El 24 de febrero de 2020, la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) informó que por el delito de violencia familiar y robo, detuvo a Santiago “N” en Tecate. Lo buscaban desde agosto de 2019, siete meses atrás.
Alrededor de las 08:00 horas del 4 de agosto en Ensenada, se recibió una llamada en la Policía Municipal, ya que en el fraccionamiento Villas del Prado II, una mujer era golpeada en vía pública.
Una vez que arribaron los uniformados, Leopoldo “N”, de 19 años, salió con su hijo de 2 años en brazos. El hombre dijo haber tenido un malentendido con su pareja, que ella estaba bien, pero se negaba a salir, y al darse cuenta que los agentes no se retirarían hasta ver a la mujer, permitió salir a la muchacha que tenía un golpe en el ojo izquierdo y “estaba muy asustada”.
El 12 de octubre, un Juez de Control en Tecate concedió una orden de aprehensión por lesiones y violencia intrafamiliar en contra de Miguel Ángel “N”. En abril de 2020 había agredido físicamente a su esposa, quien le otorgó el perdón, entonces la autoridad emitió la suspensión provisional del proceso por el lapso de un año, bajo la condición de no ejercer acto de molestia en contra de la víctima y someterse a tratamiento psicológico encaminado a rehabilitación. Pero en el mes en curso, el hombre le hizo una escena de celos y de nuevo la golpeó.
Estos son apenas tres ejemplos de los más de 6 mil 500 casos de violencia intrafamiliar denunciados en Baja California entre el 1 de noviembre de 2019 y el 10 de octubre de 2020.
El número de mujeres golpeadas en cara y cuerpo, arrastradas hasta arrancarles los cabellos, aumentó a raíz del encierro y el desempleo generado por la pandemia de COVID-19. Entre un 100 y un 400%, dependiendo el municipio, de acuerdo con informes de la Fiscalía General del Estado y de DIF Estatal.
Algunos casos son más infortunados, como el de Genebit Livier Godínez Castañeda, de 20 años, asesinada en Mexicali el 31 de julio en la colonia Insurgentes. Su ex novio, Daniel Alejandro, fue detenido como presunto homicida.
Pese al evidente abuso de fuerza, la mayoría de los casos de mujeres asesinadas ni siquiera son abordados como feminicidios. Baja California contabilizó 2 mil 207 asesinatos en los primeros nueve meses de 2020, y solo consignó 28 feminicidios
El de Genebit fue repentino, pero la atención ineficiente de la problemática en materia de prevención, formación y judicial, frente la ausencia de leyes y políticas que combatan el problema de fondo, algunas mujeres que empiezan su jornada de denuncias en la estadística de violencia familiar, no reciben el apoyo necesario y terminan siendo parte de la incidencia de homicidios.
Así se empiezan a sumar muertes como la de Lucero Rubí Ojeda Huerta, asesinada el 25 de septiembre por su ex pareja, Pedro Martínez Castro, quien ingresó al centro de salud de la delegación Vicente Guerrero en Ensenada, donde ella trabajaba. Le disparó, después se atrincheró y se suicidó. Rubí lo había denunciado en cuatro ocasiones, la última el 10 de septiembre, dos por lesiones agravadas y dos por privación ilegal de la libertad.
Un caso similar reporta en esta edición el compañero Marco Antonio Flores, también en Ensenada: Lizette le teme a su ex marido David, de quien se separó desde noviembre de 2018. Denunció agresiones, intento de violación, amenazas de quitarle a sus hijos, y en un año, lo único que ha obtenido son dos órdenes de restricción y una ampliación de la última, las cuales son violentadas de manera permanente por el agresor sin que la autoridad haga nada.
Pese a que existe una Ley que obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a coordinarse para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y garantizarles seguridad, en la vida real, el modus operandi de la autoridad es repetitivo y disfuncional.
Por un lado, mujeres golpeadas que no pueden salir de ese círculo vicioso, que no son detectadas, guiadas o atendidas. Y por otro, las que superan el miedo y se atreven a denunciar al agresor y se topan con el Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal (SEJAP) que busca conciliar, a pesar de que es un delito que se persigue de oficio.
Cuando el SEJAP tiene la capacidad y sensibilidad para identificar los casos de riesgo, los canalizan a la Fiscalía de Género, y después lo que usualmente obtienen las víctimas, son órdenes de restricción que para los agresores son como papel sanitario. Seguidas de llamadas al número de emergencia 911 para reportar la violación de esas órdenes, que no son atendidas en tiempo y forma, y en ocasiones son ignoradas en medio de la carga de trabajo policiaco.
La última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), que data de 2016 y estuvo a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que en México, el 66.1% de las mujeres había sido violentada en algún momento de su vida: 34% habían recibido violencia física; 41% violencia sexual; 24% violencia económica; y 49% violencia emocional.
En Baja California, como en el resto del país, las mujeres violentadas, las que se callan y las que denuncian, están siendo asesinadas. Las órdenes de restricción, los tratamientos psicológicos y las suspensiones del proceso, incluso los refugios donde les permiten permanecer protegidas de cuatro a cinco días y las leyes existentes, están mostrando ser mecanismos insuficientes.
De entrada, valdría empezar con el hecho de que las fiscalías sean capaces de reconocer la problemática, en lugar de evadir la responsabilidad a través de la conciliación. Que el Ministerio Público asuma como le corresponde la defensa de la víctima por oficio, más allá de los perdones, e investigue a fondo las violencias y agresiones, en lugar de recurrir a los arreglos. Y también establecer un sistema que permita dar seguimiento y reducir los tiempos de respuesta a las llamadas de violencia intrafamiliar.
Cuatro denuncias de violencia familiar o expedientes abiertos durante un año y sin consecuencias judiciales, son claras evidencias del abandono de las víctimas, que el sistema está fallando y que es urgente que las autoridades, los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, innoven, propongan… y se pongan a trabajar.
