La frase de John Edward Dalberg-Acton, de que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”, ha sido más que probada en la política mexicana. Pero eso no le ha impedido al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, seguir buscándolo. Ya lo dijo: quiere que su administración tenga hasta dientes.
Esos colmillos mordelones fueron bautizados por el propio mandatario como Sistema de Administración Tributaria de Baja California (SAT BC), propuesto y aprobado por mayoría del Congreso local el 13 de agosto con los votos en contra de las diputadas morenistas Aracely Geraldo, Rosina del Villar y Carmen Hernández, más dos del PAN, uno del PBC, otro de Movimiento Ciudadano y uno del PRD.
No endulzaron el motivo para crearlo: “… la necesidad del fortalecimiento de los ingresos por contribuciones estatales ante la volatilidad de los ingresos de la Federación, por la caída de los precios del petróleo y la disminución de la producción del hidrocarburo”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido apoyos en la campaña electoral al gobernador, pero en lugar de eso, ha recortado lo recursos federales a los estados durante dos años consecutivos. Entonces, optó concentrar el dinero de los impuestos de todos los mexicanos en programas sociales de impacto electoral y en sus obras emblemáticas, la mayoría ubicadas en el sur del país.
Don Jaime decidió, primero, crear nuevos impuestos, según sus declaraciones, para los ricos -a la gasolina, casinos, licencia sanitaria entre otros- y después, crear el SAT BC.
Respecto a la función del nuevo órgano, informaron: “El SAT BC vigilará, recaudará, fiscalizará, verificará, comprobará, liquidará y cobrará las cantidades derivadas de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, obligados conforme a las leyes fiscales del Estado, Federación y Municipios coordinados, mismos que deberán realizar el pago de las contribuciones a su cargo en las oficinas estatales destinadas a la recaudación”.
En ese punto apareció la primera alarma, al leer que el Estado pretende recolectar las contribuciones municipales. Sobre todo, cuando el actual gobernador protagoniza pleitos públicos con dos de los cinco alcaldes: Zulema Adams en Tecate y Arturo González en Tijuana, y sin tener un SAT para ejercer terrorismo fiscal, su administración ha optado por presionarlos por la vía económica.
Por campañas adelantadas, o por votar contra las propuestas del ingeniero, ambos acaldes han debido enfrentar la furia de un Estado que los trata como enemigos, que a sabiendas que les redujo los presupuestos, les corta el agua en parques y unidades deportivas, rechazando abonos parciales reducidos y exigiendo pagos millonarios totales de deudas que se han acumulado por seis u once años, y este es solo un ejemplo.
La buena noticia es que para tener todo el poder y acceso a la información, deberá hacer acuerdos de coordinación con los municipios y particularmente con la Federación.
La mala, el engaño de anunciarlo como un órgano desconcentrado que gozará de autonomía de gestión y técnica, pero que en la vida real y por Ley, será dominado por una Junta de Gobierno encabezada por el gobernador constitucional, el secretario de Hacienda del Estado y el subsecretario de Ingresos, quienes tendrán como consejero al subsecretario de Egresos y al procurador fiscal del Estado.
Ante la incertidumbre, los más optimistas esperan la publicación de nuevas regulaciones y una campaña informativa, como fue planteado en un comunicado emitido por CETYS Universidad Campus Tijuana, por la maestra Rosa Sumaya Tostado, coordinadora de la Licenciatura en Contador Público Internacional, quien consideró que este nuevo órgano será similar al que ya existe en Guanajuato, y advirtió: “No tendrá facultades de crear nuevos impuestos, su trabajo no será el de buscar recaudación en tiempo y forma de los cobros estatales o auditar, como el impuesto de nómina y el pago del agua”, aunado a que “no deberá invadir la derechos federales”.
Mientras los pesimistas, como el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, plantean que este organismo podrá ser utilizado para presionar a los contribuyentes y recaudar hasta mil millones adicionales el próximo año. Los partidos de oposición PRD, PAN, PRI y PBC hablaron de un aparato de terrorismo fiscal y extorsión política que será usado contra los sectores productivos, o cualquiera que el morenista considere su opositor.
Hipótesis fundada en la forma en que la administración del ingeniero Bonilla ha usado las supervisiones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitario (Cofepris) durante la pandemia y las auditorias hechas al cálculo, llamadas dictámenes técnicos y ejecutadas por las Comisiones de Servicios Públicos de Tijuana.
En agosto, Bonilla recibió varias señales de que sus afanes de concentrar el poder para hacerse de recursos no fueron bien recibidas por el Gobierno Federal de su amigo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al considerar invadidas sus facultades, controvirtió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la creación del impuesto ambiental para gasolinas y gas, del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación, para censar vehículos importados, incluidos los “chocolate”; y el decreto que canceló el cobro de la caseta de Playas de Tijuana.
En el caso del SAT BC, dirigido por el licenciado Jorge Alberto Raygoza Lucero, quien recibirá ordenes de la Junta encabezada por el gobernador, “los dientes suficientes para llegar y auditar a las empresas de una manera consciente”, que desea el Ejecutivo estatal “a efecto de cobrarles y lograr que el recurso captado se quede en el Estado para aplicarlos en obra y en beneficio del pueblo de Baja California”, también requieren de la venia y un acuerdo con la Federación.
Habrá que esperar para saber si en esto, el Presidente dela República y los municipio están dispuestos a ceder sus facultades.
