A excepción de Tecate, los ayuntamientos de Tijuana, Ensenada, Mexicali y Rosarito, ya aprobaron en Cabildo y enviaron para revisión, aprobación y posiblemente corrección al Congreso de Baja California, sus respectivos proyectos de Leyes de Ingresos con las “adecuaciones pertinentes” para que los gobiernos municipales puedan mantener en medio de la pandemia, la “estabilidad financiera”.
Corresponderá a los diputados del Congreso revisar si los alcaldes están haciendo lo correcto para ampliar la base de contribuyentes, y sí las leyes de Ingresos propuestas, garantizan más y mejores servicios con base a finanzas sanas y sustentables.
A la sociedad le tocará analizar si son correctos los aumentos planteados por los presidentes municipales, frente a un año de contingencia sanitaria, con reducción de participaciones federales y crisis económica. Y a la vez, vigilar si los legisladores y comisiones involucrados se mantienen técnicos, o como lo ha hecho Juan Molina, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, sujetan sus dictámenes a las filias y fobias del gobernador Jaime Bonilla Valdez, con la posibilidad de afectar a los ayuntamientos encabezados por Arturo González y Zulema Adams, quienes por temas políticos, no le simpatizan.
En general, aunque los promotores aseguran que no se incrementaron impuestos, los ayuntamientos “actualizaron” los valores catastrales en zonas habitacionales o en todo el territorio municipal, lo que significa alzas en el pago de Impuesto Predial. Además, contemplaron aumentos en los ingresos por el pago de derechos. En este punto, Mexicali rechazó traer aumentos, y sus funcionarios hablaron de “ajustes para cobros proporcionales y equitativos”.
De igual manera, todos los ayuntamientos se aferraron a los millones recaudados por el Impuesto de Alumbrado Público, gravamen que el 14 de octubre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional e “inválido” para los municipios y el Estado de Baja California, al invadir “la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica”.
Como los ministros decidieron revocarlo, los munícipes resolvieron revolcarlo, renómbralo, tasarlo de otra forma para conservarlo, y ahora cobran por operación y mantenimiento del alumbrado.
Aunque no tenían el tiempo encima, con un Cabildo dividido, frente a regidores molestos porque solo les dieron 24 horas para analizar la propuesta financiera de la Ley, mientras otros ediles preguntaban como debían votar, el Cabildo de Tijuana aprobó el 10 de noviembre, con dispensa de trámite, sin pasar por la Comisión de Hacienda -que es un requisito- y por mayoría, su proyecto de recaudaciones para 2021.
Por un lado, aumentaron los valores catastrales en determinadas zonas, lo que significará incremento en el pago para algunos dueños de casa, el cual los regidores justificaron refiriendo que no se habían actualizado en los últimos cinco años. Y renombraron al Impuesto al Alumbrado Público.
En términos generales, Tijuana prevé recolectar 8 mil 343 millones 748 mil 416 pesos en 2021, mil 282 millones más que el estimado en el año en curso. Y aunque platean cobrar 5.2% menos en impuestos, de acuerdo con los números comparado con 2020, esperan obtener 238 millones pesos más en Impuesto Predial el próximo año.
Planean obtener más recursos del pago de derechos, donde estiman el aumento de los ingresos en un 53%, 387 millones más que el año que está por concluir. Y sería por los servicios que brindan las direcciones de Servicios Públicos Municipales, de Bebidas Alcohólicas, de Administración Urbana, y de Protección al Ambiente. Pero donde piensan aplicarse es en levantar autos, porque de 8 millones en 2020, propusieron aumentar a 61 millones de pesos, los cobros por almacenaje y arrastre de vehículos.
El Cabildo de Rosarito hizo lo propio el 12 de noviembre, también sin pasar la propuesta de Ley de Ingreso municipales por el análisis de la Comisión de Hacienda como ordena el reglamento interior. Se aprobó por mayoría con cuatro votos en contra y contemplan recolectar 615.1 millones de pesos (50 millones más que en 2020).
Los planes incluyen aumentar los cobros por registro de terrenos, derechos de construcción, bomberos y ecología, e incrementar en un 0.5% el Impuesto Predial para casas habitación, y aunque eliminaron algunas cuotas antes incluidas en este gravamen, será justo en este impuesto donde también agregarán el cobro del mantenimiento del alumbrado, ingreso que no están dispuestos a perder porque son más de 70 millones de pesos.
A excepción de las actas de defunción, absolutamente todos los prediales, todos los impuestos y derechos que cobra el Ayuntamiento de Ensenada aumentarán de precio, así lo revelaron los regidores inconformes con la Ley de Ingresos aprobada en la sesión extraordinaria del 14 de noviembre por el Cabildo porteño, misma que el alcalde Armando Ayala Robles justificó, refiriendo que también considera descuentos para los contribuyentes cumplidos.
Estiman recaudar mil 967 millones de pesos, un 8.6% más que este año (156 millones de pesos adicionales) y cobrarán el servicio de alumbrado público, y con el cambio de nombre -aseguró Federico Luna Serrano, director de Asuntos Jurídico-, “se elimina la parte inconstitucional que declaró la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
En Mexicali, los ingresos del próximo año se calcularon en 4 mil 297 millones 222 mil 244 pesos, 39.5 millones más que lo estimado en 2020. A pesar que aseguraron que el próximo año los mexicalenses pagarán el mismo Predial que en 2017, también advirtieron que se creará una nueva zona catastral y por primera vez cobrarán dicho impuesto al Aeropuerto Internacional “Rodolfo Sánchez Taboada”. “Se buscó que paguen quienes durante años no lo hicieron”, enfatizó ante la prensa la alcaldesa Marina del Pilar Ávila.
El Cabildo de la Capital bajacaliforniana aprobó su ley el 13 y de nuevo el 14 de noviembre, también por mayoría, frente a regidores inconformes reclamando una tabla de valores catastrales que les fue entregada con posterioridad. También “adecuaron” el Derecho al Alumbrado Público (DAP) para “obedecer” el mandato de la SCJN y cobrarán 14 pesos en lugar de 17, y recaudarán 275 millones en lugar de 285 millones de pesos.
Dependiendo el municipio, pero en general hay aumentos que son relativamente pequeños, pero muchos. Así que corresponderá a los grupos organizados de cada municipalidad analizar el impacto y apoyar o reclamar a sus diputados que hagan ajustes, de ser necesario.
