La creación del Centro de Conciliación de Baja California (ente indispensable para implementar la reforma laboral) podría requerir un presupuesto de 60 millones de pesos, señaló el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Sergio Moctezuma Martínez López.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social por la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la administración de Jaime Bonilla Valdez; Martínez López detalló que dicha estimación incluye 42 millones de pesos de nómina; equivalentes al 70 por ciento del monto total del presupuesto.
En tanto, 18 millones de pesos serían para gasto operativo, mobiliario y de arrendamiento, dado que “no se tiene propiamente un edificio”, señaló el funcionario, quien comentó que la proyección económica podría disminuir si las sedes del nuevo Centro de Conciliación se instalan en algunos inmuebles propiedad del Estado.
En cuanto a los avances en la implementación de la reforma laboral (vigente a nivel federal desde el 1 de mayo de 2019), el titular de la STPS dijo que la actual administración instaló el Grupo Interinstitucional, en el que convergen los tres Poderes del Estado, y que dicho grupo ha sesionado dos veces para allanar el camino de su implementación.
Afirmó que Baja California sí está lista para implementar la reforma laboral el 1 de octubre de 2021; sin embargo, reconoció que las Juntas Locales de Arbitraje aún no inician los trabajos para digitalizar los expedientes, los registros de los sindicatos y contratos colectivos de trabajo. Esto debido a que la dependencia a su cargo espera una visita de funcionarios de la Secretaría del Trabajo federal, según dijo.
Por otro lado, apuntó que antes de la creación de dicho organismo el Congreso local deberá aprobar modificaciones a las leyes vigentes que permitan la aplicación de la reforma laboral. Entre ellas está la iniciativa que creará el Centro de Conciliación, como un organismo descentralizado, con autonomía de gestión, y que tendrá la rectoría de las conciliaciones, puesto que éstas dejarán de hacerse en la Procuraduría del Trabajo.
En el tema de la adecuación de los estatutos de los sindicatos (otro requisito para aplicar la reforma laboral), refirió que la Junta Local de Tijuana tiene un avance del 17.58%; la de Mexicali, 8.7%; y la de Ensenada, del 25%.
Durante la reunión virtual con los legisladores, la presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Loreto Quintero Quintero dijo que de conformidad con la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad que presten servicios productivos a terceros en los Ceresos deben acceder a los derechos laborales compatibles con su internamento.
Por lo que interrogó sobre qué mecanismos de vigilancia se han establecido para cerciorarse del cumplimiento de esta obligación, y sobre el dato del número de empresas y trabajadores que operan bajo esta modalidad en el estado.
Ante ello, el titular de la STPS admitió que la dependencia no ha emprendido ninguna acción sobre ese tema, dado que se priorizaron cinco programas como ChambaMóvil y los Talleres de Sensibilización para Trabajadores para los empleados de la STPS.
“Sin embargo, tenemos que hacer lo propio y establecer un mecanismo de acompañamiento; generar invitación a los empleadores”, lo cual podría suceder una vez que se esté en semáforo amarillo de riesgos por COVID-19, agregó.
La legisladora panista refirió que derivado de la reforma laboral de mayo de 2019 se estableció la obligación del patrón de implementar junto con sus trabajadores protocolos para prevenir la discriminación por razones de género y atender casos de violencia, acoso y hostigamiento sexual en el centro del trabajo, e interrogó sobre cuántas empresas y a través de qué mecanismos se ha verificado el cumplimiento de esta obligación en el Estado.
Respecto a este punto, Martínez López aseguró que la STPS estableció con INDEX Mexicali, hace un par de meses, talleres sobre “bullyng laboral” para erradicar malas prácticas de ese tipo. “Claro tenemos que extenderla y generar esta gran apertura para efectos de ser congruentes con lo que dice la reforma laboral”.
Asimismo, recordó que recientemente atendió la demanda de un grupo de trabajadoras del Grupo Caliente, subcontratadas mediante la empresa de outsorcing Cotlam Conecciones Comerciales S.A. de C.V, que aseguran ser víctimas de hostigamiento laboral entre otras prácticas que violentan sus derechos laborales.
“Estamos en pláticas con uno de los apoderados legales de Grupo Caliente, pero lo cierto es que quien tiene la responsabilidad principal es Cotlam Conecciones Comerciales, donde nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón” ante la denuncia de hostigamiento laboral que refieren las empleadas.
Además, refirió que se envió un oficio para que dentro de los organismos empresariales se fomente la no discriminación.
Quintero Quintero también preguntó por qué no se establecen más jornadas durante el año calendario para seguir fomentando las Jornadas Conciliatorias. A lo que, Martínez López aseguró que ya dio instrucciones para que las Juntas Locales de Arbitraje lleven a cabo conciliaciones virtuales, para en un “esfuerzo extraordinario” ofrezcan alternativas de solución.
Por otro lado, por parte de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo se logró 90.5% de efectividad, resaltó.
