Antes de las cuatro de la tarde del miércoles 21 de octubre, elementos de la Fiscalía General del Estado de Baja California se presentaron en las oficinas de la Presidencia Municipal de Tecate con la finalidad de hacer efectiva una orden de arresto en contra de la alcaldesa Zulema Adams Pereyra, por desacato a una orden judicial federal, en relación a la carpeta 0203-2019-04066.
Elementos de la Guardia Estatal de seguridad e Investigación (GESI) adjuntos a la FGE recibieron la instrucción de ejecutar una orden de arresto dictada por el juez Manuel Castro Valenzuela.
Como parte del operativo para localizar a la alcaldesa “los elementos de la fiscalía decidieron cerrar las calles alrededor de edificio municipal, y cerraron la entrada a las instalaciones para controlar y supervisar la salida de todos y cada uno de los empleados. Además mandaron a catear la casa de la presidente municipal para buscarla y ejecutar la orden”.
La orden de arresto informaron los agentes de la FGE es por una deuda que tiene el ayuntamiento de Tecate con la empresa de venta de gasolina Gasmart que data del año 2009, cuando era alcalde el panista Donaldo Peñalosa.
La empresa inició un litigio, en 2011 y los jueces sentenciaron al Ayuntamiento a pagar 4.1 millones, pero los alcaldes Javier Urbalejo, César Moreno y Nereida Fuentes continuaron evitando el pago y litigando. Hasta julio de 2019 cuando la última sentencia determinó que la deuda había aumentado a 6.05 millones de pesos.
Adams Pereyra tomó protesta el primero de octubre de 2019 y el día 30 del mismo mes, el juez de primera instancia en Tecate José Manuel Castro Valenzuela, presentó, por el impago, la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de Tecate.
“Cuando llegamos, a los tres o cuatro días la sentencia ya estaba en la última instancia”, detalló la alcaldesa en entrevista con ZETA la primera semana de julio del 2020, al detallar los embates financieros y jurídicos que estaba recibiendo de parte del Gobierno de Jaime Bonilla, y su secretario General, Amador Rodríguez Lozano, por no apoyar las reformas electorales propuestas por su administración, particularmente por no votar a favor de la Ley Gandalla, que permite a los alcaldes, regidores y diputados hacer campaña sin retirarse del cargo.
“La empresa quiere que le paguen los 6 millones en una sola exhibición, pero el Ayuntamiento no puede y ofreció entregar 200 mil pesos mensuales. Los primeros 600 se depositaron en Juzgado, y cuando cerraron, el dinero de siguió separando y actualmente hay un cheque de caja a favor de la gasolinera por 800 mil pesos en el Ayuntamiento, “y están a punto de salir otros 200 mil pesos, pero no hemos llegado a un acuerdo con las parcialidades, les ofrecimos tierra y tampoco quieren, y no podemos pagar 6 millones en una sola exhibición”, insistió Adams.
Como parte del proceso, a sugerencia del departamento jurídico de Tecate, la alcaldesa tramitó un amparo, y la deuda se ha estado pagando en parcialidades ante un juzgado. Estos serán parte de los argumentos que el Dirección Jurídica del XXIII ayuntamiento expondrá, en una conferencia de prensa que realizarán en el transcurso de la tarde de este miércoles, desde el edificio del gobierno municipal.
De acuerdo a información previa, en este expediente también podrían dictarse órdenes de aprehensión en contra Nereida Fuentes González, así como los síndicos y tesoreros de los dos últimos ayuntamientos tecatenses.
