El jueves 12 de noviembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa que prohibiría la subcontratación laboral, también conocida como outsourcing, bajo el argumento de que el esquema instaurado en México desde noviembre de 2012, ha perjudicado a trabajadores y a la Hacienda pública.
La iniciativa pretende prohibir la subcontratación de personal (consistente en que una persona física o moral ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra), además de establecer reglas para que las empresas puedan contratar servicios especializados que no forman parte su objeto social ni de su actividad económica, “siempre que el contratista cuente con la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para dichos efectos”.
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Para ello, la secretaría que dirige Luisa María Alcalde Luján realizará un padrón de las empresas autorizadas, el cual estará disponible. En tanto, las agencias de colocación de personal podrán intervenir en reclutamiento, elección, entrenamiento y capacitación de los trabajadores, pero “en ningún caso, el intermediario se considerará patrón, ni podrá contratar en sustitución”.
Al presentar la iniciativa en Palacio Nacional, la funcionaria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) adelantó que se endurecerán las penas para quienes incumplan con la regulación, toda vez que habrá multas y se considerará defraudación fiscal cuando se deduzcan impuestos simulando relaciones laborales.
Quien realice subcontratación de personal, así como las personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas sin la autorización de la STPS, serán acreedoras a una multa de 2 mil a 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), esto es, de 173 mil 760 pesos a 4 millones 344 pesos, al monto de UMA diario de 2020.
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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) acusó que la propuesta será un freno adicional al crecimiento económico y podría causar un “deterioro mayor” de la crisis económica, un aumento de la informalidad y la inhibición a la creación de nuevos empleos.
Asimismo, denunció que la iniciativa que reformaría las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, del ISR y del IVA, así como el Código Fiscal de la Federación, viola el Convenio Número 144 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual garantiza que las voces de las organizaciones empleadoras y trabajadores sean escuchadas.
En un comunicado, el sindicato patronal encabezado por Gustavo de Hoyos Walther, apuntó que la iniciativa federal tiene efectos fiscales adversos y “resulta desproporcionada, ya que prohíbe la posibilidad de hacer deducibles ISR y acreditar el IVA, catalogando tales actos como defraudación fiscal”, por lo que instó al Congreso de la Unión y al Gobierno Federal a “retomar el compromiso de diálogo social que permita avanzar en una propuesta triple: proteger a los trabajadores, facilitar la recuperación de empleos perdidos y flexibilizar el mercado para dar oportunidad a la creación de nuevas fuentes de trabajo.
Ayer jueves, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que en octubre pasado, la recuperación de empleo formal en el país avanzó por tercer mes consecutivo, al registrarse 200 mil 641 puestos en el Instituto, de los cuales 44.26% (88 mil 809) es eventual y 55.73% (111 mil 832) permanente.
De agosto a septiembre de 2020 se crearon 406 mil 881 nuevos empleos, cantidad que representa 36.4% del total de puestos de trabajo que se perdieron entre marzo y julio del año en curso durante la pandemia del coronavirus (un millón 117 mil 584).
