El director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Recaredo Arias, consideró que el aseguramiento de cualquier vehículo que circule en el país “debe ser en forma voluntaria y no a través de situaciones que se tengan que dar vía la autoridad”.
En cuanto a la posibilidad de asegurar vehículos usados de procedencia extranjera, también conocidos como autos “chocolate”, el ejecutivo destacó a NEGOCIOZ que es “muy importante” contar con elementos para verificar la propiedad del vehículo y el origen lícito del mismo, para que de esa forma pueda ser asegurado y no tener un problema más adelante.
En ese sentido, indicó que el sector asegurador mexicano todavía no tiene una interacción con el aseguramiento con Estados Unidos, debido a que “desafortunadamente” las aseguradoras en el vecino país operan a nivel estatal.
No obstante, resaltó que existe gran colaboración con autoridades de Estados Unidos a nivel federal y estatal, así como con la Interpol para identificar y recuperar vehículos robados una vez que estos son localizados tanto en ese país como en México.
Durante la presentación de la herramienta tecnológica VIN Plus -en la que las agencias y grupos distribuidores podrán consultar de forma gratuita si un vehículo usado tiene reporte de robo mediante su Número de Identificación Vehicular (VIN, por sus siglas en inglés)-, el director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, destacó la tendencia al alza en la venta de vehículos seminuevos, derivado de la epidemia del coronavirus.
A propósito de las intenciones del gobierno de Baja California para regularizar vehículos irregulares, Arias indicó que “no es un tema nuevo, gobernadores han pasado y todos han esquivado la responsabilidad de frenar el comercio ilegal” de dichos automóviles.
En su opinión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá pronunciarse a favor de la controversia constitucional promovida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal contra dicho instituto y determinar la inconstitucionalidad de la Ley que crea ese instituto y la pretensión de permitir la circulación de vehículos irregulares.
