Entre elogios, acusaciones a la administración de Francisco Vega de Lamadrid y preguntas “a modo”, fue como se llevó a cabo el 30 de septiembre, la comparecencia del secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, en el Congreso del Estado, donde lo más incómodo para el funcionario fue el sismo de 4.9 grados de magnitud, que provocó el desalojo de trabajadores del Poder Legislativo y Ejecutivo que se encontraban en el recinto en Mexicali.
En su discurso, el funcionario estatal aseguró que al liberar la caseta de cobro de Playas de Tijuana. la intención del gobernador Jaime Bonilla Valdez, fue crear una crisis con la federación.
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La mañana del 7 de julio, el mandatario estatal realizó un acto público y simbólico, acompañado de gran parte de su gabinete y del Fiscal General del Estado, en el que “liberó” la caseta de cobro por medio de un decreto estatal en el que eliminó el pago.
Unas horas más tarde, por la noche, elementos de la Guardia Nacional acudieron al inmueble y volvieron a tomar la caseta por instrucciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno federal. Este asunto generó un tenso conflicto entre residentes de la comunidad y policías, al grado que se suscitaron actos violentos derivados de esta “crisis”.
“(En el decreto) no le dijimos a las autoridades que dejen de cobrar, les dice que los ciudadanos dejen de pagar, y creamos la crisis para que Bonilla pudiera tener elementos para negociar. Por supuesto atendieron el reclamo ciudadano. De tal manera que el tema del decreto no fue cosa más que un tema para que explotara y tuviera atención este tema”, refirió Rodríguez Lozano a pregunta directa de la diputada Trinidad Vaca Chacón.
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“El gobernador Bonilla no es un político que se dirija por los aspectos tradicionales, es un gobernador que ejerce las atribuciones bajo su responsabilidad, ese tema, se quejaban de esa situación”.
Respecto al conflicto con el alcalde de Tijuana Arturo González Cruz, aseguró que no se trata de un tema personal, sino que -a juicio del gobernador- el Presidente Municipal “no trabaja; sí se pone a trabajar seguro dejan de pelear”.
Rodríguez Lozano aseguró que esta situación -enfrentamiento-, es meramente “cupular”, porque entre los mandos operativos no existe distanciamiento y trabajan de manera coordinada con todas las áreas de gobierno. Aunque la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitario (COEPRIS) clausuró diversas dependencias municipales, acciones ante las que la autoridad municipal debió defenderse judicialmente.
El secretario General de Gobierno también afirmó, que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo se han convertido en entes reformadores sin precedentes, pues en tan solo un año se han dado casi 100 reformas al marco jurídico vigente, que van desde la creación de la Ley de Movilidad Sustentable y de Transporte, el Sistema de Administración Tributaria Estatal, la Ley del Sistema Penitenciario, el Instituto de Identidad Vehicular, cuyo objetivo de regular autos chocolate, fue denunciado y sometido a revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el gobierno federal, que lo consideró una invasión de sus facultades.
Rodríguez Lozano presumió la desaparición de la “corrupta” Policía Estatal Preventiva (PEP) para crear la Guardia Estatal, institución que prácticamente cuenta con el mismo personal, e incluso los mismos mandos en algunos espacios; también mencionó de la creación de la Fiscalía General del Estado como ente autónomo; el servicio policial de carrera; además de establecer el marco legal para que se pueda quitar el fuero al gobernador.
De igual manera, habló del proyecto de revocación de mandato que ya se encuentra en las comisiones del Poder Legislativo, texto que fue plagiado en un 80 por ciento de otra iniciativa de 2012 del Congreso de la Unión.
En su momento, elogió que el próximo 7 de octubre se instalaría el Concejo de San Quintín; y anunció que harán todo lo posible por que este mismo futuro tenga el puerto de San Felipe, cuya población es mucho menor.
Rodríguez Lozano también consideró un gran avance en materia de austeridad la desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación de salas unitarias en Zona Costa. En el mismo sentido dijo que se generaron ahorros de más de 100 millones de pesos por la reducción del periodo de campañas y por postergar el arranque del proceso electoral hasta el mes de diciembre.
Cuestionado en relación a la reforma para hacer posibles los matrimonios igualitarios, que no ha alcanzado los votos necesarios para ser aprobada en el congreso local, Rodríguez Lozano comentó que se encuentra a favor de que se permitan, porque es un tema sobrepasado por la SCJN, y recordó que los matrimonios de personas del mismo sexo son una realidad en Baja California, pues ya están inscritas 700 de estas uniones en las oficinas de Registro Civil del Estado. También 14 solicitudes de cambio de sexo.
El funcionario explicó, que se elevó la cifra de notarios públicos a 67, pero indicó que dicha cifra está muy por debajo de la media nacional, que es de uno por cada 32 mil habitantes, y en Baja California se tiene uno por cada 74 mil.
Respecto al tema de juicios comentó que se llevan 271 juicios civiles, y 286 asesorías a dependencias, 358 casos en el contencioso administrativo, mil 772 juicios laborales, 174 trámites y 141 juicio de nulidad, y en amparo mil 843 juicios en activo, la mayoría se han heredado de la pasada administración. También 26 procedimientos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluyendo con las acciones de inconstitucionalidad y controversias.
El ex priista también recordó que durante este año se activó la Comisión Estatal de Búsqueda, gracias a un recurso de 5 millones que lograron conseguir con el Gobierno de México, con lo que pudieron comprar equipo, tener una oficina y personal, lo que ha generado resultados importantes al localizar 3 personas vivas, y más de 20 cadáveres u osamentas, en su mayoría localizadas por los colectivos de búsqueda ciudadanos.
Al ser interrogado respecto a la Ley de Movilidad, el funcionario más allegado al gobernador Jaime Bonilla, dijo que actualmente se está combatiendo por medio de 43 amparos, pero les pidió la confianza a legisladores que se va a ganar.
Agregó que la intención es otorgar las placas a los choferes que en verdad trabajan los taxis, y no a los “pulpos” transportistas que se han hecho dueños del gremio; durante el año se han otorgado más de mil juegos de taxis en la entidad.
En cuanto a los proyectos pendientes, el Secretario General de Gobierno informó de: la construcción de una carretera de 4 carriles para Guerrero Negro; del arranque de 4 hospitales a lo largo del Estado; y la intención de reducir un 40 por ciento la estructura administrativa del Estado, como parte del proyecto de austeridad y contención del gasto, medida con la que pretenden subsanar cualquier posible reducción que se genere por parte del Gobierno Federal.
