El Hospital General de Tijuana fue noticia otra vez esta semana. Entre el viernes 23 y el lunes 26 de octubre el edificio no tuvo energía eléctrica. Los apagones se presentaron durante horas cada día y la planta de luz que tienen para este tipo de emergencias, no fue suficiente para abastecer de energía a todo el hospital. De hecho, únicamente enciende para las áreas críticas.
Ese hospital fue convertido para tratar exclusivamente la COVID-19 desde el inicio de la pandemia en el primer cuatrimestre de este año. De hecho, se dedicó de manera exclusiva para pacientes con el nuevo coronavirus, en un acto de rebeldía de la dirección del hospital, pues junto con los médicos, se negaron a seguir recibiendo pacientes con otros cuadros médicos, no solo porque no podían atenderlos ante la emergencia sanitaria, sino porque el lugar significaba un foco de infección para aquellos pacientes que llegaran con afectaciones al corazón, o baleados, pues hasta antes de la emergencia de salud mundial el Hospital General de Tijuana atendía a los heridos por arma de fuego que semana a semana se cuentan por decenas.
Ya de suyo las condiciones del hospital no eran las adecuadas para tratamiento alguno. Unos meses antes los médicos se habían manifestado en las afueras del nosocomio porque tenían desabasto de medicamentos, no les proveían de los más esenciales insumos para la atención inmediata de los enfermos. Aparte, de tres elevadores dos no funcionaban y uno lo hacía en una eficiencia menor a la óptima. Por falta de equipamiento se habían cerrado varios pisos del hospital, y el aire acondicionado fallaba.
Ninguna de estos desperfectos se subsanó cuando el hospital fue convertido a COVID-19. Las condiciones con la urgencia de atender a los pacientes contagiados mermaron. A eso se sumó la falta de medicamentos, particularmente uno, el Midazolam, necesario para sedar a los pacientes que están intubados.
Muchos familiares de pacientes COVID-19 internados en el Hospital General de Tijuana han tenido que surtir las recetas para la atención de sus enfermos, de su bolsa han pagado y así lo hemos documentado en el semanario Zeta con testimoniales, hasta 28 mil pesos por medicamentos. En un momento, el Gobernador Jaime Bonilla encaró al Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, quien suele negar todas las denuncias que los médicos y enfermeras realizan sobre las carencias y lo que sucede tras las paredes del General, y se comprometió a reembolsar lo gastado a los familiares. Pero eso no sucedió.
Hace unos días, el apagón en el hospital tuvo consecuencias fatales. Por lo menos dos pacientes fallecieron cuando el ventilador al que estaban conectados dejó de funcionar luego que se fue la energía eléctrica y pasaron horas para recuperar el servicio. Otros tres contagiados, que fueron trasladados a áreas dónde sí funcionaba la planta de luz, también fallecieron posteriormente.
El apagón en si no fue responsabilidad del Gobierno del estado, se debió, de acuerdo a lo comentado por funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, a la dirección del hospital, al robo de cable de una subestación que abastece de energía al nosocomio. Es común que adictos y ladrones roben los cables de cobre para venderlos a recicladoras. Eso sucedió en días pasados en Tijuana y el flagelo de la delincuencia dejó cinco muertos en el hospital.
Sin embargo, sí es responsabilidad del Estado mantener las instalaciones hospitalarios en óptimas condiciones, con los elevadores funcionando, el aire acondicionado en funcionamiento, y las plantas de luz necesarias para, en dado caso, proveer de energía al edificio y evitar fatalidades por negligencia.
Sin embargo, el Gobierno estatal que encabeza Jaime Bonilla niega las denuncias de quienes ahí trabajan. En primera instancia el Secretario de Salud dijo que no había muertos resultado de los apagones, los cuáles también minimizó y solo ubicó en un día y no en tres como lo reportado por los médicos. Según él, los elementos de la CFE actuaron con rapidez y solucionaron el problema.
Nada más alejado de la realidad que viven médicos y enfermeras. Uno de ellos confió que el lunes 26 de octubre, cuando llegaron a labores, aún había cuerpos de los fallecidos a consecuencia del apagón porque los elevadores no funcionaron para poder trasladarlos. De hecho, durante esos tres días críticos, el personal del hospital tuvo de hacer lo imposible para llevar alimentos, agua, medicamentos y atención a los pacientes, pues hay áreas de mucha oscuridad donde pacientes son atendidos. Además que, debido a la falla eléctrica, se descompuso el gasómetro y el laboratorio no pudo funcionar de manera adecuada para procesar los análisis, lo mismo que los aparatos de rayos x, que tampoco estuvieron funcionando.
Los familiares de los pacientes que padecieron las ineficiencias por la falta de energía eléctrica no pudieron darse cuenta de la gravedad del problema porque tienen prohibido ingresar al hospital. Ellos llegan a la entrada principal, donde son recibidos por enfermeras quienes les actualizan sobre el estado de salud de su enfermo, ahí mismo dejan medicamentos, cartas e insumos que requieren sus familiares para ser atendidos. Del filtro de seguridad en la parte baja de la escalinata para ascender a la primera planta del hospital, no pasan.
El Gobernador Jaime Bonilla Valdez ordenó al Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, a que por lo menos comprara una planta de luz alterna para poder dar el servicio cuando, de nueva cuenta, se roben el cable de la subestación, pues no es la primera ocasión que sucede, pero sí la que ha registrado más problemas y fatalidades. El Secretario, por su parte, dijo que a raíz de la publicación de los hechos en el Semanario Zeta, donde por cierto se le entrevistó a él, al director del hospital y a los médicos que denunciaron pero que prefirieron el anonimato, debían iniciar una carpeta de investigación, pero vaya, entre ellos, así que el resultado no se avizora independiente, sino apegado a la versión oficial, la misma que niega los decesos que pudieron evitarse, las malas condiciones en las que trabajan los médicos, y la carencia de insumos y medicamentos para los enfermos.
Sin embargo, como muchos otros hospitales del sector salud en México, el General de Tijuana ya estaba en malas condiciones previo a la pandemia. La falta de atención, de mantenimiento, lo ha convertido en un hospital mortífero al que muchos acuden porque no tienen otra opción, y otros tantos evaden por temor enfermar o fallecer.
Mientras, Jaime Bonilla sigue recaudando fondos con sus nuevos impuestos, con las auditorías a las conexiones de agua, recurso que evidentemente no es invertido en el precario Hospital General de Tijuana. Queda claro que, en Baja California, el Gobierno estatal de la 4T recibió un hospital abandonado, de tercer mundo, y lo dejará de quinta al término del bienio.
