La estrategia que se ha seguido en la detención de indigentes en las garitas de Tijuana con San Diego carece de resultados a largo plazo, pues son reincidentes. Seis de cada diez detenidos, vuelven a las calles luego de pasar más de 48 horas en la Estancia Municipal de Infractores. Durante agosto se registraron cerca de 3 mil detenciones en las zonas aledañas a los puertos fronterizos, lo que podría significar mil 600 detenidos considerando la reincidencia de faltas administrativas.
Los asegurados eran personas que se encontraban limpiando parabrisas, pidiendo limosna y otros participando en actos de extorsión para ayudar a recortar el tiempo de espera a los usuarios de las garitas.
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“Un promedio de 200 a 250 (personas) son remitidas diariamente y el 60 por ciento son reincidentes, a lo que le llamas “reciclaje”, y es gente en condición de calle. Los mandamos a los albergues, pero no se quedan y vuelven a llegar y regresan a delinquir”, explicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal en Tijuana, Jorge Alberto Ayón Monsalve.
“Sí es criminalizar la indigencia, y la indigencia no es un crimen. Es un problema que debemos atender porque son víctimas de un sistema corrupto que, por falta de oportunidades, han sido golpeadas e impactadas. En el artículo cuarto de la Constitución Mexicana nos dice que tenemos derecho a la salud de calidad y vivienda digna y es responsabilidad del derecho del Estado Mexicano”, comentó la directora Edith Viridiana Flores Flores, del recién creado Instituto de las Adicciones en Baja California.
“No estamos criminalizándolos, porque si son infractores administrativos, así los estamos tratando. Hemos sacado a seis homicidas de la línea y la canalización en tres meses y en eso ha ayudado”, insistió el secretario municipal Ayón Monsalve.
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Para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el bucle de reincidencia podría ser criminalizar la indigencia, pero es un problema complejo que debe atenderse de manera integral, obligando a los pacientes de adicciones a desintoxicarse y crear las oportunidades para que haya casos de éxito y así rescatar a los ciudadanos en situación de indigencia que encontraron en la garita las oportunidades que no se están registrando en la sociedad.
“El caso de la garita es un caso muy “sui géneris”. La policía tiene la facultad para intervenir, pero se debe atender de manera integral porque se debe dar atención a pacientes de salud mental, adicciones, migración para que el ciclo no se repita”, comentó Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California, CEDHBC.
“Estas estrategias no van a funcionar si no son transversales u holísticas. Debe haber acompañamiento de otras dependencias”, insistió el presidente Mora Marrufo. “No sé si desde el estado se criminaliza la indigencia porque no se tiene la sensibilidad de pobreza, de indigencia, con causas sociales, económicas y culturales”, reiteró.
Desde diciembre de 2019 iniciaron los operativos en la garita, “se quejaban mucho de los cobros en la línea y había personas que hasta los sacaba de la línea. El Cártel de la Línea como le llaman”, explicó el secretario de Seguridad Protección Ciudadana. “Las personas que estamos remitiendo a la instancia de infractores nos están ayudando a limpiar y pintar bardas, voluntariamente”, precisó el secretario Monsalve.
Durante el reciente operativo en las garitas registrado el pasado 24 de agosto, participaron 20 inspectores de tránsito, 10 motociclistas y elementos de la sección Turística, distribuidos en ambas garitas: Otay y San Ysidro.
La reincidencia de infractores está en el olvido que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana carece de una base datos para establecer la cantidad de detenciones, medir la reincidencia y ubicar a los procesados que han estado hasta 36 horas detenidos en la Instancia Municipal de Infractores de la vía rápida de Tijuana.
El problema carece de una solución a corto o mediano plazo, pues ni en el cabildo de Tijuana ni en el Congreso de Baja California hay algún proyecto para crear las condiciones de oportunidades para los infractores. Y en caso de que se detectara algún detenido con problemas de adicciones, el nuevo Instituto Estatal para la atención de adictos carece de presupuesto para tratarlos, pues solo tienen gasto corriente para su personal y operar administrativamente y no para subsidiar el tratamiento de algún paciente.
