A través de una demanda interpuesta ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, los afectados por los derrumbes en Lomas del Rubí buscan impugnar las acciones ejercidas por la Sindicatura Municipal, durante la gestión del XXII Ayuntamiento de Tijuana.
De acuerdo con información compartida a ZETA, fue en la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro que la Síndica Procuradora Ana Marcela Guzmán le dio “carpetazo” a la investigación para determinar las presuntas responsabilidades de funcionarios municipales implicados en el caso.
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En el mes de enero de este año, ya con la administración de Arturo González Cruz en curso, los afectados interpusieron una denuncia ante la nueva Síndica Procuradora María del Carmen Espinoza Ochoa, sin embargo, un mes después les notificaron que para que se pudiera continuar con el proceso administrativo se necesita que un Tribunal determine que servidores públicos fueron responsables de las omisiones que sufrieron.
Los afectados al no contar con esta resolución, debido a que apenas estaban iniciando con el proceso, resolvieron impugnarla. El Tribunal recientemente les aceptó el procedimiento y será en la sala especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción donde se resuelva.
Los afectados comentaron que su intención era que el procedimiento fuera más abreviado, por esta razón se acercaron en primera instancia a Sindicatura, la autoridad que creían competente para determinar las responsabilidades de los funcionarios municipales relacionados a este caso.
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La madrugada del 3 de febrero de 2018, colapsaron 70 viviendas por los deslizamientos de tierra provocados por la construcción de un nuevo complejo habitacional, al pie de Lomas del Rubí. Posterior se registraron nuevos colapsos y afectaciones a viviendas, dejando como saldo más de 150 familias damnificadas.
Desde entonces los afectados mantuvieron constancia en su lucha por lograr una compensación y apoyo por parte de las autoridades, mismas que habrían autorizado a la empresa constructora Melo la edificación del nuevo fraccionamiento. Incluso la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación para que autoridades municipales y estatales tomaran cartas en el asunto, estando Juan Manuel Gastélum Buerrostro como presidente municipal y Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid como gobernador.
Al respecto de la demanda ante el TEJABC, la síndica Espinoza Ocho no ha emitido un posicionamiento al respecto debido a que este lunes tuvo varios recorridos de inspección por el tema de las despensas alimentarias que ha encontrado almacenadas en las distintas delegaciones municipales.
