La propuesta de reforma al sistema de pensiones -que desde finales de septiembre discute la Cámara de Diputados- es “buena” porque pretende incrementar el monto de las pensiones en México, pero presionará al mercado laboral y con ello existe el riesgo de que aumente el desempleo y la informalidad en México.
Carlos Lozano Nathal presidente de la Sociedad de Actuarios Consultores, Asociación Civil, considera que la iniciativa anunciada del 24 de julio de 2020 por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, “es buena en el sentido de que promueve pensiones mayores para los trabajadores”, al contemplar que las aportaciones totales pasen de 7.5 a 15% a lo largo de ocho años.
Sin embargo, advirtió que es limitada y tiene claroscuros como el que la carga de las aportaciones la tengan los patrones. Este cambio representa un aumento de 180% en el costo de la seguridad social para las pequeñas, medianas y grandes empresas, por lo cual algunas empresas incrementarán el costo de sus servicios y productos para solventar dicho costo. Otras más no podrán soportar el aumento en el costo de las contribuciones y prescindirán de los trabajadores, lo que seguramente aumentará el desempleo y la informalidad.
“El otro efecto es que si (las empresas) no se van a la informalidad, quebrarán francamente, y entonces no solamente producirán desempleo, sino que reducirán un poco el valor del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, este se debilitará si es que el cierre de empresas se da en forma masiva”, apuntó Lozano Nathal en entrevista con NEGOCIOZ.
Otro “oscuro” es que la reforma del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no contempla a los 36 millones de trabajadores informales que actualmente existen, a quienes “se les va a dificultar mucho” acceder a una pensión. Si bien es cierto la reforma considera una pensión universal, esta es pagada por el gobierno, de modo que “si todas estas personas en el sector informal van a caer en una pensión universal, son más de 30 millones de personas, van a presionar a las finanzas públicas”, advirtió el especialista.
Por ello, es necesario conocer los números, “el soporte” que está planteando Hacienda: “No vaya a ser que se estén haciendo números muy alegres o fatales, de tal forma que vayan a necesitar en el corto plazo, una reforma de la reforma”.
Otro aspecto importante que se está dejando de lado, son los trabajadores que no están en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y son empleados del Gobierno Federal (ISSSTE), así como de administraciones estatales y municipales como el Issstecali, entre otros 32 sistemas de seguridad social que hay en el país y corresponden a las diversas entidades federativas.
“Si sumamos los compromisos de todos los sistemas de pensiones en México a valor presente (es decir, la cantidad que necesito hoy para en el futuro pagar todas las pensiones), si sumamos todo eso, a valor presente actuario, estaríamos enfrente de una cantidad, que algunos han estimado en 150% del PIB. Es un mundo de dinero, realmente el problema de pensiones es grave”, expuso el titular de la Sociedad de Actuarios Consultores, AC.
Con la reforma de la actual administración, solo se estaría atacando lo del Seguro Social, que equivale a 60 puntos del PIB. El resto, 90 puntos del PIB, es del sector público que quedó fuera y para el cual aún no hay solución.
“Afortunadamente ahora están atendiendo esta problemática, aunque sea parcialmente, pero en sexenios anteriores ya sabían el problema, la magnitud, pero no lo atendieron, y ahora de una u otra manera se está enfrentando”, reconoció.
Ante la epidemia de coronavirus y la difícil situación económica por la que atraviesan los trabajadores, las empresas y el país, Lozano reflexionó: “¿Es el momento para hacer la reforma? Es el momento, si lo hubieran hecho hace diez años hubiera sido el momento, pero después ya no sería el momento, ya la presión sería tan grande que seguramente habría inconformidad social y de violencia, como ha pasado en otros países”.
En su opinión, la reforma al sistema de pensiones, es “como una medicina, amarga, pero necesaria”, ya que estas deben incrementarse, pues con el sistema aún vigente, los trabajadores tienen tasas de reemplazo (pensiones) del 19% de su salario. Mientras el cambio prevé que podrán tener acceso al 44%, “la OIT (Organización Internacional del Trabajo) recomienda que sea de al menos 45%”, refirió el entrevistado.
Otro “claro” es que más personas podrán tener acceso a una pensión al reducirse el requisito de semanas cotizadas, al pasar de mil 250 a 750 semanas cotizadas. Esto ayudaría a aliviar la presión fiscal del Estado mexicano.
Carlos Lozano Nathal se manifestó a favor de que el gobierno impulse los planes privados de pensiones, y para ello sería plausible una reforma fiscal que proporcione incentivos a empresas y trabajadores que hagan esos ahorros. Ejemplificó que si en vez de que haya alrededor de 2 mil planes privados de pensiones registrados en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), hubiera 300 mil de empresas pequeñas, medianas y grandes, se tendría un ahorro de 75 mil millones de pesos al año.
“Estimular los planes privados con una política fiscal donde se logre el 100% de la deducción, sería crear un ahorro equivalente a otro Sistema de Ahorro para el Retiro, pero si no se actúa en una reforma fiscal que estimule las pensiones, va a ser más difícil”, afirmó, ya que la economía ha sido incapaz de ofrecer el empleo y los salarios que requiere el país. “Ahora con la pandemia se nos están acabando las posibilidades, con esta economía, de generar más rápido los empleos. Entonces estamos en una posición delicada”, puntualizó Lozano Nathal.
