El gobierno de Jaime Bonilla Valdez nuevamente cambió la Constitución, con intención de influir en las elecciones del 2021. Reformó las leyes de Baja California para poder seguir haciendo sus transmisiones “mañaneras” durante el proceso electoral.
Existe un antecedente, ya entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el mandatario estatal en un tema similar, donde la primera le prohibió al segundo emitir sus “mini informes” mensuales, que no eran otra cosa que la explotación propagandística de su imagen y acciones de gobierno, anunciada como información en beneficio de la ciudadanía.
El pasado viernes 27 de noviembre, el Congreso del Estado aprobó el dictamen 71 con 19 votos a favor y sin objeciones, donde se contemplan una serie de reformas al artículo 8 Constitucional, que plasman una serie de derechos básicos ya reconocidos en la Constitución Federal, como el recibir una justicia pronta y expedita, poder votar en consultas populares, a tener acceso a internet en espacios públicos; u otros como el elevar a rango constitucional el otorgar un apoyo económico durante la pandemia a personas y familias en condiciones desfavorecidas y afectados por las restricciones generadas por la COVID-19; e incluso brindar desayunos escolares “calientes” a niños de primaria.
Revuelto entre esta serie de derecho y apoyos, uno de los puntos contempla, el derecho de la ciudadanía de recibir información veraz y oportuna sobre las acciones del Estado “en beneficio de la población, incluyendo de manera enunciativa, pero no limitativa, el acceso a la información a la salud en el caso de emergencias sanitarias”, en este caso, a través de las transmisiones mañaneras del gobernador Jaime Bonilla, lo que también fue aprobado por los diputados.
Consultado al respecto, el abogado Rogelio Robles Dumas, explicó que los partidos no podrán interponer recursos específicos contra dicha reforma, sino hasta que el mandatario emita mensajes específicos contra algún opositor, lo cual será considerado una sanción administrativa que valorarán los órganos electorales.
Agregó que el principal problema que observa es que los derechos son en beneficio de la ciudadanía y no imposiciones, como lo están plasmando en esta reforma, pues en realidad otorga derechos a Bonilla Valdez de informar de lo que quiera, pero la ciudadanía es la que debería ejercer el derecho a la información cuando lo desee.
También consideró, que estas actuaciones, al no ser consideradas delitos electorales por su naturaleza, sino sanciones administrativas, el Fiscal de Delitos Electorales no tendrá intervención, a menos que se compruebe que utilicen recursos públicos para emitir dichos mensajes.
