La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene registro de 103 denuncias en contra de 63 empresas -principalmente maquiladoras- por parte de trabajadores que manifiestan ser vulnerados por sus empleadores y los quieren obligar a que vuelvan aun cuando son población de riesgo, pero al no demandar, no se inicia el proceso correspondiente
En Baja California, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no cuenta con datos del total de empleados que fueron enviados a casa por ser considerarlos población de riesgo con la llegada de la enfermedad COVID-19, y que por su estado de salud, no deberían retornar a sus puestos hasta que el sistema de semaforización lo permita.
Tal escenario ha propiciado que no exista un ente que regule la forma en cómo están trabajando las empresas, si están respetando los lineamientos del Acuerdo por el que se Establecen las Medidas Preventivas que se Deberán Implementar para la Mitigación y Control de los Riesgos para la Salud que Implica la Enfermedad por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el 24 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF). O si por el contrario, han exigido a sus trabajadores que vuelvan, poniendo en riesgo su salud, como se ha denunciado desde el inicio de la contingencia.
Al no haber una regulación e inspección constante en los distintos sectores empresariales, se da la pauta para que los empleadores exijan a sus empleados volver al trabajo ante amenazas como el despido o la disminución de prestaciones, violando lo indicado en el acuerdo sanitario y vulnerando los derechos laborales de sus trabajadores.
TRABAJAN HASTA PERDER LA VIDA
Rafael Valdez Guerrero tenía 54 de años de edad al momento de su muerte por COVID-19. Dejó una esposa, tres hijos y metas por cumplir. Su deceso ocurrió la madrugada del viernes 24 de julio, diez días después del primer síntoma y tres meses después de haber vuelto a trabajar. Desde hace tres años había sido diagnosticado con hipertensión y problemas del corazón.
“Lo descansaron como un mes y luego lo mandaron llamar en el tiempo donde los contagios estaban muy altos, entonces, mi esposo en las juntas que se hacían todos los días mencionaba que era una persona vulnerable y no debería estar trabajando en la empresa, ya que podía seguir trabajando desde casa como el mes que estuvo resguardado, pero su jefe inmediato le dijo que no, y no le permitieron que volviera”, explicó la viuda de Rafael, Esperanza Ubaldo.
Rafael era vendedor de piso en la empresa Autoproductos de la Costa –agencia dedicada a la venta de vehículos Chrysler, Dodge, Jeep y Fiat– ubicada sobre la Vía Rápida Poniente en la ciudad de Tijuana. En varias ocasiones acudió a hablar con el gerente de la sucursal, Jesús Hernández, para suplicarle que le dejaran ir porque tenía miedo de enfermar, a sabiendas que por la hipertensión que padecía, podría serle difícil dar batalla a la COVID-19, pero la respuesta siempre fue un rotundo no.
El lunes 13 de julio, Rafael comenzó con un dolor de garganta, en el transcurso de ese día estuvo en contacto con su esposa, a quien le describió que al paso de las horas los síntomas iban en incremento, por lo que al salir de su jornada laboral acudieron a ver a un médico particular, quien le sugirió resguardarse porque era sospechoso a COVID.
Pero tras recibir presión en su trabajo para que siguiera gestionando de manera presencial unas ventas pendientes, tuvo que continuar yendo a la oficina por tres días más, hasta que el jueves 16 de julio comenzó con otros síntomas como dolor de cabeza, por lo que acudió a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde le confirmaron que era sospechoso de portar coronavirus y le dieron una incapacidad por siete días.
A los días siguientes aumentaron los síntomas de Rafael, y cuando sus familiares informaron en su trabajo sobre su estado de salud, el que era su supervisor, Rodolfo Araujo, minimizó el problema asegurando que tomando tazas de té podría curarse. Para el miércoles 22 de julio fue llevado en ambulancia al Hospital Regional Número 1 por complicaciones con la enfermedad, el día 23 fue intubado y la madrugada del 24 de julio, la señora Esperanza Ubaldo recibió una llamada de personal de Trabajo Social del IMSS, informándole que su esposo perdió la vida.
La señora Ubaldo, quien también sufre de hipertensión y en el último mes fue requerida por su empresa para que vuelva a trabajar porque de lo contrario será despedida, no solamente sufre el duelo de la pérdida de su compañero de vida, sino que además ha enfrentado que la empresa en la cual Rafael laboraba, se ha negado a pagarle el finiquito, las comisiones de las últimas ventas hechas y un seguro de vida.
“La empresa me trae vueltas y vueltas, les pedí una copia de la póliza del seguro de mi esposo y me han dado largas, me piden el acta de defunción, mi esposo dejó ventas hechas, no me han dado nada, no me han dado su finiquito y las personas que ayudaron en la agencia fueron sus compañeros, que económicamente fueron los que nos apoyaron”, señaló la viuda de Rafael Valdez.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
DESPIDOS INJUSTIFICADOS A CAUSA DE LA COVID-19
Rafael no fue el único empleado vulnerado por la empresa Autoproductos de la Costa a partir de la contingencia sanitaria de la COVID-19. Previamente, en mayo, cinco de sus compañeros fueron despedidos injustificadamente, dejándolos a su suerte por cerca de dos meses, en lo que quedó resuelta la demanda laboral que iniciaron en contra de la empresa.
Verónica Lugo León, una de las afectadas, también se desempeñaba como agente de ventas y en febrero estuvo incapacitada por cuestiones de salud. En marzo volvió a la agencia a iniciar con sus actividades, pero enfermó con síntomas similares a los del virus SARS-CoV-2, sin que le permitieran ausentarse para llevar la cuarentena.
“Se seguían manejando guardias, la agencia nunca se cerró, teníamos que ver las ventas y el mínimo de ventas que debíamos hacer al mes. Me estuvieron presionando, pero durante abril no logré realizar ninguna venta y en mayo me entregan un oficio en el que me indican que me debo salir de la empresa por dos meses, que no se me va a dar sueldo, no se me comisionará y no podré hacer nada, porque no se metieron ventas a causa de la contingencia”, indicó Lugo León.
La situación se tornó difícil para Verónica, que tiene tres hijas pequeñas y su mamá, quienes dependen de ella, por lo que decidió demandar a la empresa para que la liquidaran conforme a la Ley. Tras casi dos meses, el tema se resolvió ante un procedimiento abreviado sin que recibiera el 100% de lo que le correspondía, y a la fecha la empresa no le ha entregado carta de recomendación, haciendo más complicado conseguir empleo.
“Uno trata de ser fuerte y que no le afecte por la familia y para tratar de sobrellevar y poder continuar, pero la verdad todos los que demandamos nos vinimos abajo, muchos tenían miedo de continuar con la demanda, de que ya no pudieran ser contratados por otra empresa, todos tratamos de ayudarnos porque a veces no teníamos ni para la gasolina durante el proceso, fue una situación muy difícil”, reiteró Lugo León.
Por otra parte, el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (Isesalud) cuenta con una demanda laboral por despido injustificado de Eduardo Lule Quiñónez, enfermero por contrato en el Hospital General de Mexicali, luego de intentar solicitar servicios médicos para todos los compañeros que no son parte de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado en Baja California (FSTSEBC)
En entrevista, Lule compartió que al no ser parte del sindicato y ver cómo sus compañeros iban enfermando, tuvo la idea de reunir a varios de sus colegas que trabajan por contrato para que le entregaran un talón de cheque de nómina, generando una base de información y así solicitar al titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico, les brindaran atención médica en el ISSSTE como a los empleados de base.
La solicitud de esta información a sus compañeros, la hizo a través de un grupo en redes sociales y, para el 7 de julio, Rodrigo García Carrasco, apoderado legal de Isesalud, le prohibió la entrada al hospital y le entregó una carta de despido, alegando que en horas de trabajo acudía con sus compañeros para solicitarles información. Cuestión que es negada por Eduardo Lule, quien argumentó que al ser un hospital COVID, no es posible andar de un lugar a otro como se le acusa.
Lule Quiñónez, quien desde hace seis años trabaja como enfermero del Hospital General de Mexicali, solo quiere se le devuelva su empleo porque con este despido, -que señala como una represalia por parte de Isesalud y FSTSEBC por intentar solicitar una mejor oportunidad laboral- se ha quedado sin ahorros y su esposa e hijos dependen de su salario.
Cuestionado sobre el tema, el secretario Alonso Pérez Rico refirió que el tema debe ser resuelto por el departamento jurídico, sin embargo, al solicitar una entrevista, se negaron a emitir algún posicionamiento.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
NO HAY CONTROL EN EMPRESAS POR SS O STPS
El 27 de julio se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se Da a Conocer el Medio de Difusión de los Criterios para las Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad, con el que se estipulan ciertas modificaciones para las personas consideradas de riesgo y que al cumplir con estos nuevos criterios, podrían volver a su trabajo antes de que el semáforo esté en color Verde.
Cabe mencionar que en su Artículo Segundo, inciso a), el primer acuerdo -publicado el 24 de marzo- consideraba como población de riesgo a adultos mayores a 65 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad y quienes padecieran enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica y enfermedad cardiaca; quienes no podrían regresar a trabajar y deberían mantener su goce de sueldo y demás prestaciones.
“Es uno de los escenarios más comunes en los que hay denuncias, donde nos indican que les llamaron de sus trabajos aun cuando son personas vulnerables. Es cuestión de explicarle a los trabajadores y a las empresas los criterios bajo los cuales podría llamarles a los empleados que son población de riesgo”, indicó Pérez Rico, titular de la Secretaría de Salud del Estado.
Puso como ejemplo que en personas con obesidad, diabetes o hipertensión se tendrá que hacer una valoración previa para establecer si estas enfermedades están controladas y entran en lo que indican los nuevos criterios, de ser así, los trabajadores podrán volver a sus actividades según lo que indica el acuerdo publicado por el DOF.
Pérez Rico agregó que todavía han detectado algunas empresas que no han respetado los acuerdos, pero solo han suspendido las operaciones de dos de 40 empresas que se han inspeccionado desde el inicio de la pandemia.
“El criterio de vulnerabilidad ha cambiado mucho porque al principio nadie regresa en Verde, luego en color Amarillo y ahorita en Rojo, pero hay que tener un criterio de vulnerabilidad. Una persona puede ser hipertenso descompensado y no regresa a trabajar o ser compensado y volver en semáforo Rojo”, aseguró el secretario, añadiendo que los estudios quedarán a cargo de cada una de las empresas, ya que deben contar con un médico interno.
Pese a lo declarado por el funcionario de Salud, los criterios publicados el 27 de agosto no refieren que en la mayoría de personas con comorbilidades podrán regresar a trabajar de manera presencial hasta que el semáforo esté en Verde o Amarillo, en casos de semáforo Rojo -como el que permanece en BC- deberán hacer teletrabajo desde casa.
Asimismo, se contactó al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Sergio Moctezuma Martínez López, quien destacó que a la fecha no cuentan con información sobre la cifra de empleados que eran población de riesgo y fueron retirados de sus labores, porque es una estadística que no les interesa para objetivos de la Secretaría, aunado a que muchas empresas se negaron a brindarles ese tipo de información.
“No llevábamos ese dato estadístico porque nos interesaba tutelar la salud de los trabajadores que aún estaban expuestos, que eran los que estaban trabajando y seguían laborando. El resto ya estaba en casa, por eso no le presté atención a recabar el dato de cuantos empleados de riesgo habían enviado, porque a mí ese dato ya no me interesaba. El dato que fui obteniendo era de los trabajadores que habíamos enviado a resguardo domiciliario”, indicó el titular de la STPS.
Entre el 7 de abril y el 10 de septiembre, 750 empresas no esenciales fueron cerradas -60 ya reactivadas-, en las que se concentraban 84 mil 923 empleados.
Respecto a las demandas, van 4 mil 992 del 1 de junio al 10 de septiembre por cuestiones como falta del pago de finiquito, reinstalación, prima de antigüedad, pago de vacaciones y pago de reparto de utilidades, pero no tienen conocimiento de cuántas son específicamente por temas relacionados a COVID-19..
Martínez López informó que hay 103 denuncias en contra de 63 empresas -principalmente maquiladoras- por trabajadores que manifiestan ser vulnerados por sus empleadores, quienes les exigen volver aun cuando son población de riesgo, pero al no convertirse en demandas, no se inicia algún proceso.
Sobre las inspecciones que se estuvieron realizando durante las semanas más activas de la pandemia, compartió que continúan llevándose a cabo, pero no se han superado las 2 mil inspecciones, principalmente porque no cuenta con el suficiente número de inspectores para abarcar todas las empresas que hay en BC. Además, semanas atrás varios trabajadores de la STPS estuvieron en cuarentena tras dar positivo a coronavirus.
