Primero contra empresas y empresarios, y posteriormente incluso contra el Aeropuerto, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en el gobierno de Jaime Bonilla se ha convertido en el instrumento de presión. Ahora, desde esa institución presionan políticamente al titular del Ayuntamiento de Tijuana. Clausuraron los servicios médicos municipales, y el caso se encuentra denunciado ante tribunales por la Consejería Jurídica Municipal. Más de 9 mil empleados sin seguridad médica. En DIF, la síndico de Tijuana clausuró bodegas que tienen más de 2 mil despensas, más de mil botellas de agua, alimento para bebés, pañales, catres, cobijas y productos que se no se pueden entregar; pero no ordenó el cierre de las bodegas -en igualdad de condiciones-que almacenaban, en DIF Tijuana, las despensas del Gobierno del Estado
En las últimas dos semanas, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) procedió de manera reiterada contra el Ayuntamiento de Tijuana. Después de caracterizarse por suspender operaciones en empresas con adeudos al Gobierno del Estado, encabezado por Jaime Bonilla Valdez, en este caso el blanco de la Comisión ha sido la administración municipal de Arturo González Cruz, con quien el mandatario estatal sostiene diferencias.
Síndica Procuradora María del Carmen Espinoza Ochoa, en compañía del Comisionado de COEPRIS David Ignacio Gutiérrez Inzunza.
El lunes 14 de septiembre, el organismo a cargo de David Gutiérrez Inzunza clausuró tres bodegas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), producto de una inspección emprendida en conjunto con la síndico procuradora del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, María del Carmen Espinoza Ochoa. La revisión tuvo que ver con supuestas denuncias en materia de retención de despensas y productos caducos.
Tanto en las instalaciones de DIF como en dos centros comunitarios (“María Elvia Amaya de Hank” y “El Chamizal”), la Coepris procedió a colocar sellos de suspensión por el hallazgo de artículos supuestamente vencidos.
En el caso de los centros comunitarios, se trató de medicamentos y golosinas, respectivamente.
El viernes 18, en un operativo emprendido de la mano de Sindicatura, la Comisión suspendió operaciones en la delegación Presa Este, bajo el argumento de tener almacenado material inflamable (archivo muerto) y paquetes de agua embotellada colocados en lugar inadecuado.
El martes 22, ambas instancias se hicieron presentes en la Dirección Municipal de Salud, encabezada por Juan Carlos González Valle, y en vista de que el centro de servicios médicos no contaba con licencia sanitaria, como tampoco con aviso de funcionamiento, la Coepris dispuso suspender temporalmente las instalaciones. Además de la falta de esa documentación, halló medicamento caduco en un refrigerador donde también había alimento depositado en un contenedor de plástico.
Estas acciones encabezadas por Sindicatura y la Coepris se dieron en un contexto de fricciones entre el gobernador y el alcalde González Cruz, las cuales iniciaron con señalamientos del mandatario estatal contra el munícipe sobre presuntos actos de proselitismo.
“No se vale que estén haciendo campaña en otras ciudades. Creo que bastante trabajo y bastantes problemas tenemos en Tijuana como para andar haciendo comidas en Ensenada, reuniones en Mexicali, aparecerte por allá en Rosarito”, sostuvo el gobernante bajacaliforniano a finales de agosto en alusión al primer edil tijuanense.
Por lo que respecta a las intervenciones de la Coepris contra el Aeropuerto y el hospital Sanoviv, el inmueble aeroportuario tenía una deuda con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) y el centro médico también adeudaba a esta.
El 22 de junio, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), al que pertenece el Aeropuerto Internacional de Tijuana, pagó 32 millones 427 mil 921 pesos a la en razón de cinco años de cuentas pendientes por suministro de agua. Previo al saldo de la deuda, el 17 del mismo mes, la Coepris clausuró el estacionamiento, cocinas y sanitarios del inmueble, además de establecimientos comerciales ubicados en su interior.
En lo referente a Sanoviv, fue clausurado por la Coepris el 17 de agosto. Días antes, Bonilla Valdez ordenó la clausura del nosocomio, pues el titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico, había atribuido que la dependencia a su cargo ubicó dos descargas de aguas residuales al mar como irregularidades en las que habría incurrido el hospital.
Por otro lado, el 28 de enero la cervecería Insurgente, que había permanecido cerrada por disposición del gobierno municipal de González Cruz, reabrió sus puertas. Sin embargo, el mismo día de su reapertura, la Unidad contra Riesgos Sanitarios clausuró el establecimiento.
David Gutiérrez Inzunza declaró a propósito que con base en una inspección emprendida en el sitio, se determinó que el negocio generaba “gases contaminantes a la atmósfera”, además de descargar al drenaje insumos para elaborar cerveza, generando con ello malos olores y obstruyendo tuberías.
Salvador Gomez, consejero juridico del municipio
ARBITRARIOS E ILEGALES
Sobre los recientes procedimientos de la Coepris en contra del XXIII Ayuntamiento de Tijuana que han derivado en el cierre de instalaciones, el consejero jurídico municipal, Salvador Gómez Ávila, sostuvo que “además de arbitrarios, son como consecuencia ilegales”. Explicó que en algunos casos, la Comisión ha procedido sin competencia, en tanto que en otros, sin motivación y fundamentación.
En el caso del cierre del centro de servicios médicos municipales, Gómez Ávila refirió que conforme a la Ley de Salud del Estado de Baja California, Artículo Segundo, el Ayuntamiento se constituye como autoridad sanitaria.
“Partiendo de esa premisa, es que no se tiene que tener ni licencia sanitaria a la que hacen referencia, porque en el Artículo 153 de la Ley de Salud del estado de Baja California, señala quiénes son los establecimientos que deben tener esta licencia sanitaria, y dentro de ellos no contempla al Ayuntamiento y no lo contempla porque el Ayuntamiento, todos los ayuntamientos de Baja California son autoridades sanitarias. Luego entonces, se encuentran facultados de inicio y de origen por la propia Ley para actuar como tales”, arguyó en entrevista con ZETA.
En cuanto al aviso de funcionamiento, el funcionario dijo que tampoco debe presentarse a la Secretaría de Salud (a la que pertenece la Coepris), toda vez que de acuerdo con la Ley federal en la materia, ese requisito aplica para organismos privados que pretenden brindar un servicio público.
“De entrada, no existe una disposición en la Ley que nos obligue ni a la licencia sanitaria, que fue invocada de origen, ni tampoco al aviso que se invocaba, partiendo de una base fundamental que nos consideran en la propia Ley como autoridad sanitaria”, exclamó.
El jurídico también detalló por qué a su modo, el proceder de la Coepris ha carecido de motivación y fundamentación, además de actuar sin la debida competencia: “Si bien es cierto, invoca una serie de preceptos legales, estos no son aplicables al Ayuntamiento, ninguno de ellos, y luego no fundamenta en ningún artículo de la Ley dónde están las atribuciones para que él pueda hacer esa acta de verificación en los términos que lo hizo y pretender a través del verificador que comparece haber aplicado la medida de seguridad que hizo que fuera suspensión temporal de dicha medida”.
Abundó:
“Esto contraviene a un principio constitucional que son los establecidos en el (Artículo) 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que señala que todos los casos de molestia deben ser emitidos por autoridad competente que funde y motive la causa legal de su procedimiento. Al no haberlo emitido la autoridad competente, carecer de la motivación y fundamentación jurídica, es un acto totalmente ilegal cuya consecuencia deberá ser que la autoridad, el tribunal administrativo, decrete en su momento la nulidad del acto reclamado”.
En ese sentido, mencionó que el 23 de septiembre, en su calidad de consejero jurídico y apoderado legal del Ayuntamiento, presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa en Baja California, en contra del titular de la Coepris, así como contra el verificador adscrito a esa unidad regional, Gilberto Bladimir Jasso López.
A decir de Gómez Ávila, el recurso tiene como motivo reclamar “la nulidad de la orden de visita ordinaria, contenida en el oficio 20/SSE/02/TJ/078/CN de fecha 22 de septiembre de 2020, así como del acta de verificación sanitaria para establecimientos de atención médica ambulatorio o consultorios, médicos generales y de especialización”, la cual se suscribió el mismo martes.
“Esto se hace derivado de una medida de seguridad que nos aplicaron, que es la suspensión total temporal de actividades, circunstancia que no nos es aplicable y que además no es facultad del titular de Coepris, porque no se encuentra contemplada en la Ley de Salud esa atribución que él pudiera o que ejerció, más bien. Para esto basta ver el Artículo 155 de la Ley de Salud, donde quien puede en un momento dado hacerlo, sería la Dirección de Control Sanitario, circunstancia que no se da porque no fue él el que comparece”, recalcó.
SÍNDICO NO ENTIENDE PROCEDER DE LA ADMINISTRACIÓN: OFICIAL MAYOR
C.P. Ana Leticia Salcedo Quiroz, Oficial Mayor
Para la oficial mayor del XXIII Ayuntamiento, Ana Leticia Salcedo Quiroz, la síndico procuradora María del Carmen Espinoza Ochoa, se contradijo con las acciones emprendidas contra la Dirección Municipal de Salud, en vista que ella misma formuló la normativa con la cual opera el centro de servicios médicos.
“Quiero mencionar y destacar que la Sindicatura Procuradora es el ente interno de vigilancia y control en el cual les faculta emitir normas técnicas administrativas, es decir, todos nuestros funcionarios públicos estamos sujetos primeramente a la Constitución; segundo, a las leyes, reglamentos; y además, a atender estas normas técnicas administrativas que formula la misma síndico procuradora, entre ellos destaco la Norma Técnica Administrativa Número 25 y la Número 20, que es la relativa al otorgamiento o prestación de servicios médicos municipales, para el personal no sindicalizado.
“Estas normas técnicas están firmadas por la misma Sindicatura, en la que por obviedad y notoria ignorancia de la administración pública, se contradice con lo que ella escribe, entre estos el destacar que la intención de esta norma técnica es garantizar el derecho humano a la salud, a la asistencia médica, a protección de los medios de subsistencia y de servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo”, arguyó en entrevista con este medio.
Reveló que Espinoza Ochoa había hecho declaraciones (el miércoles 23) en el sentido de que la oficial mayor debía haber emitido la licencia sanitaria.
“Me acaban de enviar un mensaje en este momento, donde ella todavía está declarando que me corresponde dentro de mis facultades emitir las licencias de operatividad, continúa en ese mismo templete en el que no acepta que se equivocó y realmente la práctica que ayer cometió es visceral, inhumana, y de alguna manera robustece que no entiende el proceder de esta administración pública municipal”, dijo.
Sobre la falta de licencia sanitaria, el director de salud a nivel local, Juan Carlos González Valle, expuso a pregunta expresa que entonces al momento de estar revisando el área administrativa, “nos solicitaron la licencia sanitaria y el responsable sanitario, al momento de que la Coepris se la solicitó, el día del cierre del centro de servicios médicos, argumentó que no contaba con ese documento habida cuenta de que durante el proceso de entrega- recepción de la administración pública municipal, nunca se le informó que fuera necesaria”.
También habló de las anomalías detectadas por la Comisión: “Era una caja de supositorios (vencidos), entonces ese medicamento lo surtieron, lo pusieron ahí, lo usaban para bajarle la fiebre a los pacientes, lo dejaron ahí en un refrigerador. La verdad, yo estuve revisando el refrigerador, revisé los medicamentos días y semanas antes y no me di cuenta tampoco de que estaba ahí. Ahora sí que no podría echarle la culpa a nadie, porque yo personalmente revisé ese refrigerador”.
Complementó: “Es el único medicamento que tenía fecha de caducidad de abril de 2020, una sola caja de Indometacina supositorios, las demás cajas de medicamento que mencionan en el reporte de Coepris, son medicamentos que se reportan con contaminación cruzada porque se encontraban con el alimento que alguien colocó ahí ese día”.
BUSCAN SUSPENSIÓN PROVISIONAL
Sobre el destino de la demanda, el consejero jurídico Gómez Ávila afirmó que con la suspensión de los actos reclamados, en dado caso procedería la reapertura de la Dirección Municipal de Salud y, de prosperar el recurso, ello se concretaría en un plazo no superior a 72 horas.
Del total de 9 mil 759 empleados del Ayuntamiento autorizados para el ejercicio fiscal 2020, 2 mil 878 funcionarios de confianza están adscritos al centro de servicios médicos municipales, además de 822 que tienen el estatus de personal de confianza en la administración descentralizada, lo que también se conoce como instancias paramunicipales, informó la oficial mayor Salcedo Quiroz.
También, que aproximadamente 8 mil personas figuran como derechohabientes del centro de servicios médicos, tomando en cuenta los familiares de los trabajadores que son beneficiarios.
A decir del director de Salud, Juan Carlos González, el martes 22, día en que se suscitó el cierre de la instancia a su cargo, alrededor de cien personas dejaron de recibir atención, en tanto que el miércoles 23, aproximadamente 40, en vista de que parte del personal ya tenía conocimiento de la clausura temporal.
Sobre las declaraciones de David Gutiérrez referentes a que el personal y sus familiares podrían atenderse en la Cruz Roja, González Valle antepuso: “La consulta médica que damos cotidiana, de consulta general, no la podemos dar en la Cruz Roja porque es demasiado el volumen que se maneja, y la Cruz Roja es un hospital de segundo nivel; entonces, no podemos llenarles de consulta externa como en un centro de salud o como en la Dirección Municipal de Salud, donde tengo más de nueve consultorios, a un hospital como la Cruz Roja, que solo tiene dos consultorios para atender urgencias”.
Por otro lado, Salcedo Quiroz habló de tres casos de derechohabientes con complicaciones de salud que se vieron en dificultades ante el cierre de la Dirección: “Uno muy grave es el de un policía comercial que está trabajando en una empresa en el área del Florido y que tiene a su hija con parálisis cerebral y constantemente recibe atención médica. Él tenía programadas sus citas para el día de hoy (23 de septiembre) y no ha podido ser atendido; otros de la delegación la Mesa nos hablan de confianza, de que también tiene síntomas de COVID, y el más grave el día de hoy es este bebé con problemas respiratorios”, comentó.
Sobre el menor de edad agregó: “Es beneficiario de uno de nuestros trabajadores de servicios públicos generales, hoy en la madrugada tuvo esta tragedia con su bebé y acudió como bien lo hemos dicho a Cruz Roja. Cruz Roja no tiene la capacidad de canalizar especialistas y así lo manifiestan. Cruz Roja claro que nos recibe, pero es el conducto nada más para distribuir a donde corresponde la atención médica”.
Finalmente, el niño fue internado en un hospital privado por disposición del alcalde.
Dr. Juan Carlos González, Titular de los Servicios Medicos Municipales
DESPENSAS EN RIESGO DE CADUCIDAD
De acuerdo con un inventario al que ZETA tuvo acceso, en el DIF (actualmente con suspensión de actividades) hay más de 2 mil despensas, las cuales contienen productos con fecha de caducidad de octubre de 2020, lo cual implica que parte de esos paquetes ya no se podrán distribuir.
En los mismos almacenes clausurados, el organismo cuenta con donaciones de catres (450 aproximadamente), cuyo uso está contemplado para personas que sufren incidentes en sus hogares que los obligan a pernoctar a la intemperie. Insumos de higiene personal (cepillos de dientes, de cabello; 100 kits de limpieza) al igual que alimentos en la modalidad a granel.
Además, están “aseguradas” más de mil botellas de agua, 350 piezas de leche en polvo para bebé, 130 paquetes de pañales, 40 pañales para adultos, entre otros insumos, los cuáles por disposición de la síndico procuradora, no pueden entregarse a los beneficiarios.
Una fuente consultada por este medio, reveló que al momento de la revisión de la síndico, en uno de los almacenes de DIF Tijuana había insumos pertenencia del Gobierno del Estado (etiquetados como mercancía del Programa Alimentario de DIF Estatal), pero por disposición de Espinoza, no fueron objeto de revisión y ese espacio finalmente no se cerró.
REAPERTURA SE PUDO CONCRETAR “EN MEDIA HORA”: GUTIÉRREZ INZUNZA
El titular de la Coepris sostuvo en entrevista con ZETA que por parte de esa instancia se informó al doctor Juan Carlos González Valle que si acudía a la Comisión y llevaba la documentación requerida para tales efectos (RFC, comprobante de domicilio, nombre del apoderado/Ayuntamiento), se les hubiera expedido un aviso de funcionamiento, con lo que el centro habría reabierto en media hora una vez concretado el trámite.
Lamentó que con todo y que el director se comprometió a ir a las oficinas de la Coepris, nunca llegó.
“Si ellos hubieran acudido hoy a las ocho de la mañana con documentos que ellos decían que tenían, porque dijeron ‘no los tenemos aquí’, todos los permisos federales, estatales, municipales, deben estar colocados en los negocios, en las oficinas para cuando llegue el verificador lo primero que vea es que están en la pared, tienen que estar expuestos. No tienen ninguno, ninguno tenían, por la confianza probablemente, porque no se habían hecho estas verificaciones. Bueno, ¿es la primera vez? Bueno, vamos haciendo las cosas bien desde la primera vez. No lo hacían, tenían años sin hacerlo. Tenemos que hacer nuestro trabajo, y nuestro trabajo dice: negocio, establecimiento, etcétera que no tenga su aviso de funcionamiento, podrá ser suspendido por la autoridad sanitaria, fue lo que hicimos y hoy (23 de septiembre) no acudieron”.
En lo que respecta a la obligatoriedad de la licencia sanitaria como documento a presentar a una instancia como la Coepris, indicó: “El Ayuntamiento realmente necesita una licencia que presentar a la Coepris siendo una instancia municipal con su propio reglamento que le permite operar. Esta instancia municipal también tiene que respetar la Ley General de Salud. En la Ley General de Salud, hoy presentamos los artículos y el reglamento donde oficinas de gobierno que manejen, suministren medicamentos, tienen que tener aviso de funcionamiento, porque Coepris tiene que saber forzosamente cómo se comercializa, cómo se regala, qué suministran, qué tipo de medicamentos se suministran, qué tipo de medicamentos tienen ellos en sus instalaciones, para tener un control de medicamentos”.
Un aviso o advertencia no hubiera sido suficiente para que desde su punto de vista, la Dirección de Salud se regularizara.
“Es un servicio social muy importante, pero nunca lo habían hecho, tenían años sin ese aviso. Quién nos iba a decir que iban a continuar, hoy no fueron. La irresponsabilidad profesional laboral es muy delicada. Hoy, ayer, perdón que hablaron, que se le dieron los requisitos quedaron formalmente de acudir y someter sus documentos a la Coepris y no fueron. Me hace pensar que si hubiésemos tenido nosotros la flexibilidad de darles la oportunidad, ellos iban a acudir, si con esta situación no acudieron, menos al hacer confianza de que sucedió, lo iban a efectuar. No podemos tener ciertas tolerancias o flexibilidad cuando sabemos de antemano que no van a acudir. Por años no lo han hecho. Es la primera vez que se les cita y no van, que se les suspende y no van”, argumentó.
Para concluir, descartó que la Coepris funcione como un instrumento de presión o de golpeteo político del gobierno encabezado por Jaime Bonilla Valdez:
“Nada de eso. Nada más falso que eso. En Mexicali por qué suspendimos el albergue del ISSSTE. Por qué acabamos de estar en el Seguro Social. Eso no lo mencionan. Hay un compañero que decía nomás deme un ejemplo de esa estancia de gobierno,’ luego, luego Mexicali, luego, luego el Seguro Social. Con la salud no se debe de interrelacionar temas políticos, nosotros estamos y estaremos ajenos a los conflictos de orden políticos, la política no se lleva con la salud, la política no se lleva con los operativos para cuidar la salud y prever y aliviar en parte los problemas que tenemos en el sector salud. Tengo 40 años en esto, no puedo permitir que alguien venga y me diga ‘por situaciones políticas’. Este no es un juego así”.
