El próximo 19 de septiembre está agendada la visita del aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y la encargada de concertar todas sus reuniones es nada menos que la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien desde que se convirtió en diputada federal en 2018, ha forjado una relación muy estrecha con el también coordinador de la bancada de su partido en la Cámara de Diputados.
Ese acuerdo se concretó el 8 de septiembre, el mismo día de la visita de la aspirante a la Secretaría General de Morena, Donají Alba, a la Capital del Estado, con quien también se reunió al término de su agenda de trabajo, debido a que reconocen sus coincidencias políticas: ambas son afines a Delgado.
Publicidad
Inicialmente se contempló una conferencia de prensa y reunión con la militancia en la Capital del Estado, pero se logró extender la agenda política al municipio de Tijuana, donde incluso pretenden un acercamiento con el gobernador Jaime Bonilla Valdez, con quien Pilar mantiene una relación cordial, pese a que representan grupos políticos distintos dentro del partido.
Para ese momento, el tinte político dentro del partido oficial podría ser otro, ya que Rafael Figueroa, presidente del Consejo Político de Morena y ahora hasta aspirante a la Secretaría General de ese instituto político, y un grupo de consejeros convocados por Bonilla, convocaron a una sesión de Consejo para la misma fecha en Tijuana (Salón Centenario) y Mexicali (Salón del Sindicato de Burócratas), donde pretenden medir fuerzas, y, el que tenga mayor convocatoria, se apoderará del partido de cara al próximo proceso electoral.
Veremos si el poder de la nómina, donde se encuentran personajes como el propio gobernador del Estado y el secretario de la burocracia, Manuel Guerrero; los diputados Montserrat Caballero y Julio González; además de Michel Sánchez, directora del Instituto de la Juventud del Estado, concretan el “pinochetazo” contra Ismael Burgueño y Rafael Figueroa.
Publicidad
LA TERCERA ES LA VENCIDA
El mandatario Jaime Bonilla Valdez envió al Congreso una nueva Ley de Seguridad Pública para el Estado, la cual fue encargada al diputado Víctor Manuel Morán Hernández.
Sin embargo, existe gran preocupación por parte de los colectivos policiales, toda vez que la iniciativa parece ser aún más agresiva que la anterior en torno a sus prestaciones laborales, por lo que, al darse cuenta de ello, de inmediato solicitaron una reunión con el legislador para plantearle el tema. Por lo pronto ya consiguieron un tercer exhorto por parte del Congreso del Estado para que el fiscal Guillermo Ruiz Hernández y los cinco ayuntamientos se pongan a trabajar en un esquema de seguridad social para los agentes.
Aunque los exhortos son como llamados a misa, los cuerpos policíacos encabezados por Alejandro Monreal Noriega han tenido que avanzar por medio de presiones para que les hagan caso.
GUSTAVO, EL TESTIGO
Como es sabido, el ex alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, fue llamado a declarar por el síndico procurador Héctor Ceseña, ante las acusaciones en contra del ex director de Comunicación Social, Alfredo Vega.
Haciéndose acompañar de su abogado, Víctor Lujano -ex subsecretario jurídico en el periodo de Francisco Vega de Lamadrid- fueron entrevistados por varias horas sobre el tema, donde se le pretende formular responsabilidades por utilizar recursos públicos para beneficiar a su ex patrón durante la campaña de 2019.
Después de prácticamente un año y muy cerca del periodo electoral, Ceseña manda a llamar a su amigo, el ex presidente municipal, por un tema que realmente no le impactará, pero es una de las varias irregularidades por parte del gobierno de Sánchez Vázquez. Sin embargo, hay temas mucho más delicados y controversiales que el actual ente fiscalizador del municipio ha ignorado. Dos de estos tienen denuncias administrativas, como el presunto desvío de más de 20 millones de pesos de cuotas de policías que no fueron reportadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y un recurso de 11 millones de pesos provenientes del programa Fortaseg, de los cuales no se tiene registro ni documentación para determinar en qué se erogaron.
