El próximo 30 de octubre, Alfonso Durazo dejará la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República. Se irá, como se anticipó desde su llega al Gobierno federal, a encabezar la candidatura de Morena al Gobierno de Sonora, su natal estado.
Durazo es el único civil en las áreas policiacas y de investigación del Gobierno Federal. Su área de acción ha estado acuerpada por los titulares de las Fuerzas Armadas, el General Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, y por el Almirante José Ojeda, Secretario de Marina.
Un cuarto e importante mando lo es el Comandante de la Guardia Nacional (y por tanto de lo que fue la Policía Federal), para lo cual y aun siendo una posición subalterna al Secretario de Seguridad, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, designó en 2019 al General de Brigada Luis Rodríguez Bucio.
López Obrador tendrá la facultad de nombrar a un nuevo Secretario de Seguridad en los días siguientes, y con ello la disyuntiva de militarizar definitivamente esa área, siempre asignada a civiles, o continuar con la línea de designar un mando civil. Cercanos al Presidente no están tan confiados que así será. Especialmente considerando la confianza plena que el Ejecutivo Nacional le tiene a las Fuerzas Armadas, a quienes ha extendido sus facultades a sectores de la construcción, la administración aeroportuaria, el control de los puertos marítimos y la estrategia de seguridad nacional.
No hace mucho tiempo quienes ahora encabezan el cuadro de honor de la Secretaría de la Defensa Nacional participaron de la labor de Cienfuegos, a quien sirvieron como subordinados encabezando distintas regiones militares en el país, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
No significa, por supuesto, que quienes laboraron con Cienfuegos deban necesariamente estar inmiscuidos en las actividades ilícitas de las cuáles hoy se le acusa en los Estados Unidos, y por las que se le ha iniciado un juicio donde el martes 20 de octubre le negaron la libertad bajo fianza a razón de 750 mil dólares como lo habían solicitado sus abogados, pues el juez consideró que no solo que los contactos en México del extitular de la Sedena incrementaban el riesgo de una fuga por parte del militar, sino que los delitos de los cuáles se le señala son considerados graves.
A saber, son cuatro cargos los que se le imputan al acusado en la Unión Americana: cargo uno, conspiración para la manufactura y distribución internacional de heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana, entre 2015 y 2017. Cargo dos, conspiración para la importación de heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana. Cargo tres, conspiración para la distribución de heroína, cocaína, metanfetamina, y mariguana. Cargo cuatro, conspiración para lavar el producto obtenido de los narcóticos.
En México el General Cienfuegos no es investigado, como tampoco están siendo indagados quienes participaron con él en la estrategia de seguridad y defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, tiempo en el que por lo menos durante dos años, entre el 2015 y el 2017, las autoridades norteamericanas lo señalan de haber servido al cártel de los Beltrán Leyva, cuando “a sabiendas y de manera intencional conspiró para manufacturar y distribuir una o más sustancias controladas, pretendiendo, sabiendo y teniendo causas razonables para creer que tales sustancias serían ilícitamente importadas a los Estados Unidos desde un lugar afuera del mismo, ofensa que involucra: una sustancia que contiene heroína, una sustancia que contiene cocaína, una sustancia que contiene metanfetamina, una sustancia que contiene mariguana…”, como se lee en la averiguación previa iniciada al exsecretario de la Defensa.
Aunque posteriormente informó que solicitará a las autoridades de los Estados Unidos que le provean de la información en la investigación para saber de alguien más involucrado en la red criminal que le achacan a Salvador Cienfuegos.
Ciertamente también es increíble pensar que Cienfuegos sería el único involucrado. Los cárteles de la droga, de manera sistemática, han corrompido tanto a policías como instituciones de Gobierno para poder subsistir y desarrollarse en la impunidad, lo forma más común es pagar para recibir información de operativos en su contra, o pagar para desarrollar su ilícita actividad con libertad, no ser molestados en carreteras, ser escoltados, crear rutas “seguras” para el trasiego y ambientes sin autoridad para la producción, distribución y venta de drogas.
Sería importante que México iniciara su propia investigación para conocer si, efectivamente, el General Cienfuegos tuvo colaboradores en la odisea criminal en la que se le involucra, quiénes son y actuar en consecuencia. Darle un voto de confianza a los actuales mandos del cuadro de honor del Ejército debería venir acompañado de una investigación, muy al estilo del Presidente bajo la premisa del que nada debe nada teme, y aquella de que la corrupción se barre de arriba hacia abajo.
Muy trascendental sería conocer de este entramado de corrupción antes de nombrar a un militar al frente de otra área civil.
En los próximo días se verá si la confianza del Presidente en las Fuerzas Armadas es ciega y designa en la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a un militar o si, no solo por el momento sino por la naturaleza de la institución, la mantiene en las manos de un civil, pues hasta ahora lo único que ha referido López Obrador respecto el sucesor del Secretario de seguridad, es: “estoy pensando que sea una gente íntegra, honesta, limpia, que nos garantice lo que se ha logrado con Durazo, una buena coordinación del gabinete de seguridad…”.
