Familiares de jóvenes detenidos el sábado 26 de septiembre, por el delito de daño en propiedad ajena durante la manifestación que conmemoró la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y las personas desaparecidas en Baja California, acusaron que la acción fue ilegal y planeada, por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
En rueda de prensa realizada afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicada a un costado de la central camionera, los familiares de los detenidos comentaron que en total fueron siete los acusados de haber grafiteado tres comercios, sin embargo, la detención no se hizo en flagrancia.
Enrique Ochoa, miembro del Frente Popular Revolucionario, relató a ZETA que el sábado se realizó una marcha, en el marco del aniversario de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, la cual realizan cada mes y cada año, desde 2014.
En la marcha participaron alrededor de 80 personas de diferentes colectivos, pero a diferencia de otros años, en esta ocasión notaron la presencia de agentes infiltrados, policías que no se identificaron y al menos, una patrulla que no contaba con matrícula.
Se tenía contemplado que la marcha terminara en el monumento a la Madre, en el Ayuntamiento de Tijuana, pero afirmaron que antes de llegar, notaron la presencia de alrededor de 300 agentes municipales, incluyendo a los presuntos infiltrados y hasta granaderos, por lo que el recorrido terminó en Paseo de los Héroes.
Al terminar la protesta, un grupo de agentes se acercó directamente a los asegurados acusándolos de daño en propiedad ajena, “hasta este instante no tenemos el expediente armado de parte de ellos (agentes). Nosotros estábamos protestando de manera pacífica, abierta, donde participa gente de diversos tipos”, comentó.
Los siete jóvenes detenidos son estudiantes universitarios, además de licenciados en relaciones internacionales y sicología, así como maestrandos y doctorandos, es decir, “no son vagos o vándalos que acostumbren a hacer grafiti en las protestas”, dijeron los familiares.
Miguel Orea, representante legal de los detenidos, mencionó a ZETA que la detención se hizo a las 16:00 horas, y por ser una falta administrativa, acudieron a la Estancia Municipal de Infractores (EMI); sin embargo, nunca llegaron.
Los jóvenes fueron entregados directamente a la Fiscalía General del Estado alrededor de las 21:00 horas, mientras que el parte homologado fue entregado hasta las 23:00 horas y sin ninguna justificación por parte de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
“¿En qué situación legal estaban ellos aquí? Porque ellos estaban aquí desde las 9:00 (de la noche) más o menos. Ellos tendrían que haber estado en los separos municipales hasta que integraran el IPH (Informe Policial Homologado) y lo turnaran en conjunto con los detenidos, obviamente”, dijo a ZETA.
Orea mencionó que la marcha fue pacífica y no se percataron que hayan hecho pintas, por lo que no les constaba que la acusación fuera real, aun así, la detención se hizo al finalizar el evento y no en flagrancia.
En recorrido realizado por ZETA, se pudo observar grafiti en el banco Scotiabank del bulevar Agua Caliente, con la leyenda “Justicia para Fernando Mtz.”, así como una banca con la frase “cerdos capitalistas”, y un poste de la Comisión Federal de Electricidad haciendo alusión a los 43 de Ayotzinapa.
La Fiscalía General del Estado dijo a familiares y representante legal que los afectados durarían hasta 24 horas detenidos, ya que están esperando que los negocios afectados presenten una querella, ya que el delito de daño en propiedad ajena no se persigue de oficio.
Rafael Maurizio Cruzmanjarrez García, doctor en Derecho, manifestó a este Semanario que para que una persona sea detenida por daño en propiedad ajena debe cumplir con dos elementos, una es la flagrancia o la otra es bajo denuncia ciudadana, que precisara las características del ofensor.
“En caso contrario de que no se dé ninguna de estas dos hipótesis, estamos hablando frente a una detención ilegal, al no haber elementos de convicción firme que los pueda señalar”, detalló el especialista.
Asimismo, agregó que el Juez Municipal debió haberles puesto una multa por falta administrativa y dejarlos en libertad por ser delito menor, y no trasladarlos a la FGE, ya que no hay un querellante que haya interpuesto denuncia.
Orea afirmó que ya están preparando las denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los agentes municipales, así como la queja ante Sindicatura Municipal, pues está convencido de que la detención fue un mensaje político, previo a las elecciones de 2021, para que guarden silencio y dejen de protestar.
