Quien fuera el secretario de Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido este jueves 15 de octubre en Estados Unidos, por elementos de la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés).
El general ingresó a las Fuerzas Armadas en 1964, y se retiró al finalizar su comisión como Secretario General de la Defensa Nacional en 2018, luego de seis años de encabezar a la milicia; antes de su nombramiento fue Director del Heroico Colegio Militar (1997), Comandante del Cuerpo de Cadetes (1991), estudió la su maestría en Seguridad y Defensa Nacionales el Colegio de Defensa Nacional, obteniendo el grado académico de “Maestro en administración militar para la seguridad y defensa nacionales”.
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Durante su gestión cómo secretario de la defensa en el periodo de 2012 – 2018, se encargó de darle continuidad a la llamada “guerra contra del narcotráfico”, que inició el gobierno de Felipe Calderón.
Pero también fue señalado por uso excesivo de la fuerza, violación a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales por parte de los elementos castrenses a su cargo. De los sucesos más trascendentales en su gestión fue el asesinato de 22 personas en una bodega en la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de la bodega. Ocho militares del 102° Batallón de Infantería pasaron frente a una bodega en obra negra que no tenía puertas. El enfrentamiento comenzó alrededor de las 4:20 horas de la madrugada, detalló la CNDH.
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Luego de lo ocurrido el general Cienfuegos Zepeda defendió a los militares contra las acusaciones de violaciones de los derechos humanos. Tanta fue la presión de organismos internacionales que llevaron al secretario de la defensa a poner en resguardo a los elementos vinculados con la masacre.
Después de Tlatlaya, vino la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero la madrugada del 27 de septiembre del 2014. Donde las investigaciones y las familias de los desaparecidos señalaron que el rapto de los jóvenes se dio con complicidad de las fuerzas armadas, al mando de Salvador Cienfuegos.
El ex secretario de la defensa señaló en su momento que las fuerzas armadas no tienen “ninguna responsabilidad”, en el caso de la desaparición de los normalistas. Sin embargo, se ha demostrado con investigaciones periodísticas que el 27 Batallón de Infantería estuvo durante los actos de privación de la vida de los 43 estudiantes.
Sin embargo, ante la opinión pública siempre se reconoció cómo un militar de alto prestigio, recto y anti narcotraficantes. También abogó por una mejor infraestructura y convenios en beneficio de los integrantes de las fuerzas armadas, como hacer una mejor selección de docentes y alumnos en los 16 planteles militares, modernización de 17 hospitales, 89 obras, mejores créditos a través de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Banco del Ejército.
No obstante la violencia generada por la guerra contra el narcotráfico en la administración peñista, causó que al cierre del 2017 se registraron 38 militares caídos de enero a noviembre, cifra mayor que la de 2016 en el que murieron 24, de acuerdo con estadísticas oficiales de la Secretaría de la defensa.
De las últimas rayas que le pintaron al tigre; durante la comparecencia en el juicio de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, uno de los testigos reveló que en enero de 2013, el Chapo intentó sobornar con 10 millones de dólares al “General de la Nación”, quien en ese momento era Salvador Cienfuegos Zepeda.
Cabe destacar que en 2013 el general de división en retiro, Tomás Ángeles Dauahare, trabajó como asesor del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Salvador Cienfuegos Zepeda; el asesor del general fue investigado y detenido por presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva, pero luego de 11 meses detenido, fue puesto en libertad porque “no se encontraron las pruebas suficientes”, declaró la PGR en enero de ese mismo año.
Por último de acuerdo con su declaración de datos patrimoniales, el ex secretario de la defensa tiene en su poder una casa de 120 metros cuadrado, la cual tuvo un costo de 140 mil pesos y la adquirió en 1973; otra casa en 2006, con un costo de 3 millones 974 mil pesos con una superficie de 563 metros cuadrados; en 2018 fueron dos casas, una de 1 millón 200 mil pesos con una superficie de 182 metros cuadrados y otra de 5 millones 396 mil pesos, de 272 metros cuadrados de construcción.
Además de dos automóviles, una Hummer modelo 1992, la cual fue reportada como una donación y un AUDI QS del 2018, obtenido con un crédito bancario, costó 1 millón 659 mil 910 pesos.
