En medio de los conflictos entre fracciones del Poder Legislativo, así como enfrentamientos con el Poder Ejecutivo de Baja California Sur, los diputados y diputadas de la XVI Legislatura aprobaron en sesión ordinaria, celebrada el 6 de octubre, suspender trabajos en el pleno del Congreso del Estado hasta el 27 de octubre.
La diputada del PT, Mercedes Maciel Ortiz, presentó un punto de acuerdo en el cual planteó la suspensión de sesiones hasta el 27 de octubre, o en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no resuelva el recurso de queja 0/2020 dentro de la controversia constitucional 84/2020 interpuesto por el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis.
El 25 de septiembre de 2020 el Congreso del Estado fue notificado del acuerdo con fecha 8 de septiembre de 2020, dentro del incidente de suspensión de la controversia constitucional 84/2020 promovida por Mendoza Davis.
En su parte conducente, se concede la medida cautelar a solicitud del gobernador para que se suspendan los efectos y consecuencias de diversas sesiones del Congreso del Estado de Baja California Sur.
“Entre otras, la sesión pública solemne del 30 de junio de 2020. La sesión en donde se aprobó la elección de la diputación permanente del segundo periodo de receso y la elección de la Mesa Directiva del actual periodo ordinario de sesiones”, enfatizó Mercedes Maciel.
La Mesa Directiva elegida el 30 de junio, trabajaría del 1 de septiembre al 15 de diciembre; sin embargo, en cumplimiento a dicha medida cautelar otorgada el gobernador, quedó suspendido el ejercicio de las funciones de Ramiro Ruiz, quien había sido electo como diputado presidente.
“Además subyace el diferendo a la ley que rige en este Poder Legislativo, lo cual se resolverá por la Corte en el recurso de queja promovido por el Congreso del Estado dentro del incidente de suspensión de la controversia constitucional 63/2020”, agregó Mercedes Maciel.
Esta medida, según la legisladora del PT, obedece a una estrategia para evitar que el gobernador del Estado continúe presentando ampliaciones de controversias constitucionales.
Argumentó que la suspensión se da en fundamento del Artículo 87 de la Ley del Poder Legislativo, que establece que el Congreso durante el periodo ordinario no podrá suspender sus sesiones por más de una semana, salvo que así lo acuerde la asamblea.
Ante la propuesta, el legislador independiente, Ramiro Ruiz, quien había sido elegido el 30 de junio como diputado presidente de la Mesa Directiva que ahora está sin efecto, exhortó al gobernador para que retire las controversias constitucionales.
“No nos permite trabajar porque él está en esa intromisión con el otro poder. El Ejecutivo debe retirar primero la controversia para que pueda este Congreso seguir trabajando y pueda avanzar en todos los temas. También entiendo que la estrategia política del Ejecutivo es paralizar al Congreso hasta diciembre”, denunció.
“No corramos ningún riesgo de que pueda meter otra ampliación, porque le gusta meter muchas ampliaciones al Ejecutivo en su lucha política y de pleito con el otro poder”, acusó.
Por su parte, la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Milena Quiroga, sugirió apelar a la voluntad política del gobernador para no paralizar el Congreso. Recordó que en la aprobación del proyecto de la desaladora, el pasado 30 de septiembre, imperó la cooperación entre el Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.
“Yo no estoy de acuerdo con paralizar, pero eso implica llegar a acuerdos como lo hicimos con la desaladora. Trabajar sin conflicto, con el compromiso de que hagamos nuestro trabajo y el Ejecutivo haga el suyo con la publicación; así como lo hizo con la desaladora en tanto la Corte resuelva el conflicto jurídico”, recriminó.
“Sí es importante mandar el mensaje correcto a la ciudadanía, de que nosotros no queremos paralizarnos, no queremos parar. Si no tuviéramos invasión de otro Poder, como lo está haciendo el Ejecutivo, fuera un poco más sencillo. Aquí podemos llegar a un acuerdo, pero si se trunca allá, pues no tiene ningún sentido”, dijo ante el pleno.
En medio de la aprobación de la parálisis del Congreso, el diputado de Morena, Humberto Arce Cordero, denunció que hay una clara y franca intromisión del Poder Ejecutivo.
Recordó que el 17 de marzo se llevaron a cabo las acciones que por las que aplicó la controversia el mandatario, sin embargo, hasta mediados de mayo fue promovida.
“No hay mesa directiva porque el ejecutivo pidió suspender una sesión en donde se eligió. La Corte, en apariencia del buen derecho, concede la suspensión y no tiene Mesa Directiva. Si algo nos llevó a la controversia, no fue el conflicto entre nosotros, fueron los productos legislativos que aquí se trataron”, manifestó.
“¿Cuándo fue promovida? Cuando sacamos al fiscal general, la Ley de Austeridad, la Ley del Veto y otros decretos que no son acordes o el Ejecutivo no está a favor de ellos. Ese es el epicentro de la controversia, no es el problema entre nosotros. El Poder Ejecutivo encontró la manera de paralizarnos al darse cuenta que los productos legislativos no eran favorables a él”, subrayó.
La oposición se mostró a favor de la propuesta de Mercedes Maciel. Maricela Pineda, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), agregó que ería importante avanzar en temas por medio de las comisiones.
“No nos violentemos a sacar algo que después no tengamos la oportunidad de revisarlo; si se suspende, mejor hay que trabajar en su comisión y presentar bien las cosas de una forma más clara”, señaló.
“Es coherente, para que no se atrase. Ya es mucha pérdida de tiempo que ha habido, pienso que ahorita antes de que se apruebe otra cosa, debemos de ver que no se pierda más tiempo. Podemos hacer los documentos que podemos presentar y dedicamos a hacerlos”, añadió.
Por último, los diputados de mayoría coincidieron en que hay temas de interés ciudadano que están parados por un conflicto político entre el gobernador y legisladores, lo que ha ocasionado que el Estado se quede sin representación legislativa.
