En poco menos de dos meses, la Fiscalía General del Estado contabiliza 27 denuncias por violencia digital de género, delito cuya estructura legal se definió en Baja California tras la aprobación de la Ley Olimpia, impulsada por colectivos, regidoras y diputadas del Congreso estatal. Durante este periodo ya se logró vincular a proceso a una persona y otra está próxima a ser presentada ante el juez. Según Brenda Roa, de la agrupación Defensoras Digitales de Baja California, en la entidad se registran más de 130 mercados de explotación sexual, lo que deja en evidencia que no solo se trata de actos de venganza, sino de acciones que representan dividendos para los involucrados
Los resultados de la Ley Olimpia se vislumbraron rápido en Baja California.
Desde el 10 de julio, fecha en que se publicó en el Periódico Oficial del Estado la reforma al Artículo 175 Código Penal y se homologó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha recibido 27 denuncias por delitos contra la intimidad y la imagen, de los cuales uno ya fue vinculado a proceso, y otro está a escasos días de solicitarse la orden de aprehensión.
Salvador Cortez López, el primer vinculado por violencia digita
Las modificaciones legales fueron tomadas por la regidora mexicalense Luz Elena Fonseca y las diputadas Mirian Cano y Julia González, de la propuesta nacional realizada por la activista Olimpia Coral Melo, quien desde 2012 mantiene una campaña en todos los estados de la República para conceptualizar y endurecer las penas contra personas que divulguen contenido íntimo de personas sin su autorización, y aunque se pensó enfocada para proteger la integridad de las mujeres, puede aplicarse perfectamente para hombres.
En entrevista con ZETA, la coordinadora estatal de la Fiscalía Especializada de Delitos contra las Mujeres por Razón de Género, Silvia Grisell Licón, comentó que el municipio que encabezan la lista de incidencias es Tijuana, con 13 casos, seguido de Mexicali (5), Rosarito (4), Ensenada (3) y Tecate (2).
Si bien este crimen ya tenía una tipificación en el Código Penal del Estado, la falta de criterios y especificaciones lo volvía prácticamente letra muerta para las víctimas que buscaban protección de la justicia.
Aunque la Fiscalía Especializada en Delitos de Género considera que se está avanzando rápido en la impartición de justicia en este tema, para la abogada Brenda Roa, coordinadora jurídica de las Defensoras Digitales de Baja California, la alta incidencia en un tiempo tan corto demuestra que la problemática en torno a los delitos digitales de género es aún mayor a lo que se presumía, pues prácticamente se denuncia un caso cada dos días.
Según la activista Olimpia Coral Melo, Baja California contabiliza alrededor de 130 mercados de explotación sexual, donde se compran o intercambian imágenes de niñas, adolescentes y mujeres, ubicándola en el top 5 de estados con mayor comercio sexual digital.
LA AMPLITUD DE LA LEY OLIMPIA
Pese a que aproximadamente el 90% de los casos de violencia digital de género se realizan por parte de parejas y ex parejas, la realidad es que sus criterios son demasiado amplios, pues han detectado diferentes situaciones en las que ha podido encuadrarse.
Sin duda el incidente más terrible lo dio a conocer el fiscal central Hiram Sánchez Zamora, cuando aseguró que el 28 de agosto se detuvo a un sujeto acusado de una agresión sexual en contra de su pareja sentimental, en la cual se encuadró la violencia digital.
Aunque el funcionario no lo dijo, se logró constatar que el detenido fue Salvador Cortez López -con historial delictivo y quien se presume inocente-, ya que el 11 de junio obligó a su ex pareja sentimental a subir a su vehículo, para después trasladarla a su domicilio localizado en la colonia Independencia, donde la mantuvo cautiva durante cuatro días.
Durante ese tiempo la golpeó, le rasuró la cabeza y la violó en reiteradas ocasiones utilizando diversos objetos, mientras un amigo del agresor observaba los hechos e incluso lo ayudaba a video grabar las agresiones en contra de la víctima, cuyo nombre se reserva por evidente protección de sus datos personales.
No conforme con ello, Salvador Cortez López presuntamente envió videos y fotografías de la sádica agresión a familiares y conocidos, por medio de aplicaciones móviles.
Por miedo, la víctima no denunció los hechos hasta después de varias semanas, por lo que la Fiscalía Especializada trabajó el caso y en pocos días se logró dar con el responsable en la misma comunidad donde ocurrieron los hechos.
En total, la Fiscalía encuadró los delitos de privación ilegal de la libertad, violación impropia y delitos contra la intimidad y la imagen -Ley Olimpia-. Licón señaló que evidentemente los otros delitos son aún más graves, pero el juez determinó que había suficientes elementos para incluirlo, ya que el propio agresor hizo circular los videos que todavía estaban en su equipo móvil.
En contra de la violencia contra la mujer
Sin embargo, se han detectado otro tipo de características de explotación sexual.
“Hay algunas como en Rosarito, donde una chica dice que usaron mi imagen en un trabajo que yo tenía antes y la siguen explotando y tenemos que investigar, pero la mayoría en su caso son ex parejas, terminamos una relación y hago uso de esas que tengo en confianza que yo tomé, se las estoy mandando a tus familiares, a tus amigos, no solo es publicarlas, sino enviarlas a otras personas”, aseveró la coordinadora estatal de la Fiscalía Especializada de Delitos contra las Mujeres por Razón de Género.
Aunque todavía están definiendo los nuevos mecanismos para definir valor probatorio a las evidencias de carácter digital, agregó que el delito pocas veces se encuadra de manera aislada, toda vez que -como lo han visto en las denuncias- normalmente se utilizan actos como el chantaje y la extorsión, con la finalidad de obtener algún beneficio de la víctima, que va desde dinero hasta favores sexuales. Conductas que se han materializado incluso entre menores de edad, lo que agrega otro tipo de hechos delictivos.
LOS MERCADOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Grupos privados en Facebook, WhatsApp, Signal y Telegram, publicaciones en Twitter, hasta aplicaciones de descarga y páginas de internet abiertas, son algunas de las modalidades que se han detectado en Baja California como parte del mercado de explotación sexual, disponible para consumo de “comunidades”.
Olimpia Corral Melo consideró que Baja California está entre los cinco estados donde más mercados de explotación sexual existen, con 132 casos, en los que se ha documentado la afectación a más de 200 mujeres. Por su parte, Brenda Roa, de Defensoras Digitales de Baja California, externó que desde febrero han ayudado a 55 mujeres por medio de asesoría jurídica, psicológica, e incluso para eliminar contenidos disponibles en internet. De estas, alrededor de 40 son de Mexicali.
La abogada aseguró que muchas mujeres no tienen interés en denunciar los hechos y solo buscan el apoyo para eliminar la información disponible en redes sociales, toda vez que a través del Frente Nacional por la Sororidad, contactan directamente con empresas como Facebook para eliminar el contenido íntimo de las víctimas, algo que las fiscalías estatales aún no logran hacer de manera directa.
Aunque la FGE no ha detectado redes de explotación sexual definidas, Defensoras Digitales de Baja California encontraron páginas y redes sociales donde se consume este tipo de contenidos multimedia. En algunos casos se debe pagar para tener acceso, ya sea con dinero, o bien, publicando una fotografía íntima de alguna mujer. Esta acción les genera un acceso total para compartir imágenes y videos íntimos.
En 2016, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detectó contenidos de este tipo a través de páginas como Mexicali Girls, la aplicación Reborn Go, donde abiertamente, los usuarios subían imágenes de alguna joven y pedían fotografías sin ropa; los mismos integrantes de la comunidad respondían a las solicitudes. Actualmente dichas plataformas no se encuentran en operación.
Debido a las complicaciones legales para fincar responsabilidades, la asociación civil realiza diligencias para borrar los contenidos de manera independiente, ya que la FGE aún no cuenta con un protocolo definido de atención, al grado que han detectado víctimas que acuden a denunciar y son rechazadas por los ministerios públicos que argumentan que los delitos no existen o no son punibles.
Ante esta deficiencia, la FGE y la agrupación han establecido mecanismos no formales para procesar los casos, ya sea iniciando investigaciones por otro delito y retipificarlos cuando ya se encuentran en la Fiscalía de Género.
Por su parte, la directora del Instituto de la Mujer de Baja California, Karla Pedrín, reconoció que existe una necesidad de capacitar a las instituciones gubernamentales, por lo que dentro de dos semanas iniciarán cursos en el sector público, con un enfoque transversal de la perspectiva de género, donde entre otros temas abordarán la violencia digital.
Roa aseveró que la intención de la Ley Olimpia es precisamente combatir los mercados de explotación sexual, pero a través de la concientización y sanción de los consumidores.
En una publicación realizada el miércoles 2 de septiembre en su red social Facebook, Olimpia Coral Melo compartió una alerta de las nuevas herramientas utilizadas para robar contenido íntimo de tu equipo móvil. Afirmó que los explotadores sexuales envían malware a un teléfono y al abrirlo hackea cuentas “estilo bombing”. Esto se hace a través de un contacto o una persona cercana para reducir sospechas, hasta que finalmente acceden a tus contraseñas.
“Con esto las personas que se han organizado para robar tu información acceden a tus nudes, y si tienes fotografías íntimas guardadas ahí, acceden a ellas”, refirió Olimpia.
Mujeres contra la violencia en Mexicali
BUSCARÁN SANCIONES MÁS SEVERAS
Antes de la reforma, la sanción penal por compartir contenidos íntimos de una persona solo era punible entre personas que sostuvieron una relación de pareja y tenía una sanción de uno a tres años de prisión.
A raíz de la reforma, el Congreso del Estado aumentó la pena de uno a seis años, lo que no garantiza la prisión para los responsables, además de una multa de entre 500 y mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Ante esto, Roa indicó que si bien es una victoria que Baja California adopte la Ley Olimpia, buscarán que la próxima Legislatura endurezca las penas contra los agresores, e incluso mejore los mecanismos de investigación. Y es que según lo dicho por la fiscal, una de las principales evidencias es que los enlaces o imágenes permanezcan en internet, pero cuando los agresores los retiran de la red, deben buscar mecanismos para recuperarlos en caso de ser posible.
Es por ello que han sido creativos al solicitar impresiones de pantalla, testimonios de personas que observaron las imágenes, entre otras cuestiones con el objetivo de acreditar el daño, aun cuando el contenido fue retirado.
Cabe mencionar que desde el 11 de julio entró en vigor la reforma al Código Penal, pero la FGE puede recibir denuncias de incidentes ocurridos meses e incluso años atrás, siempre y cuando no se hayan enquerellado antes de la entrada en vigor de la modificación a la Ley.
