En temas de revocación de mandato, violencia política de género y seguro de desempleo, la fracción de Morena se ha visto productiva en el Congreso del Estado, sin embargo, detrás de esas propuestas esgrimidas como propias, existen planteamientos formulados desde otros flancos, los cuales figuran como versiones originales. Representante partidista acusa omisión de crédito, en tanto que diputado del PRI lo considera “copia fiel”
El 9 de agosto, en el poblado de San Felipe, Baja California, el gobernador Jaime Bonilla Valdez mencionó que la actual Legislatura, en la que Morena constituye mayoría, se distingue como la más productiva de las que se han instaurado a nivel local, al mantener una labor incesante.
“Este gobierno no habría alcanzado los cambios en la Legislatura si no hubiera sido por la disposición de que para mí es el gobierno que más ha trabajado de la mano con el Congreso, y el Congreso que ha trabajado más en la historia del Estado y yo soy de aquí, no vengo de ninguna otra parte, lo he visto”, manifestó el mandatario.
Ese reconocimiento al desempeño de los diputados locales se dio luego que el 28 de julio, el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, enviara al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Julio César Vázquez Castillo, una iniciativa de decreto en materia de revocación popular de mandato, signada por el mandatario estatal y por el propio suscrito.
La propuesta, que obtuvo sello de recibido en Oficialía de Partes de la XXIII Legislatura, está encaminada a adicionar un fragmento al Artículo 5 de la Constitución Política de Baja California, con el que queda establecido que además del método tradicional de elecciones, “el procedimiento de Revocación Popular de Mandato” aplique para renovar “los poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos”.
Igualmente contempla la adición del Artículo 12 BIS, con el que quedarían definidos el mecanismo y los requerimientos para retirar de su cargo al gobernador o a los diputados locales.
Tanto la definición del procedimiento como 9 de las 10 estipulaciones contempladas en calidad de requisitos resultan ser extractos modificados de una iniciativa de reforma presentada el 9 de julio de 2012 por Jaime Fernando Cárdenas Gracia, quien para entonces se desempeñaba como diputado de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, dentro de la bancada del Partido del Trabajo.
David Ruvalcaba Flores.
Incluso la exposición de motivos de la que Bonilla Valdez y Rodríguez Lozano se valieron para presentar su propuesta, en términos de estructura es exactamente la misma que la empleada por Cárdenas Gracia y por lo que a contenido respecta, ambos funcionarios apenas realizaron escasas y nimias adaptaciones.
A propósito de semejante apropiación, el representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), Salvador Miguel de Loera Guardado, hizo la respectiva observación, tal como ZETA dio cuenta en su edición del 7 al 13 de agosto.
Sin embargo, existen otros casos que reflejan una tendencia similar, consistente en retomar propuestas ajenas y en la cual han incurrido algunos legisladores locales, quienes integran un Congreso que mereció el reconocimiento del gobernador en vista de que a su modo de ver, “ha estado trabajando sin descansar”.
Se trata de una iniciativa de reforma y un punto de acuerdo. En el primer caso, el planteamiento apuntó a reformar “diversos ordenamientos” en cuestión de violencia política en contra de la mujer por razón de género, paridad electoral y lenguaje incluyente.
El tema fue impulsado por las ocho diputadas de Morena en conjunto con la del Partido del Trabajo, Claudia Josefina Agatón Muñiz; en calidad de propuesta, derivó de una iniciativa en materia político-electoral turnada al Congreso local por el presidente provisional del IEEBC, Jorge Alberto Aranda Miranda, el 15 de junio.
En el otro caso, la coincidencia fue con un punto de acuerdo puesto a consideración para hacer uso del Seguro del Desempleo contemplado en la Ley de Protección al Empleo para el Estado, ante la pérdida de trabajos ocasionada a raíz de la propagación del coronavirus.
Originalmente el tema fue planteado por el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), David Ruvalcaba Flores, con lo cual no consiguió que el seguro se habilitara; días después, la diputada Rosina del Villar Casas también propuso habilitarlo, valiéndose de argumentos similares a los del legislador priista, aunque sin manejar el planteamiento de este como antecedente.
VIOLENCIA POLÍTICA
La iniciativa referente a la violencia política contra la mujer en razón de género, paridad electoral y lenguaje incluyente, fue presentada por las diputadas de Morena: Julia Andrea González Quiroz, Montserrat Caballero Ramírez, Miriam Elizabeth Cano Núñez, Rosina del Villar Casas, Araceli Geraldo Núñez, Carmen Leticia Hernández Carmona, Eva Gricelda Rodríguez y María Luisa Villalobos Ávila; en conjunto con Claudia Josefina Agatón Muñiz, del PT.
Se elaboró con la finalidad de armonizar normas locales con las reformas nacionales publicadas el 13 de abril en el Diario Oficial de la Federación, consistentes en “establecer procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia”.
A decir del representante de Movimiento Ciudadano ante el IEEBC, Salvador de Loera, quien se pronunció al respecto en sesión del Consejo General del órgano electoral, las enmiendas impulsadas por las nueve diputadas constituyeron un plagio consumado a partir de las iniciativas elaboradas por el Instituto y turnadas al Congreso por el presidente provisional Jorge Alberto Aranda.
Consultado por ZETA al respecto, De Loera Guardado exclamó que “más de 80%” del proyecto de Morena y fuerzas aliadas (en lo correspondiente a violencia política y paridad) fue “retomado de las iniciativas de reforma constitucional y legal que presentó el IEEBC”.
En el texto signado por las diputadas bajacalifornianas, se menciona que fueron tomados en cuenta “los argumentos vertidos por el Consejo Estatal Electoral”, toda vez de que sus integrantes “están legitimados en base a su experiencia en la organización del pasado Proceso Electoral Local 2018-2019”.
No obstante, De Loera refirió a este medio que debieron dar crédito a la institución en carácter de “inicialista” y que la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXIII Legislatura desechó las iniciativas del Instituto referentes a violencia política, paridad y lenguaje incluyente, bajo el argumento de que ese tema ya estaba resuelto con la aprobación de la iniciativa de las diputadas.
“Como ya se había aprobado lo de las diputadas de Morena, desecharon las (propuestas) del Instituto”, enunció.
El planteamiento de las legisladoras consistió en reformar la Constitución Política de Baja California, en aras de que los partidos políticos respeten el principio de paridad de género en el marco de definición de sus candidaturas y de que “las personas condenadas por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género no puedan ser electas para ocupar diputaciones, gubernatura, como tampoco cargos en los Ayuntamientos”.
Otros ajustes, en este caso a la Ley Electoral del Estado, refieren que esta normativa debe hacer prevalecer la paridad de género en el ejercicio de la función pública electoral, así como en el seno de los derechos políticos electorales.
En este sentido, también se propuso que la propaganda esté exenta de expresiones que constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta última categoría quedó definida como “toda acción u omisión incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar o anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres”.
Se definió quiénes pueden incurrir en tales conductas, a saber: agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes de partidos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos o representantes partidistas, medios de comunicación, comunicadores y particulares.
Salvador Miguel de Loera Guardado.
La violencia política en cuestión quedó estipulada como infracción a la Ley Electoral del Estado.
En el caso de los partidos políticos, por incurrir en semejante falta se estableció cancelar su registro como institutos políticos, y tratándose de aspirantes o precandidatos, anular su derecho a ser inscritos como contendientes.
En lo referente a la misma normatividad, se planteó cambiar los términos de diputados y gobernador por los de diputaciones y gubernatura, en el ánimo de manejar un lenguaje incluyente.
En cuanto a la Ley de Partidos Políticos, la propuesta tuvo que ver con garantizar “en igualdad de condiciones la participación de hombres y mujeres” en los órganos de dirección, espacios y toma de decisiones partidistas; procurar o asegurar que la mujeres ejerzan sus derechos políticos en un ambiente libre de violencia política, y en caso de que alguien falte a esa premisa, aplicarle sanción, entre otras medidas como el desarrollo de programas de educación cívica, paridad de género y derechos de las mujeres en el ámbito político y electoral.
De acuerdo con el representante de Movimiento Ciudadano de 18 artículos de la reforma constitucional, “ocho se retoman del IEEBC”; en el caso de la Ley Electoral, 34 de 37 procedieron de la propuesta original, y de 18 contemplados en la Ley de Partidos Políticos, ocho redundaron en apropiación.
En lo concerniente a una de las legisladoras en particular, “de la iniciativa en materia electoral que presenta la diputada de Morena, Miriam Cano, prácticamente los seis artículos que integran su iniciativa de Ley coinciden con la iniciativa presentada por el IEEBC”, argumentó el entrevistado.
COPIA FIEL
En sesión del 1 de julio, el diputado priista David Ruvalcaba Flores puso a consideración del pleno de la XXIII Legislatura un punto de acuerdo para exhortar al gobernador de Baja California a que “de manera inmediata” instruyera al secretario de Trabajo y Previsión Social, Sergio Moctezuma Martínez López, emitir la convocatoria sobre el Seguro del Desempleo, contemplado en la Ley de Protección al Empleo del Estado de Baja California, ello ante las afectaciones a la economía por la crisis sanitaria del coronavirus.
Ruvalcaba argumentó que el propio Bonilla Valdez había dado cifras de que por efectos de la pandemia por COVID-19 se habían perdido más de 12 mil plazas de trabajo en Tijuana y alrededor de 10 mil en Mexicali.
La propuesta proveniente del diputado único del PRI fue a parar a manos de la Comisión de Hacienda, para efectos de ser dictaminada.
Cerca de dos semanas después, la diputada Rosina del Villar Casas, para entonces presidenta de la consabida comisión, retomó el planteamiento y propuso al director de Procesos Parlamentarios, Rodolfo Adame Alba, incluir en el Orden del Día del 15 de julio un nuevo punto de acuerdo, con el fin de que Bonilla diera cumplimento a la Ley referente al Seguro del Desempleo.
La legisladora del partido en el poder arguyó que en BC se habían perdido 30 mil empleos formales a causa del brote viral y que la cantidad podría aumentar a 71 mil.
Ruvalcaba se mostró inconforme con el hecho de que ella hubiera retomado la idea y, observó, tuvo que recordarles a los legisladores de Morena la existencia de ese mecanismo para que se interesaran en aplicarlo.
En reunión de trabajo de la Junta de Coordinación Política, en la cual se integró el Orden del Día para el 15 de julio y en la que participó el legislador del PRI, el punto de acuerdo impulsado por Del Villar quedó descartado como asunto a tratar, aunque a decir del propio Ruvalcaba Flores, posteriormente se remitió a la Comisión de Hacienda.
Sobre el consabido seguro, el ex dirigente estatal del PRI sostuvo a pregunta expresa que se trata de 35 millones de pesos autorizados, y a propósito reflexionó: “Es poca, pero es una cantidad, podríamos empezar con los trabajadores que perciben salario mínimo”.
Finalmente, con todo y haber considerado que Del Villar había hecho “copia fiel” de su planteamiento, estimó que cuando menos ello debería servir para que la fracción de Morena la respalde, con tal de que el Congreso proceda “en congruencia” con las necesidades de la población.
“Es una asignatura pendiente con los trabajadores, espero que en virtud de que se sumó la compañera del partido mayoritario, la respalden sus compañeros de su partido”, remató David Ruvalcaba Flores.
