En marzo, con la llegada del coronavirus a Baja California, aumentaron las agresiones del gobernador, Jaime Bonilla, y el secretario de Salud, contra medios y periodistas.
POR: ISABEL MERCADO
Además de contagio y muerte, la pandemia por coronavirus detonó en Baja California el desprecio del gobernador Jaime Bonilla Valdez hacia la prensa.
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En 273 días de gobierno, perpetró 123 agresiones y discursos contra los medios de comunicación y sus periodistas.
Aunque Bonilla y su gabinete ya denostaban medios antes de la pandemia, estos ataques se multiplicaron conforme avanzó la curva de personas infectadas y fallecidas por el virus.
La correlación se observa particularmente en junio y julio, meses en los que el gobierno de Bonilla cometió el 68% de las 123 agresiones y discursos contra la libre expresión.
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En estos dos últimos meses, Baja California sumó el 62% de los 13 mil 384 contagios contabilizados al 31 de julio. También obtuvo el 66% de las 2 mil 628 defunciones registradas hasta esa fecha, según datos de la Secretaría de Salud del Estado.
El número de agresiones y expresiones aquí citado fue documentado por Prensa Bajo Fuego, tras el análisis de las transmisiones del gobernador en redes sociales, emitidas desde el 1 de noviembre de 2019, cuando asumió el cargo, hasta el 31 de julio de 2020.
Bonilla no estuvo solo en los ataques a la prensa, aunque fue el servidor público más agresivo contra el periodismo bajacaliforniano.
Y aunque el secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, ha dicho que respeta a los medios, en realidad no lo hace.
Con 31 agresiones y discursos contra la prensa, Pérez Rico fue el segundo funcionario con más expresiones de ese tipo, otra muestra de la correspondencia entre la crisis sanitaria y el discurso agresivo hacia la prensa.
“Yo soy super respetuoso de los medios de comunicación. A algunos no les entiendo por las formas: les explica uno y de todas maneras lo publican”, dijo apenas el 7 de julio en transmisión.
En el análisis de las transmisiones se detectó un primer ataque de inhibición al ejercicio de la libertad de expresión el 17 de enero de 2020, cuando el mandatario bajacaliforniano señaló a la prensa crítica como “amarillista”.
Pero fue a partir del 17 de marzo, con el registro de los primeros casos de COVID-19 en la entidad, que se dispararon los comentarios de Jaime Bonilla contra la prensa.
En sus ataques, a través de las transmisiones en vivo, el gobernador bajacaliforniano fue seguido por cuatro integrantes de su gabinete.
Particularmente por Alonso Pérez Rico, secretario de Salud; Amador Rodríguez Lozano, secretario General de Gobierno; Vicenta Espinosa Martínez, secretaria de Honestidad y Función Pública; y Salomón Faz Apodaca, secretario del Agua del Estado, quienes también vertieron señalamientos contra los medios de comunicación.
Y a los ataques se sumaron los bloqueos de información.
El gobernador morenista se ha negado a dar entrevistas formales y conferencias de prensa, pero al ser abordado en la calle, cambia de tono según el medio que lo cuestiona.
Eleva la voz o decide ignorar la pregunta si identifica que el periodista firma en un medio crítico, en particular si es impreso.
Sus subordinados no se han quedado atrás: Amador Rodríguez ha optado por no responder a ciertos periodistas, argumentando que donde laboran “escriben lo que quieren”.
Con ello se estigmatiza a los medios de comunicación, y la misma actitud ha asumido Alonso Pérez Rico, quién en múltiples ocasiones ha desdeñado responder a reporteros de los medios críticos.
Ya sea desacreditando o estigmatizando, Bonilla ha dirigido el 99% de sus agresiones hacia el periodismo escrito y agredió de forma directa solo a periodistas mujeres, como se observó en los ataques hacia Aline Corpus, del periódico Reforma, y Adela Navarro, del semanario Zeta.
Hasta julio pasado, la actitud del gobernador obtuvo al menos nueve posicionamientos de asociaciones, organismos autónomos y figuras políticas en los que exigen a Bonilla detener los ataques contra la prensa.
Un caso fue el exhorto a proteger la libertad de expresión, efectuado por senadoras por Baja California, el 28 de julio.
La Red de Periodistas de Mexicali, Artículo 19 y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también han demandado al gobierno bajacaliforniano garantizar el ejercicio de la libre expresión, pero a la fecha ninguna acción ha logrado frenar el belicoso discurso Jaime Bonilla Valdez.
