Tal frase la dijo en su exposición el ministro Javier Laynez el 1 de octubre, cuando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deliberaron sobre la constitucionalidad de la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador para consultar a la población mexicana sobre juzgar o no a los cinco ex presidentes de la República inmediatos anteriores: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Esto a pesar que en innumerables ocasiones, López Obrador ha manifestado no estar de acuerdo en que los ex mandatarios sean juzgados. Pero el Presidente y Morena están en campaña hacia 2021 y necesitan de némesis para retener el triunfo en la Cámara de Diputados, y así ganar la mayoría de las quince gubernaturas en juego.
Juzgar a los ex presidentes y castigar la corrupción, fueron dos premisas que en las campañas a la presidencia de López Obrador le dieron resultado para la captación de votos, particularmente -claro está- la de 2018, la misma que ganó con la histórica suma de más de 30 millones de sufragios a su favor.
En el pasado, AMLO luchaba contra el sistema, contra los corruptos, contra la impunidad. Los señalaba todos los días. Lo hizo con Calderón, a quien acusó de haberle robado la elección, y también con Peña, señalándolo de ser el más corrupto de la historia. Y le funcionó. Por eso, cuando tomó posesión, muchos de sus seguidores ya veían a Peña en la cárcel. Pero nada sucedió. De hecho el priista es el ex Presidente menos atacado por López Obrador.
En realidad para juzgar -bueno, para investigar- a los ex presidentes, no es necesario que López Obrador realice una consulta. Bastaría con que, si él que encabeza ahora la Presidencia de la República, encuentre las irregularidades cometidas desde esa posición por los ex mandatarios, su Secretaría de la Función Pública o su Secretaría de Hacienda, presentaran una denuncia ante la Fiscalía General de la República, y esta, a través del Ministerio Público, está obligada a investigar en su momento y, de existir los elementos, ejercer la acción penal.
Pero no, el Presidente no ha presentado ante la FGR ninguna denuncia contra alguno de los ex mandatarios. Sí los ha acusado públicamente, a Salinas de neoliberal, a Zedillo de continuar con esa política y las privatizaciones, a Fox de meter mano a la elección de 2006 en la cual resultó ganador Calderón, a este de las muertes en la guerra contra las drogas y a Peña de corrupto… a veces, ya no tanto.
En esas condiciones, como que hace falta materia para investigarlos, procesarlos, juzgarlos y sentenciarlos. Pero al Ejecutivo federal -ya lo conocemos- lo que le funciona es la arenga pública, el mensaje que llega a las masas, las promesas de acabar con la corrupción y la impunidad, aunque en dos años de gobierno no haya logrado ni presentado denuncia alguna contra los cinco ex presidentes.
Ahora, con la venia de la Suprema Corte, AMLO se embarcará en una campaña mediática -y costosa, además- para llamar a la población a votar en la consulta para ver si se investiga o no a los expresidentes. El caso, para mayor precisión política, lo envió a la Corte para recibir el respaldo.
Luis María Aguilar, ministro encargado del proyecto, concluyó que consultar a la población sobre si impartir o no justicia a los ex presidentes era inconstitucional. De hecho utilizó una robusta frase para definir la propuesta del Presidente: “Se trata de un concierto de inconstitucionalidades”. Y elaboró: era inconstitucional porque afectaba los derechos humanos de los directamente referidos, además, porque abre la posibilidad de que no se investigue a una persona, y si cometió un delito, se iría impune.
Además, se afectaba la presunción de inocencia y el debido proceso, al señalarlos directamente y someterlos a un escrutinio público.
Reiteró Aguilar que aquella obligación del Ministerio Público de investigar la comisión de delitos, se vería interrumpida porque esa instancia no ejercería su facultad como es, sino que una consulta definiría si lo hacía o no, lo cual afecta la autonomía de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías en general.
Afectaba también el concepto de igualdad que se aplica en las normas jurídicas, pues la consulta es para determinar si de manera exclusiva si investiga a ciertas personas y a otras no. No se puede, resolvió, consultar si se aplica la Ley.
En su tesis le respaldaron otros ministros, cuatro: Javier Laynez, con la frase ya referida en la cabeza de este escrito. Fernando Franco, Jorge Pardo y Norma Piña, quien entre otras reflexiones, citó: “No se puede consultar si el Estado debe cumplir o no con el mandato de procurar justicia a quien le corresponde hacerlo según la Constitución”.
Pero seis ministros apoyaron la idea del Presidente, de someter a consideración de la población si se investiga o no a los ex presidentes, dejando abierta la puerta a que también se les favorezca con la impunidad, si cometieron un delito, pero la sociedad decide que no es tiempo de juzgarlos.
Después de la aprobación de la constitucionalidad de la consulta de López Obrador, los ministros propusieron una nueva estructura de la pregunta a la sociedad, planteándola de la siguiente forma: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?.
Eliminaron la palabra presidentes y los nombres de los mismos, inmiscuyendo a otros “actores políticos” que tomaron decisiones, como ex secretarios de Estado y funcionarios en general de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, pues la única delimitación es “en los años pasados”.
Y una vez más, confirman que se va a consultar si el Ministerio Público investiga o no, lo cual tiene por obligación hacerlo cuando tenga conocimiento de un delito o denuncia al respecto.
Absurdo preguntar si una institución debe hacer lo que está obligada a hacer. Además, que esa institución y el Gobierno de México son encabezados por personas que se supone, no tienen intereses en el pasado, como sí en el combate a la corrupción.
Ojalá esto no escale. Ojala en el futuro no se someta a consulta pública lo que ya está escrito en la Ley o que se llegue a lo que ejemplificó el Ministro Laynez:
“Me parece que esta violación se da para cualquier mexicana o mexicano, hablemos primero de los derechos de las víctimas y de los ofendidos, ¿podemos siquiera imaginar una consulta sobre si se debe investigar y perseguir a los presuntos inculpados en el caso Ayotzinapa? ¿En el caso de la Guardería ABC? Pensemos igualmente cuál sería el sentir de las víctimas de un delito sexual, de un delito de violencia intrafamiliar o de un simple robo, o de los delitos de corrupción. Si previamente se preguntara a los ciudadanos si se deben perseguir o no tales conductas, y aquí con efectos vinculatorios o no, esto no se hace; en segundo lugar, el derecho de igualdad, si partimos de la obligación constitucional del actuar o de abstenerse de actuar cuando no hay elementos, ¿por qué entonces se consulta a los ciudadanos en unos caso sí y en otros no?”.
¿Cómo la ve Usted?
