Acudir a laborar drogado y un video expuesto en redes sociales, muestran que el señor Manuel García, director de Fisamex, consumió cocaína la mañana de un lunes de trabajo. Sin embargo el gobernador, no consideró que la adicción del proveedor tenga implicaciones éticas ni afectaciones laborales, y como ha cumplido al recaudar más del mil millones de pesos por auditorías de agua, decidió mantener la relación laboral
Un video anónimo, donde el señor Manuel García Soto, dueño de la empresa Fisamex –contratada por el gobierno de Baja California- aparece inhalando cocaína, circula en redes sociales a partir de las tres de la tarde del martes 29 de septiembre.
Fisamex es la empresa responsable de realizar las auditorías de agua para la administración bajacaliforniana, dictaminando deudas con base a un sistema de cálculo. Durante el presente año han recaudado más de mil millones de pesos y algunos empresarios se han amparado contra los cobros millonarios.
García confirmó el uso de droga ante el secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico. Al respecto, el doctor informó que le habían hecho un análisis toxicológico -en el laboratorio propiedad de Samuel Navarro, jefe epidemiología del Hospital General- y salió negativo, lo que indicaba que no había consumido ningún enervante en los últimos tres días.
De acuerdo con el tiempo marcado por la cámara usada para espiarlo, todos los consumos habrían sido videograbados en julio, no como expuso Pérez Rico: “Me estaba diciendo que era del ejercicio 2019”.
El señor García habría usado droga el martes 7 de septiembre a las 19:28 horas; el viernes 10, a las 00:53 horas y a las 20:32 horas; el sábado 11 la consumió a las 18:14, después a las 19:12 y finalmente a las 19:48 horas; el domingo 12 a las 13:02 horas; y el lunes 13 a las 08:50 horas.
Consultados el mismo martes 29 respecto al contenido de la grabación, personal de Fisamex informó a ZETA que García daría una postura hasta el día siguiente. Similar silencio se hizo desde el gobierno bajacaliforniano durante 19 horas. Abordaron el caso hasta la mañana del 30 de septiembre en la transmisión vía Facebook que hace diariamente el gobernador Jaime Bonilla Valdez, quien optó por respaldar al contratista.
“Manuel García tiene un problema de salud que muchos millones de mexicanos tienen. Esos que tiran la piedra y esconden la mano. Esos que denunciaron, quisiéramos preguntarles si ellos no han cometido ese error también, porque ahora todos son la Madre Teresa. Es un problema de salud que tiene Manuel, que tiene que resolver y nosotros queremos ayudar”, expresó el mandatario.
Recalcó que el gobierno no se metería en la vida privada de su proveedor, de quien comentaron, sabían que padecía depresión. Después recordó al ex diputado local panista Víctor González Ortega, detenido en marzo de 2010, borracho y presuntamente en posesión de cocaína. Lo midió con un rasero menos compasivo y lo llamó “dipucoco”.
En su conferencia, el gobernador también decidió acusar, sin presentar mayores elementos de prueba, a quienes considera artífices del espionaje “tipo conservadurismo”: “La tónica cuál es, obviamente la politiquería, ‘vamos a golpear’, y quién son los afectados: los empresarios. Esos que están siendo afectados porque los estamos haciendo pagar obviamente traen su campañita”.
Consultadas las fiscalías estatal y federal, informaron que hasta el jueves 1 de octubre, García Soto no ha había presentado denuncia ni por espionaje, ni por extorsión, a pesar de la gravedad de la intromisión.
CONSUMO DE DROGA EN HORARIO LABORAL
En el caso del video del lunes 13 de agosto, el dueño de Fisamex esnifó la droga a las 08:50 horas, previo al inicio de la jornada de trabajo.
La Ley del Trabajo califica como causas justificadas para la rescisión de la relación laboral, presentarse a trabajar en “estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante”, salvo que exista prescripción médica. En diciembre de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucionales este tipo de recisiones.
En su Artículo 92, la Ley de Responsabilidades hace referencia a servidores públicos y “particulares” que incurran en responsabilidad frente al Estado, y tratándose de faltas administrativas graves que deben ser resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa
Sin embargo, el gobernador Bonilla no lo vio y decidió que mantendrá la relación laboral, al considerar que Fisamex ha hecho un buen trabajo -ha recaudado mil millones de pesos-. Versión que respaldó la secretaria de la Honestidad, Vicenta Espinosa, quien como defensa, arguyó que el director señalado no es el único socio de la empresa, y tienen razón. Pero de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Manuel García Soto posee el 70% de las acciones.
En cuanto a las imágenes del video, fechadas el sábado 11 de julio de 2020, cuando el señor García Soto inhaló tres dosis en un periodo corto de tiempo, técnicamente violentó la Ley General del Salud, que solo considera como posesión no punible la que es para consumo personal. En el caso de la cocaína, la cantidad establecida son 500 miligramos -una dosis-, pero el señor estaba en posesión de tres dosis.
La Ley clasifica como posesión para comercio la tenencia de más de 500 miligramos de cocaína. Como sanción establece de cuatro a ocho años de prisión, y de 200 a 400 días de multa. Pero fue dentro de su casa, no hubo flagrancia. Y por suerte para el dueño de Fisamex, el gobernador no es policía, no consideró implicaciones éticas ni afectaciones laborales y decidió aplicar el amplio criterio.
En el mencionado video, también acusan a Bonilla Valdez de corrupción y amenazan con revelar más de cuatro horas de videos comprometedores. Pero el Ejecutivo estatal decidió ignorar esta parte y no hacer referencia en su conferencia.
El 24 de junio, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación revocó dos amparos concedidos por un juez, reiterando que el consumo lúdico de la cocaína en México es ilegal.
