Los altos niveles de corrupción y opacidad de los gobiernos anteriores, fue en gran parte lo que abrió las puertas a los gobiernos municipales de Morena que se estrenaron el 1 de octubre de 2019 en los cinco ayuntamientos de Baja California. Los de la 4T, incluso crearon un Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado como parte de su concepto de justicia, y de que los malos ex gobernantes no se irían impunes y con las manos llenas.
Dado que solo tenían dos años para investigar, los síndicos María del Carmen Espinoza Ochoa en Tijuana, Héctor Israel Ceseña Mendoza en Mexicali, Elizabeth Muñoz Huerta por Ensenada, Gonzalo Higuera Bojórquez en Tecate y José Luis Zazueta Pérez por Rosarito, sabían que se enfrentaban a una labor titánica.
Prácticamente ha transcurrido la mitad de su corta gestión, y en la mayoría de los casos, sus limitados avances han estado relacionados con investigaciones iniciadas por los síndicos que los antecedieron. Algunas de sus acciones se han visto opacadas por sus evidentes intereses políticos en vísperas de la próxima jornada electoral.
En Ensenada, el mérito de Elizabeth Muñoz Huerta, fue la vinculación a proceso del alcalde Gilberto Hirata Chico por los desvíos de recursos federales, pero fue un expediente iniciado por la anterior síndico, Karina Castrejón Bañuelos. También el inicio de una investigación al ex director de la Secretaría de Bienestar Municipal, Jorge Eduardo Vega Zamora, quien apareció en unos videos presumiendo los moches que recibía por bajar fondos federales para estudiantes.
Sin embargo, ha sido público el hecho de que convirtió su oficina en una agencia de colocaciones del Partido del Trabajo (PT), y el señalamiento de que el líder de ese partido, Armando Reyes, es quien está tras la denuncia presentada en contra del actual director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), Marcelino Márquez Wong, la ex síndico y ex petista Karina Castrejón Bañuelos y otros cuatro funcionarios por posible desvíos del Ramo 33. Investigación en la que exoneraron al principal responsable, Marcelino Márquez.
Por su parte, Héctor Ceseña, síndico procurador de Mexicali, entregó a la Fiscalía General del Estado toda la investigación realizada en el “Caso Racota”, que data de 2017. Inició de investigaciones en contra del ex alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa, cuya cuenta pública fue rechazada en octubre pasado, e inhabilitó por dos años a la ex oficial mayor Maribel Avilés Osuna por las más de 280 bases otorgadas de manera ilegal. Denuncia hecha por la Confederación Patronal de la República Mexicana desde octubre de 2016. Todos, casos iniciados por la síndico que lo precedió. De hecho, Avilés ya había sido inhabilitada en 2018.
La novedad en Mexicali es la carpeta en contra de Alfredo Vega, director de Comunicación Social del ex alcalde panista Gustavo Sánchez, investigado por desviar recursos para promover a su jefe, y la reciente inhabilitación de Jaime Díaz por desincorporar terrenos irregularmente.
En el caso de Rosarito, con pocas sanciones, la gris administración del síndico procurador José Luis Zazueta Pérez lleva 51 expedientes de investigación, la mayoría heredados, y solo dos no son contra policías. Adicionalmente, en junio recibió la denuncia de la regidora Ornela Rueda Méndez contra la alcaldesa Araceli Brown, por presunta violencia política y abuso de poder en las sesiones de Cabildo; y en septiembre, iniciaron una carpeta después que la hija del director de Desarrollo Social, Víctor Chávez, fuera sorprendida usando un auto oficial para ir a la lavandería. Pero de la corrupción de los gobiernos anteriores, nada.
En cuanto a Gonzalo Higuera Bojórquez, el síndico de Tecate que prometió sancionar a los saqueadores y recuperar los más de 160 millones que se llevaron los ex funcionarios, va lento en la investigación en contra del ex alcalde César Moreno González de Castilla. La primera denuncia se presentó el 9 de julio, contra funcionarios menores y por cantidades mínimas.
Para lo que no resultó parsimonioso, fue para desmarcarse de la alcaldesa Zulema Adams, cuando esta denunció al gobernador Jaime Bonilla y a su secretario general de amenazarla por diferencias políticas. Rapidito la acusó de anarquista y en sesión de Cabildo intentó iniciar un procedimiento de revocación de mandato y separación definitiva del cargo de la presidenta municipal, pero fracasó al ser rechazado por los regidores.
María del Carmen “Meli” Espinoza Ochoa, la síndico de Tijuana, se encontró más de “mil 500 denuncias empolvadas”, y a principios del año informó de unas decenas de inhabilitaciones, amonestaciones privadas, otras públicas y dos sanciones económicas. En marzo anunció que presentaría una denuncia por desvíos en comunicación social, dijo que seguía investigando a los exfuncionarios del Ayuntamiento de Juan Manuel Gastélum y que le faltaban 100 declaraciones patrimoniales por revisar.
Sin embargo, en fechas recientes y con las aspiraciones políticas adelantadas, se ha mostrado más interesada en desacreditar al ayuntamiento morenista de Arturo González Cruz que en investigar los desvíos de “El Patas”.
Nunca se han llevado bien, el alcalde le retiró los escoltas y ella lo acusó de misógino y afectar sus derechos políticos. Pero después que González controvirtiera con Bonilla, quien no lo quiere como candidato a gobernador, la síndico procuradora ha buscado argumentos, –despensas que se mojaron y echaron a perder en una delegación- e incluso inventado irregularidades –dulces entregados caducados a DIF que ya restaban en proceso de destrucción-, para combatir a González.
Ciertamente, los ciudadanos no están interesados en tener síndicos cómplices y comparsas como los que han caracterizado a los gobiernos del PAN y el PRI. Si sus alcaldes no están cumpliendo, que los investiguen y sancionen, pero que no contaminen un órgano técnico con marrullería política.
Si como advierten las bases morenistas, Ceseña se quiere reelegir en Mexicali, Higuera desea competir por la alcaldía en Tecate y Meli Espinoza ambiciona ser presidenta municipal de Tijuana -y los últimos dos desean seguir siendo leales a Bonilla- , pueden encontrar una forma más productiva de darle vida a sus aspiraciones y campañas. ¿Qué les parece empezar por cumplir con la promesa de investigar y denunciar a ex funcionarios corruptos y recuperar los miles de millones saqueados?
