El primer semestre de la pandemia en Baja California se ha vivido con datos a medias por parte de la autoridad estatal. Desde la falta de insumos y suministros al Sector Salud denunciados por personal, hasta la escasez de medicamentos y cifras reales de contagios y decesos que se han dado en la región
Hasta la mañana del jueves 17 de septiembre, la Secretaría de Salud en Baja California informó sobre 18 mil 423 casos confirmados a COVID-19, 275 casos activos y 3 mil 360 decesos.
Seis meses atrás, el 17 de marzo, el secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico confirmó los primeros dos casos importados: dos mujeres de Mexicali de 54 y 58 años, respectivamente, quienes habían viajado a Estados Unidos. Dos días después se daría la noticia del primer caso positivo en Tijuana, también por importación a su regreso de un viaje en la Unión Americana.
Desde entonces fue clara la instrucción del gobernador Jaime Bonilla Valdez respecto a los medios de comunicación. “Realizo un llamado para no consultar a medios de información no acreditados y que difundan información no verídica, no caigamos en pánico”, rezaba el discurso de Pérez Rico, después de informar los primeros casos confirmados.
A partir de entonces, devino una serie de cuestiones ampliamente documentadas por ZETA, todas con el común denominador de falta de transparencia por parte del gobierno estatal al momento de informar.
Desde la nula capacitación y entrega de suministros de Equipo de Protección Personal (EPP) a personal médico tanto de la Secretaría de Salud como del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el exceso de pacientes hospitalizados que fueron atendidos sentados en las sillas de salas de espera del Hospital General a falta de camas y la posterior falta de medicamentos que tenían que adquirir por su cuenta los familiares.
Además, los decesos no documentados por la Secretaría de Salud, entidad que maquilló las cifras para hacer parecer que en BC había menos muertes por COVID-19, al punto que por medio de su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, la administración estatal prohibió al Registro Civil de la entidad y de cada municipio, dar información acerca de las muertes que se estaban registrando, sin dejar pasar que el IMSS tiene más de 11 mil pruebas positivas sin capturar en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (Sisver), por lo que la cifra de positivos es mayor a la que se informa.
INCREMENTAN CASI 6 MIL 700 CASOS ENTRE JULIO Y SEPTIEMBRE
Pese a que a mediados de junio el secretario Pérez Rico afirmó que en Tijuana “ya se le rompió la espalda al COVID”, las cifras mostraron lo contrario, ya que entre el 17 de julio y el 17 de septiembre, los últimos tres meses de lo que lleva la pandemia, hubo un incremento de 6 mil 696 casos nuevos en todo BC. En Tijuana hubo un aumento de 2 mil 446, luego siguió Mexicali con 2 mil 209 más casos y Ensenada con mil 214 casos nuevos; el resto quedó distribuido entre Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe.
Aunado a este incremento de casos positivos al virus SARS-CoV-2, los casos activos -aquellos que han dado positivo en los últimos 14 días- nunca se han quedado a la baja, aun cuando en las últimas semanas de agosto estuvieron en el rango de los 400 diarios, y desde que inició septiembre, han incrementado por arriba de los 500 y 600 casos activos por día. En el caso de Tijuana, de un promedio de 83 casos activos diarios en julio, pasó a tener un promedio de 236 en septiembre.
Por otra parte, la información que proporciona el secretario de Salud sigue sin coincidir, como el caso de personas que han sido hospitalizadas y han dado positivo a la prueba PCR para detectar el virus que provoca la enfermedad COVID-19.
En fechas recientes, el 14 de septiembre se informó que había 170 pacientes COVID internados en alguno de los hospitales reconvertidos, pero al momento de informar los pacientes que estaban en la Secretaría de Salud (110) e IMSS (149), daban un total de 259 hospitalizados.
En su presentación diaria, Pérez Rico informa la incidencia por mes registradas en Sisver, argumentando que del 15 de agosto al 15 de septiembre han sido 2 mil 64 nuevos casos, cuando la información que ha dado todos los días, muestra que el incremento ha sido de 3 mil 71 casos, mil más de los que reporta en el último mes ante la plataforma nacional.
Aspectos generales a las a fueras del Hospital Regional No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
BC, CON EXCESO DE MUERTES; IMSS, CON MAYOR LETALIDAD
Este hecho se repite en muertes que se reportan entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre. El titular de la Secretaría de Salud afirma que son 341 nuevas defunciones, pero al comparar las cifras de estas fechas con la información brindada diariamente, resulta que han sido 435, casi 100 muertes borradas de ese listado de la plataforma nacional.
Al cuestionar a Pérez Rico sobre esta situación que viene ocurriendo desde meses atrás, justificó el incremento de defunciones en que se han reclasificado según tengan prueba positiva.
“Las cifras que estamos dando todos los días son los casos nuevos, son los que fallecieron un día antes y cuando ya la información va para datos estadísticos como el Sisver que se reportan en plataforma. Se clasifica por la fecha de fallecimiento. Ejemplo: si un día tengo diez casos nuevos de personas que perdieron la batalla, si ocho no han sido confirmados, solo se pueden reportar ante Sisver hasta que tengan el resultado positivo y se clasifica según la fecha de fallecimiento; y ahorita el Cojuve (Consejo de Jurisdicción de Vigilancia Epidemiológica) está determinando de qué falleció el paciente y se irá sumando a la fecha en que haya muerto”, refirió.
El 5 de septiembre, Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), informó que en México existe un 59% (122 mil 756 fallecidos) de exceso de muertes de las que podría haber casos relaciones directa o indirectamente con la COVID-19.
En la información presentada, destacó que Baja California cuenta con un exceso de mortalidad entre las semanas epidemiológicas de la 18 a la 21. Al solicitar información a la Secretaría de Salud estatal, hasta el cierre de esta edición (jueves 17 de septiembre) no brindaron información.
Sin embargo, el Proyecto Li -creado por el equipo de transparencia de Redes Quinto Poder IDEA- recolectó información del Registro Nacional de Población (Renapo) en el que se señala que al 31 de julio, BC ha registrado 2 mil 747 muertes confirmadas por COVID-19, pero tiene un exceso de 6 mil 112 decesos adicionales que no ha sido confirmada la causa, por lo que la cifra en el Estado podría ser mayor a la reportada hasta el momento.
Hasta el 13 de septiembre se tenía conocimiento que en Baja California el 59% (mil 943) del total de muertes por COVID-19 ocurrieron en algún nosocomio del IMSS y el 37% (mil 237) en un hospital de la Secretaría de Salud.
Al entrevistar a Desireé Sagarnaga Durante, delegada del IMSS en Baja California, acerca del motivo por el que hay más muertes en el Instituto, refirió que es a causa de tener el 70% de derechohabientes en la entidad, en comparación de los que atienden los hospitales de la Secretaría de Salud.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
SIN PROTOCOLO PARA DETECTAR BROTES DE COVID-19
Desde el 1 de junio, Baja California se ha manejado en un doble discurso respecto al sistema de semaforización que se estableció en todo el país. Por una parte el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, ha sostenido que verá por la seguridad de los bajacalifornianos y no permitirá que la entidad pase a color Naranja -como la Federación ha clasificado al Estado-, porque no cuentan con los indicadores suficientes y quieren “evitar” un mayor brote de contagios. Y por otra parte, ha permitido la apertura de todas las actividades no esenciales, incluyendo las Jornadas por la Paz que encabeza.
La condición para permitir la apertura de ciertas actividades era respetar una serie de medidas protocolarias avaladas por la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo y la Secretaría de Salud. De no acatarlas, los establecimientos tendrían que cerrar, igual ocurriría en caso de detectar alguna cadena de contagio.
Según el secretario Alonso Pérez Rico, llevan un estudio epidemiológico en cada paciente que acude con síntomas de coronavirus y así detectan cadenas de transmisión en las colonias o los empleos, generando posteriormente acciones como perifoneo para buscar la disminución de contagios.
Pero a tres meses del inicio de estas actividades no esenciales, ni la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) encabezada por David Gutiérrez Inzunza, o la Dirección de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Tijuana a cargo de Alfonso García Dworak, han clausurado establecimientos comerciales, de comida o recreativos a causa de un posible brote.
Las clausuras y sanciones se han dado por motivos distintos -explicaron cada uno de los titulares de las dependencias-, como el exceso de aforo mayor al 30% en restaurantes o el cierre después de lo permitido en algunos establecimientos.
Además, desde hace tiempo el Aeropuerto Internacional de Tijuana dejó de implementar el protocolo a la llegada de pasajeros provenientes de otros estados o países. Aun cuando Pérez Rico afirmó que sí se están aplicando medidas preventivas, pasajeros entrevistados a su llegada la ciudad, informaron que no se les tomó la temperatura ni se les hicieron preguntas acerca de su estado de salud.
Aspectos de la ciudadanía portando cubre bocas debido a la pandemia por COVID 19.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, PASIVO ANTE CONTINGENCIA
Uno de los puntos de mayor concentración de personas en Tijuana y en los que la Secretaría de Salud considera mayor riesgo de contagio es el transporte público, el cual no ha sido regulado hasta la fecha por autoridades locales, bajo la excusa de que ahora es competencia del Estado y no del Ayuntamiento. Sin embargo, el reglamento vigente sigue siendo el municipal, ya que el del Instituto de Movilidad de Sustentable (IMOS) no ha sido publicado.
Entrevistado al respecto, el regidor y presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte, César Adrián González García, refirió: “No hemos hecho un punto de acuerdo porque estamos en un limbo legal, porque cierta autonomía la tiene el Estado, ellos son los que dirigen el transporte y nosotros estamos como un apoyo del IMOS. Es por eso que todavía no está muy claro que nos va a tocar”.
Al señalar que el reglamento vigente sigue siendo el municipal, y este no indica alguna regulación con respecto a la pandemia -detectando que en las horas pico los camiones y taxis llevan más pasaje del autorizado ni tampoco todos los pasajeros portan cubre bocas-, el representante del Partido Verde Ecologista de México dijo que no está revisando el tema del transporte al día, por lo que se comprometió a subir un punto de acuerdo en la siguiente sesión de Cabildo para que el reglamento se adecue con base en la pandemia que lleva seis meses golpeando a los tijuanenses.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora/ZETA
CANIFARMA DESMIENTE A SECRETARÍA DE SALUD EN DESABASTO DE MEDICAMENTOS
Fue a principios de agosto cuando personal médico del Hospital General de Tijuana (HGT) denunció que al interior del nosocomio había escasez de medicamentos, por lo que tenían que pedirle a los familiares de los enfermos de COVID, acudir a comprar su propia medicina. Hecho que el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, calificó como “un problema de comunicación”, asegurando que no había desabasto, pero aceptando que algunos medicamentos, principalmente relajantes, no se iban a conseguir porque no había existencia en todo el país.
Entrevistado sobre este punto, Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) indicó que la sobredemanda solo existió en algunos medicamentos de los que se llegó a decir que podrían curar la COVID-19 y que el público en general salió a comprarlos.
“Salvo esos casos, el abasto de los medicamentos, en cuanto a la fabricación, ha sido lo que se ha requerido en la industria, la cual ha seguido trabajando al 100%. En algunos casos hubo problemas en la cadena de abasto porque la materia prima que se traía de países como China o India, se pararon las cadenas de producción por el mismo tema de la pandemia, y por lo tanto, se tuvo que cambiar de proveedores; pero en general no ha habido desabasto de un producto en particular”, resumió.
AÑO PODRÍA CERRAR CON CERCA DE 30 MIL ENFERMOS DE COVID-19: PÉREZ RICO
El panorama para los siguientes tres meses en Baja California -según el pronóstico de Alonso Pérez Rico- es que la tendencia será de 120 casos diarios, por lo que al multiplicar dicha cantidad por los siguientes 90 días, da 10 mil 800 pacientes COVID adicionales a los 18 mil 423 que se tienen registrados a la fecha. Sin tomar en cuenta los contagios adicionales que se den con la llegada de la temporada de influenza.
“Si me preguntas este mes cómo vamos a cerrar, de 100 a 120 pacientes positivos por día en Baja California, transpola eso a 30 días y estamos hablando de aproximadamente 3 mil pacientes por mes, y en ese escenario es lo que vamos a promediar. La proyección de Baja California para cerrar este año de casos adicionales serían 3 mil por mes, porque eso indica la estadística ahorita”, auguró el funcionario estatal.
Una vez que llegué la época invernal, los casos incrementarán porque cualquier persona con síntomas será catalogada como posible COVID. Asimismo, se espera la dualidad de COVID e influenza.
Secretario de Salud en Baja California acumula tres investigaciones por tema de licitaciones
Alonso Pérez Rico, titular de la Secretaría de Salud en Baja California y mano derecha del gobernador Jaime Bonilla Valdez, tiene en su historial dos denuncias ante la Secretaría de Honestidad y la Función Pública del Estado por prometer licitaciones a particulares después de tomar protesta como funcionario estatal en la actual administración; además de la investigación que inició la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California, luego que se hizo pública una denuncia penal por el delito de fraude interpuesta en su contra el 17 de agosto ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR).
Fue la delegada del IMSS, Desireé Sagarnaga Durante, quien el 11 de septiembre confirmó que se vio obligada por el Artículo 62 de la Ley de Responsabilidades Administrativas a solicitar al Órgano Interno de Control iniciar una investigación para deslindar de responsabilidades, asegurando que no tiene conocimiento del avance que se tenga, ya que su función solo fue solicitarla, pero no darle seguimiento.
La investigación se solicitó el 27 de agosto, diez días después que la demanda fue interpuesta por Ramón Alejandro Treviño Ávalos, Alejandro Treviño Fisher y David Geovany Galván Torres, socios de la clínica Hemodiálisis del Noroeste, quienes acusan a Pérez Rico y a Miguel Ángel Ruvalcaba -sobrino del diputado priista David Ruvalcaba- de haberles defraudado al pedirles 100 mil dólares -de los que entregaron 61 mil 120- y el 10% de ganancias a cambio de ganar licitación 2019 del Servicio de Subrogación de Hemodiálisis del IMSS Ensenada.
No es la primera vez que Alonso Pérez Rico es señalado e investigado en temas de licitaciones. La titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública en Baja California, Vicenta Espinoza Martínez, confirmó que en diciembre de 2019 un hombre y una mujer presentaron una denuncia por separado en contra del secretario de Salud por irregularidades en la información de licitaciones.
“(Las denuncias) Fueron sobre unas licitaciones que estuvieron presentando, ahí al parecer fueron una serie de irregularidades pero finalmente se está investigando, nosotros tenemos el compromiso de investigar, son dos denuncias de casos distintos: una de una mujer anónima y otra de un hombre. Mencionan que hubo información privilegiada para otros proveedores para licitaciones de la Secretaría de Salud del Estado”, indicó la funcionaria.
Compartió que se abrieron investigaciones porque no cuentan con mayores elementos más que lo dicho por los denunciantes, que es lo único que traen hasta el momento, y esta semana se determinará si las denuncias pasarán a sustanciación o si por falta de elementos quedarán desechadas.
Respecto a la investigación que levantó el IMSS, manifestó que sí la recibieron, pero al tratarse de un tema de carácter federal, fue enviado a la Secretaría de la Función Pública de la Federación para que hagan lo propio y continúen el trabajo que corresponde.
