Alma Arellano, secretaria del Bienestar en el Estado, anunció que se hará un censo de las personas que viven en situación de calle en el interior de la canalización del río Tijuana, con el fin de crear un centro de atención especial para ellos.
Durante la transmisión diaria de Jaime Bonilla Valdez, gobernador del Estado, la funcionaria explicó que ya se hizo un primer diagnóstico, con ayuda de los servidores de la Nación, cuyos resultados preliminares arrojaron que la mayoría son deportados, muchos tienen familias pero los bajos recursos económicos los han llevado a la indigencia y/o las drogas, no pueden conseguir empleo por falta de documentos y sufren de violencia policial.
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“Quienes somos tijuanenses, quienes hemos recorrido las calles de Tijuana, sabemos que es un problema ya viejo, es un problema arraigado. No todos habían querido entrarle a El Bordo, nosotros sí le vamos a entrar con un diagnóstico y con un programa que se divida en diferentes fases”, mencionó, aunque no especificó cuáles eran cada una de esas fases.
Sin embargo, sí se habían realizado intentos por solucionar la problemática de la zona, uno de ellos fue en 2015, bajo la administración municipal de Jorge Astiazarán Orcí, cuando hizo una limpieza de la canalización a la altura de El Chaparral, y desalojaron a las personas en situación de indigencia que vivían ahí. A quienes así lo solicitaron se les envió a su lugar de origen, otros fueron internados en centros de rehabilitación, mientras unos más se reubicaron en otras áreas de la periferia del centro.
Sin embargo no hubo un tratamiento o programa de asistencia social que le diera seguimiento a esas personas, por lo que era fácil verlas deambular en la Zona Centro, al ya no poder regresar a la canalización, que durante un tiempo, estuvo resguardada por elementos de la Policía Municipal y el Ejército Mexicano, para evitar que se instalaran de nueva cuenta en esa zona.
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ZETA documentó en 2015 el desalojo de más de 2 mil personas, ocurrido en marzo de ese año. Para ello hubo una inversión de 9 millones de pesos, donde algunos fueron puestos en albergues y alrededor de 800 aceptaron tomar rehabilitación.
Del 1 al 4 de noviembre, van 563 personas diagnosticadas, agregó Arellano, y el proyecto continuará durante 10 días más, durante los cuales se espera identificar entre 150 y 210 personas diarias.
La idea surgió después de que se hiciera una limpieza a la canalización por parte de la Secretaría de Saneamiento y Mantenimiento del Agua en el segundo trimestre del año, la cual costó 90 millones de pesos y cuando se dieron cuenta de la cantidad de personas que vivían entre el agua sucia, la maleza y las enfermedades, comentó.
En el censo de diagnóstico también participa la Subdelegación Regional de Programas Federales para el Desarrollo.
