La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) nace con el objetivo de ser un ente que pueda sancionar y hacer frente a la malversación de las instituciones públicas, sin embargo, en Baja California Sur tanto Federación, como Estado y Poder Legislativo han debilitado la estructura de esta instancia de reciente creación.
El presupuesto “raquítico” y la falta de una convocatoria para que se elija un fiscal Anticorrupción en el estado, debilitan las funciones de un órgano de carácter sancionador.
En entrevista con el presidente e integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SESEA, los ismos que deben elegir al presidente del Sistema Anticorrupción, exponen las acciones tanto del Poder Ejecutivo Estatal como el Federal y del Congreso local, que han enflaquecido la jurisdicción de este organismo.
En enero del 2021 se cumplieron tres años desde que aprobó la conformación del SESEA, sin embargo, no cuenta con un fiscal Anticorrupción que sancione delitos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que hacen un premeditado mal uso de los recursos públicos.
“Sigue pendiente el tema del fiscal Anticorrupción, son los dientes del sistema. Nuestra función es coordinar a los entes públicos; sin un fiscal que sancione, estamos incompletos”, enfatiza Juan Fenech Cardoza, presidente del CPC.
Se trata de la pieza principal del rompecabezas, aunque en estos tres años se han realizado constantes exhortos al Congreso del Estado para que emita la convocatoria, no han tenido respuesta.
Alma Cota, miembro del CPC, detalla que con la aprobación de la Fiscalía General de Baja California Sur en abril, el método de selección del fiscal Anticorrupción podría cambiar; sin embargo, los decretos y leyes en el Congreso se encuentran en un limbo por falta de publicación por parte del gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis.
Precisó que el método actual previsto en la Constitución contempla la participación de la academia y sociedad civil para elegir al titular del SESEA, pero el Congreso no ha detonado el proceso en casi tres años.
Elide Salvatierra Ramírez, integrante del CPC de SESEA, explicó ante presiones de ciudadanos que exigen resultados del sistema que no tienen facultad para denunciar ni para recibir denuncias, ni para fiscalizar recursos. En todo caso, apunta, ahí radica la importancia del fiscal Anticorrupción.
La lectura que tienen los integrantes del CPC es que la convocatoria no ha salido del recinto legislativo por falta de voluntad y conflictos entre fuerzas políticas de la entidad.
Jorge Moore, integrante del CPC, precisa que pueden existir diversas lecturas; no obstante, enfatiza, en Baja California Sur hay dos o tres fuerzas políticas que están en pugna por el poder. En estas circunstancias, menciona, un sistema fortalecido no favorece a las prácticas ilegales.
“En el Gobierno del Estado les daba miedo que el fiscal pudiera ser de filas morenistas y en el Congreso les daba miedo a que salga de gente ajena a Morena, cuando los perfiles de los candidatos a fiscal deben ser ajenos a la política, Es uno de los principales requisitos”, explicó Juan Fenech.
El año pasado, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Maricela Pineda, era la presidenta de la Comisión de Transparencia, encargada de emitir la convocatoria. Este 2020, la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Milena Quiroga, es la titular de la Comisión.
Con respecto a los atrasos en el tema, aseguró en entrevista para Semanario ZETA que en este periodo de sesiones se emitirá dicha convocatoria para seleccionar al fiscal anticorrupción.
“Estaremos sacando esta convocatoria para que ya no haya más excusas que hagan perder el tiempo, echando culpas lejos de generar acciones”, prometió la legisladora de Morena.
Hizo hincapié en que, aunque hay voluntad para avanzar en la emisión de este proceso, desde marzo no han tenido publicaciones en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Señala que más de 30 temas están en espera, por lo que el fiscal anticorrupción también es un tópico sin certeza.
“Por alguna razón no se emitía. Con la modificación sacaremos la convocatoria, pero esperamos que sea publicada. Con el antecedente del Ejecutivo, no tenemos certeza de que vaya a ser publicada; haremos lo posible”, declaró.
Un Sistema Anticorrupción sin presupuesto
La ausencia de un fiscal es solo uno de los obstáculos por los que atraviesa el sistema de Baja California Sur. Otro punto en el que se le ha debilitado es el presupuesto.
Juan Fenech expone que la media península es el estado que menor importancia da a la lucha anticorrupción. Aunque el presupuesto debería ser de mínimo nueve millones de pesos para una adecuada operación, apenas recibieron 2.9 millones de pesos para este 2020.
Asegura el CPC que los apoyos y gestiones de la diputada, Milena Quiroga, sirvieron para conseguir otro millón de pesos; sin embargo, exhiben que la Secretaría de Finanzas del Estado les quitó 500 mil pesos de esa ampliación por temas de la pandemia.
“Seguimos siendo el estado más castigado en este punto, no se le da la importancia que debiera. No sabemos por qué o simplemente no está en agenda del Gobierno del Estado o no genera votos el Sistema Estatal Anticorrupción. Ni una subsecretaría tiene este presupuesto”, subraya.
Alma Cota expone que en Chihuahua, Quintana Roo y Colima, que están en el mismo proceso, han tenido presupuesto para contratar consultores externos y especialistas para la construcción de la Política Estatal Anticorrupción.
“La política estatal anticorrupción se está formando con los talentos del CPC, sin nadie más. Los titulares del Ejecutivo diciendo: ‘estamos construyendo la política estatal anticorrupción’, cuando estamos castigados por todos lados y no tenemos apoyo”, denunció.
“Somos el único estado en el que el gobernador no estuvo presente en la toma de protesta del Comité de Participación Ciudadana, ni hemos tenido entrevistas con él”, añadió.
La pelea para fortalecer el SESEA continúa. Los integrantes del CPC aseguran que continuarán con exhortos y buscarán las maneras legales para avanzar ante la falta de voluntad política y la insistencia por debilitar la tarea de la lucha anticorrupción.
