Tras la destitución de cinco legisladores de oposición en el Congreso de BCS, por mayoría morenista, el proyecto de 4 mil millones de pesos para dotar 250 litros por segundo para los residentes de Cabo San Lucas está en veremos. En Puerto Nuevo, sistema pluvial mal planeado dañó un muro de contención, poniendo en riesgo a familias vecinas luego de las recientes tormentas
Más de 4 mil millones de pesos de inversión en una desaladora para la comunidad de Cabo San Lucas están en juego luego que la obra fuera aprobada en el Congreso de Baja California Sur, sin embargo, podría ser invalidada por el conflicto jurídico que se vive al interior de la Cámara legislativa.
Suplentes de los cinco diputados destituidos por mayoría morenista aprobaron el proyecto que pretende potabilizar a través de la desalación de agua de mar, produciendo alrededor de 250 litros por segundo para los habitantes.
Pese al conflicto y división que actualmente se vive en el Congreso de Baja California Sur, la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, ignoró la recomendación del Consejo Coordinador Empresarial Cabeño (CCC) de “no hacerse de la vista gorda” y esperar a que se solucione el tema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Contrario a ello, la funcionaria asistió a la sesión en la que se daría la lectura y aprobación del proyecto.
“Como Ayuntamiento hicimos un trámite institucional a través de la Junta de Gobierno, Cabildo lo aprobó por mayoría y el trabajo correspondiente fue llevarlo al Congreso del Estado, se recibió y ya lo trabajamos en dos mesas con las comisiones, a bien el poder de la redacción de un dictamen y presentarlo al pleno. Una vez llevado eso, lo presentamos ante el pleno, estamos en derecho como ciudadanos y como gobierno municipal a que sea claro, transparente y sobre todo justo”, argumentó la presidenta municipal.
Julio Castillo Gómez, titular del CCC, respondió instantáneamente y con Castro a su costado, expresó que la aprobación de la obra no puede ser justa si no es legal, además de reconocer que hay un conflicto ante la SCJN y debe resolverse antes que aprobar un proyecto que lleva años impulsado por los empresarios.
“Como Consejo no le vamos a pedir ni al Ayuntamiento, ni al gobernador o Ejecutivo estatal o federal, que viole la Ley para que salga la desaladora, porque está de por medio el Estado de Derecho. No podemos fincar un derecho estable, sólido, armonioso y justo, si las cosas se erigen violando la Ley”, lanzó Castillo Gómez.
La apuesta del organismo que dirige es emprender los procedimientos con legalidad y transparencia, “que entiendan que se tienen que poner de acuerdo, que no provoquen para que la Ley se viole, no vamos a apoyar ninguna postura que tenga que ser con violar la Ley. No la vamos a apoyar, ni la vamos a pelear, al contrario: le pediríamos al Ejecutivo estatal, municipal y federal, no violen la Ley y no se hagan de la vista gorda”, sentenció.
En su opinión, el tema debe ser resuelto por la SCJN o mediante un acuerdo entre diputados en conflicto, que sean los ciudadanos los menos afectados y la raja política se ponga de lado.
“Es un tema que tiene que resolver el Congreso, que se tienen que poner de acuerdo y hay un poder más metido en esta variable, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que todos tenemos que respetar, incluido los diputados. Ellos no se salvan de respetar la Ley, son diputados para respetar la Ley, deberían ser los primeros en respetar Ley y que nos pusieran el ejemplo de cómo se respeta por encima de un interés personal o grupal”, indicó el dirigente del CCC.
Pese a la Ley y las opiniones de los empresarios, el grupo de 13 diputados de Morena, Partido del Trabajo y aliados determinaron llevar a cabo la sesión, descrita como “una jornada muy productiva para la comunidad de Cabo San Lucas, hoy se aprobó por este pleno por mayoría absoluta prácticamente, la desaladora para producir 250 litros de agua en bloque, y se aprobó también un proyecto para el manejo integral de gestión, donde se van a rehabilitar 14 kilómetros de tubería, se van a realizar 142 mil tomas domiciliarias, 142 mil micro medidores; estamos dando agua a Cabo San Lucas y es el compromiso por hacer bien las cosas para Baja California Sur”, expresaría Ramiro Ruiz Flores, diputado presidente de la Junta de Gobierno del Congreso.
El martes 1 de septiembre, el Tribunal Colegiado del Vigesimosexto Circuito declaró infundada la queja presentada por diputados de Morena que integran la Comisión instructora de juicio político, esto en contra de la suspensión provisional de amparo concedida a ocho diputados de PAN-PES-PRI-PRD-Humanista para no ser destituidos del cargo en el procedimiento de juicio político 02/2020, medida que causaría conflictos jurídicos en la planta aprobada.
“La suspensión otorgada el 14 de agosto de 2020 por el Juez Segundo de Distrito, licenciada Nadia Socorro Moreno Jiménez, está apegada a derecho y en consecuencia están vigentes todos sus efectos jurídicos, consistente en evitar que el Congreso del Estado se abstenga de dictar la resolución definitiva dentro del juicio político 2/2020 que se les sigue a los ocho diputados. Desechada la queja, la cual ya no admite un recurso de revisión, solo queda determinar a la justicia federal; si el Congreso del Estado integrado por una mayoría de 13 diputados de Morena, PT y aliados como autoridades responsables, cumplieron o no con la suspensión de amparo”, refirió el grupo de ocho diputados.
Al destituir ahora a cinco legisladores y amonestar a tres más, cabe la posibilidad de que los 13 diputados morenistas terminen por incurrir en desacato, lo cual implicaría una falta grave y por ende serían sujetos a la imposición de sanciones penales de tres a nueve años de prisión, incluso la destitución e inhabilitación por el mismo periodo para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.
TORMENTAS EVIDENCIAN INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE
El huracán “Genevieve” evidenció una vez más el trabajo desempeñado por las autoridades en la construcción de un muro de contención en la zona de Puerto Nuevo en Cabo San Lucas, que junto con el de Chulavista, costó alrededor de 60 millones de pesos. No obstante, la alcaldesa cabeña Armida Castro celebró la obra federal:
“En plena temporada de huracanes -con las medidas de protección tomadas de un año a la fecha- vamos a poder tener un menor daño en el impacto a las viviendas en los fraccionamientos Chulavista y Puerto Nuevo. Trabajo coordinado que habla de la urgencia que tenemos por garantizar la vida de la ciudadanía en cualquier contingencia, con una cultura de protección civil donde nos sumamos todos”.
Durante el paso de “Genevieve”, la obra de retención del Arroyo El Zacatal en Cabo San Lucas sufrió afectaciones en cierta parte, con un socavón que puso en riesgo la obra.
Con facilidad, el Ayuntamiento de Los Cabos responsabilizó del daño ocasionado a la obra de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “esta parte final lamentablemente sufre daño de socavamiento, porque va a ser la continuación del trabajo, quedó digamos ahorita solventado solamente lo que es Puerto Nuevo. Hicimos los recorridos, las evaluaciones y los muros como tal; el Arroyo Zacatal no presentó daño alguno, salvo esta situación que es la parte final, que es aguas abajo, la cual sufre este socavamiento. Conagua ya estuvo viendo los trabajos pertinentes”, declaró Erick Santillán, director de Protección Civil Los Cabos.
La Conagua efectuó un recorrido por la zona para analizar los daños y detectar el problema en la zona de Puerto Nuevo. La afectación a la obra desarrollada por la empresa ABQ, SA de CV fue responsabilidad de una tubería, un tipo de drenaje pluvial que se inventó el Ayuntamiento de Los Cabos para “ayudar a la ciudadanía”. Lo cierto es que vulneró el muro y el resultado pudo ser peor.
“La afectación no fue propiamente por el escurrimiento que pasó por el cauce del Arroyo El Zacatal, el problema fue que metieron una tubería y un drenaje pluvial en la colonia del margen izquierdo del cauce y lo descargaron exactamente donde termina la obra de canalización. Al descargar el agua de ese drenaje pluvial, empezó a socavar esa parte, pero no por agua que estaba escurriendo por el arroyo, lo que se hizo ahora, ya se está trabajando con la corrección, es corregir ese tubo, esa descarga que va directamente al empotramiento de la terminación del muro de la canalización, y eso va a evitar que vuelva a generar ese problema”, reconoció Justo Cardoso García, director local de la Conagua.
En lo que refiere al tercer responsable del daño a la obra de encauzamiento, Cardoso confirmó que lo más seguro es que sea una obra mal ejecutada por el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) Los Cabos, poniendo en riesgo el bordo de contención que protege a las familias de Puerto Nuevo.
“Lo más seguro es que es el Sistema Operador de Agua Potable, podría ser que su obra la dejaron mal canalizada, mal encauzada, fue la que nos generó ese problema, pero lo estamos investigando”, informó Justo Cardoso.
Pese al mal trabajo hecho al parecer por el OOMSAPAS Los Cabos, la obra resistió gracias al buen trabajo realizado por la empresa encargada del proyecto de retención con recursos de la Conagua.
“Como es en la parte final ya no tenemos vecinos de Puerto Nuevo y no se pone en riesgo a los vecinos, más que nada porque la parte digamos interesada o que nos importaba, que era cubrir la parte de los vecinos del fraccionamiento de en frente, está terminada, la ingeniería sí cumplió con el cometido con el que fue hecho”, reiteró el director de Protección Civil Los Cabos.
Por su parte, la Conagua insiste en que el problema no fue la obra desarrollada en la canalización del arroyo, sino un tubo que intentaron colocar como drenaje pluvial, “fue en el remate del muro y se debió a la fricción por socavación que formó la descarga del agua pluvial que descargaron directamente a esa parte del muro, un tubo de 24 pulgadas, es bastante agua. Ese fue el motivo por el cual se tuvo ese problema, ya se hizo la revisión, la empresa ya está trabajando con la corrección, está compactando, volviendo a corregir toda esa parte, incluso está haciendo algunas nivelaciones en la parte de la banqueta de lo que es el muro”, remató el encargado de la Conagua a nivel local, misma que ya investiga de quién es la obra para llamar la atención y solicitarles no vuelvan a aplicar adecuaciones sin planeación, al generar problemas en el muro.
SIN AGUA Y SIN AYUDA
El Ayuntamiento de Los Cabos se sigue “haciendo de la vista gorda” de las necesidades de sus habitantes, el padecimiento en el servicio de agua potable es el Talón de Aquiles. La propia alcaldesa recurrió a otros gobiernos a tratar de resolver, pero metiéndose en un tema jurídico, como es el conflicto en el Congreso del Estado.
“No tenemos agua en toda la (colonia) Leona Vicario, necesitamos que la presidenta se ponga las pilas, nos dice que nos van a dar agua y mandan pipas que cobran muy caro por un botecito, ahora están tirando quien sabe cuántos miles de litros, eso es criminal, mientras nosotros no tenemos agua y cómo le hacemos”, denunció Eréndira Martínez Valles, habitante de la colonia.
Los Cabos es el municipio que mayor recauda en consumo de agua potable y el que mayor apoyo recibe de los gobiernos estatal y Federal, por tratarse de uno de los destinos turísticos más importantes del país.
Pese a esa imagen de primer mundo, sus habitantes padecen de agua en sus viviendas e irónicamente se arrojan seis mil litros por segundo de desfogue de la presa La Palma de Cabo San Lucas, agua que pudiera ser aprovechada.
“Se hicieron los trabajos desfogue la semana pasada, miércoles y jueves, personal de Conagua empezó a hacer un desfogue paulatino de la presa La Palma, esto más que nada que es una presa que estaba al 100%, y con la amenaza de la tormenta tropical ‘Hernán’ corríamos el riesgo de que llegara a sobrepasar la capacidad. Se llega a la decisión de llevar un desfogue programado, para hacer un vaciado parcial y tener una buena contención y la presa haga su función”, reveló Erick Santillán, de Protección Civil Los Cabos.
Mientras los habitantes no tienen agua potable, el Gobierno Federal aportó 4 mil millones de pesos para una desaladora sin revisar otras alternativas, como el aprovechamiento de millones de metros cúbicos que se han liberado de la presa La Palma. En lugar de optar por una obra para aprovechar el agua que requiere menos tratamiento, el Ayuntamiento de Los Cabos prefiere meter un procedimiento a un Congreso de BCS que jurídicamente está impedido.
La desaladora a la que apuesta el gobierno de Armida Castro aportaría 250 litros por segundo, la presa libera 6 mil litros por segundo, agua suficiente para surtir a todo el Estado.
“Estamos desfogando 6 mil litros o 6 metros cúbicos por segundo, se está desfogando la presa, la intención es que baje el 50% para que tenga capacidad para regular el escurrimiento de precipitaciones que se pueden presentar en la parte alta de la montaña, de la manera en que ya estaba llena no se puede regular para cumplir con el objetivo de esta presa, además infiltrar subsuelo. Lo que estamos haciendo es desfogar para que tenga espacio, para que pueda otra vez regular, en caso que se nos presente una precipitación como la que ya se presentó”, añadió Justo Cardoso desde la Conagua local.
Sin duda la cantidad de agua desfogada de la presa es un desperdicio que nadie pensó en aprovechar, “tenemos desde la semana pasada desfogando, ya hemos bajado alrededor de dos millones y medio de volumen de agua de la presa La Palma, es otra obra de agua potable que son las que se van a apoyar con recursos de Fonden (Fondo de Desastres Naturales) para reconstruir tuberías, que sí tuvieron varias afectaciones y son infinidad de obras. Estamos hablando de cerca 28 millones, que es lo que presupuestó el Organismo Operador y que estaba pidiendo apoyo de recursos del Fonden”, finalizó el director local de la Conagua.
Pese a su gran recaudación, el OOMSAPAS Los Cabos está solicitando apoyos que no se sabe en qué están invirtiendo, ya que los ciudadanos siguen careciendo del servicio de agua potable.