Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California, podría enfrentar una pena entre 10 y 20 años de prisión, después de las denuncias interpuestas por José Guadalupe Osuna Millán ante la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado 21 de septiembre.
El exgobernador del Estado interpuso dos demandas ante el Poder Judicial de Baja California, por daño moral en su contra y en el de su hija Dania Osuna Capuchino, y dos denuncias ante la FGR por abuso de autoridad.
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Además, la FGR agregó otro delito: tortura física y/o psicológica.
Información obtenida por ZETA, define que a la denuncia se agrega el Artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, relacionado con la persona que cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a otra; y en el Artículo 26 indica que se le impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa al servidor público que incurra en alguna de las conductas previstas en dicho Artículo.
En entrevista con ZETA, Juan Marco Gutiérrez, abogado de José Guadalupe Osuna Millán, comentó que ese delito es investigado de oficio por parte de la FGR, pues ellos solo pusieron las denuncias por el de abuso de autoridad.
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En el caso de las demandas por daño moral, se están atendiendo los Artículos 1794 y 1794 Bis. “Lo que se está reclamando son todos los infundios, todas las aseveraciones y afirmaciones difamantes que hizo el gobernador Bonilla, llamándolo ratero, llamándolo ladrón, acusándolo de proteger narcos con base en un audio, completamente inverosímil”, dijo.
En el caso de las demandas civiles, se pide que Bonilla Valdez se disculpe públicamente y se retracte de sus agresiones verbales, además de una indemnización económica que será determinada por el Juez.
En el caso de las denuncias penales, se decidió ponerlas ante la FGR, ya que a pesar de ser un delito del fuero común que debió tratarse en la Fiscalía del Estado, la amistad entre Bonilla Valdez y Guillermo Ruiz Hernández, titular de la FGE, no garantizaba imparcialidad y justicia, dijo.
“Lo que Bonilla no ha entendido es que no puede degradar, no puede ponerse al tú por tú con los ciudadanos, de igual a igual en una esquina”, afirmó el abogado.
Por otro lado, comentó que si se le da la debida atención a la investigación, la denuncia penal podría resolverse en una primera instancia, en diciembre de 2020, mientras que las demandas civiles podrían tardar hasta un año.
Sin embargo, en caso de que haya un resultado positivo para Osuna Millán y se dictara una sentencia de prisión en contra de Bonilla Valdez, se tendría que esperar a que termine su mandato como gobernador -y, tal vez, el de senador-, por la cuestión del fuero, o bien, que el Congreso de la Unión determine si se lo quitan o no.
