Hasta este 5 de octubre de 2020, la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST) autorizó 216 protocolos sanitarios de bares para que dichos establecimientos reinicien actividades, luego de haber permanecido meses cerrados por la contingencia sanitaria del coronavirus.
Los 216 bares autorizados para reabrir representan 35% del total de establecimientos en Baja California (617) de acuerdo con el Censo de INEGI de 2019. El titular de la dependencia, Mario Escobedo Carignan, comentó que aún falta que 401 bares presenten su solicitud para reactivarse.
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Entre las medidas que deben seguir los protocolos sanitarios se encuentra el abrir en un horario de las dos de la tarde a la medianoche, con un aforo no mayor al 30 por ciento de la capacidad del establecimiento.
El funcionario estatal precisó que el mayor número de solicitudes autorizadas corresponde a Tijuana, con 138 bares; seguida de Ensenada, 36; Mexicali, 20; Playas de Rosarito, 15; y Tecate, 10. Asimismo, destacó que los bares del estado generan 7 mil 129 empleos directos.
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Durante una conferencia de prensa vía Facebook, Escobedo Carignan dijo desconocer el dato de cuántos establecimientos ya no podrán reabrir ante la difícil situación económica derivado de los estragos de la pandemia.
“Muchos de ellos no están en condiciones de reabrir porque no tienen la situación económica para hacerlo, pero con un pequeño apoyo se pudiera reactivar, bueno para eso estamos aquí en la Secretaría de Economía para poder analizar con ellos en qué condiciones estamos y están para poder solicitar un préstamo”, ya sea por los fondos de la Secretaría o poder acercarlos con la banca comercial y de desarrollo.
Por otro lado, indicó que es probable que en las próximas dos semanas se anuncie el proyecto de infraestructura del Viaducto elevado del Aeropuerto de Tijuana a la avenida Internacional, cuyo costo será de entre 7 y 8 mil millones de pesos.
Mientras que el Tren Interurbano de Tijuana-Tecate se va a concesionar, porque también es un proyecto que se realizará con inversión privada, “sin ninguna condicionante, no estamos asegurándoles, ni el gobierno del Estado le tiene que invertir, ni estamos poniendo recursos fiscales que garanticen la operación, nada de eso, esa es la diferencia con otros proyectos que fueron autorizados por otras administraciones”
