen realizando. No es que yo permita, es que si fuesen necesarios habría que hacerlos, si no, pues sí”, expresaría el primer edil, para después agregar que nadie es dueño de su destino y “todo puede suceder”.
Sobre su esperada licencia para contender a la gubernatura, respondió que no hay fecha determinada y se declaró respetuoso del proceso, de manera que esperará los tiempos y en su momento se analizará la propuesta más adecuada.
SÍ IMPACTA: REGIDORA
“No solo en Seguridad, sino en otros niveles de gobierno como el coordinador de Delegaciones y Comunicación se han registrado cambios”, indicó la regidora Brenda Valenzuela.
Una de las experiencias con servidores públicos de recién nombramiento fue cuando el director de Bienestar, Gerardo Soria, no supo exactamente cuáles eran los objetivos de la institución.
“Vemos un titular que no tenía cuáles era los objetivos ni líneas de acción, ni plan municipal de desarrollo, es muy malo cuando en un momento de pandemia deberían estar alineados, no solo entregar despensas”, expuso, e invitó a ver su comparecencia en redes sociales.
En cuanto a Seguridad Pública, es evidente la falta de planeación cuando el último director que asumió el cargo, Armando Sánchez, no tenía acciones en concreto en materia de prevención. Fue duramente criticado por la comunidad de policías, quienes hicieron compartieron el supuesto plan de trabajo en redes sociales.
“Los perfiles (de los directores de Seguridad) los ha impuesto la fiscalía, y en ese tenor, ¿dónde quedó la responsabilidad municipal?”, cuestionó la edil de extracción panista, además de subrayar que los ciudadanos están sumidos en una delicada situación por la falta de transparencia,
Otra dependencia con cambios fue Ecología y Desarrollo Urbano, donde se han detectado actos de corrupción y vicios de fondo que deben ser tomados en cuenta al momento de definir a un director.
“Queremos saber cuáles han sido las acciones que se han tomado para decidir quién será parte del gabinete, así como conocer las medidas contra la corrupción que han implementado”, retó Valenzuela, quien pidió respetar la equidad de género y, por cada titular que sustituya, presentar un perfil femenino (25% del gabinete central debe ser integrado por mujeres).
MOVILIDAD, SOLO EN ACTOS DE CORRUPCIÓN
Para el diputado federal Armando Reyes Ledesma, los cambios en el servicio público tienen impacto en las obras, al haber retrasos en la ejecución de las mismas.
“Somos muy respetuosos de la autonomía de los ejecutivos, pero eso no quiere decir que nos mantenemos al margen y nos preocupa, porque retrasa los trabajos de atención a los ciudadanos. Los cambios no son lo que uno espera”, dijo.
Al momento de integrar el gabinete, debieron plantear una estrategia en la cual los interesados en asumir los cargos públicos cumplan con los requisitos y reúnan aspectos elementales como capacidad, honestidad y compromiso.
“Hubo funcionarios que les faltaron esos principios y es un asunto donde debe existir una coordinación”, e hizo énfasis en que el periodo de entrega-recepción es justo para analizar los perfiles de los funcionarios.
En el caso de los directores de las dependencias como Bienestar o Ecología, Reyes consideró necesario el dominio del territorio, así como la empatía con los ciudadanos. Ambas direcciones merecen un titular “comprometido con la gente, que conozca de los problemas primarios de la comunidad para que puedan ofrecer crecimiento”.
En este proceso de cambios, él ha tratado de establecer diálogo con el gobierno municipal y regidores, ya que el Congreso de la Unión tiene competencia para etiquetar los recursos económicos para los estados. Citó como ejemplo cuando un nuevo comandante llega a una de las 22 delegaciones de Ensenada y tarda por lo menos cuatro meses para familiarizarse con los sectores y zonas más conflictivas.
En su opinión, si lo cambian, de inmediato habrá sido “un trabajo tirado a la basura” y la comunidad es la que sufre el problema de la inseguridad, de modo que las decisiones de movilidad se deben dejar para situaciones en las que podría haber corrupción.
