Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), mataron la madrugada del pasado viernes 3 de julio, a 12 presuntos integrantes de la llamada “Tropa del Infierno” -grupo de sicarios afiliado al Cártel del Noreste (CDN)-, tras responder a una supuesta agresión contra un convoy del 16 Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército mexicano, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
“La versión oficial señalaba que después del cese al fuego no hubo nadie que tuviera signos vitales y así fue que presentaron 12 personas muertas después de un enfrentamiento, pero un video en poder de El Universal revela lo contrario”, indicó el rotativo este lunes 24 de agosto, en una investigación publicada en su edición impresa y digital.
En el video -que dura 4 minutos con 16 segundos y que fue difundido por el diario- se ve a una persona que se mueve en la caja de la pick up de una camioneta color plata que acaba de recibió al menos 243 disparos. A su lado hay cuerpos. Frente a él están cinco soldados mexicanos apuntándole con lámparas y armas. Los militares gritaban “¡está vivo!” y un militar ordenó: “mátalo a la verga”.
La grabación fue realizada por una elemento del Ejército mexicano, llevaba una cámara pegada al casco, como parte del protocolo de operaciones urbanas. En la misma se observa que el elemento se encuentra de pie frente a una ametralladora que está puesta sobre una camioneta militar.
“Antes de esto, cuatro vehículos oficiales realizaban reconocimientos motorizados sobre la calle A. Valdez Reyna de la colonia Nueva Era, al salir hacia la carretera Aeropuerto con rumbo al norte, fueron agredidos con armas de fuego por miembros de la delincuencia organizada, revela el informe policial homologado al que El Universal tuvo acceso”, narró El Universal.
“Eran tres camionetas tipo pick up que llevaban personas armadas. El ejército repelió la agresión y les dio seguimiento. Más adelante, dos de esas tres camionetas darían un giro en U y dispararían a los militares, dejando un vehículo inmovilizado. Los demás vehículos militares siguieron a la pick up color plata”, agregó el rotativo.
“Mientras el soldado está cargando su ametralladora, un vehículo blindado del ejército, modelos Sancat, golpea por detrás a la pick up plata y provoca que pierda el control, cruce el camellón y se quede en sentido contrario y del lado opuesto de la carretera”, indicó el diario.
“En todo este momento no se ve que las personas de la pick up perseguida disparen contra el ejército, un soldado declaró que usó 27 cartuchos en el evento, otro más al menos 70 disparos. Cuando queda del otro lado de la carretera una persona intenta abrir una puerta, pero no baja. Del lado del piloto salen dos personas y son abatidas metros más adelante. Desde que se dio el golpe, el Ejército no ha dejado de disparar a la camioneta”, señaló El Universal.
“Llegan ahora dos vehículos más del ejército, una Cheyene con ametralladora y otro Sancat y disparan a corta distancia. La cantidad de impactos es tal que parte de la caja de la pick up prende una llama. Llegan otros dos vehículos del Ejército, otra Cheyene y otra Sancat, se unen a los disparos. En este tiempo, un militar ya pidió el cese al fuego. Esto dura sólo uno segundos cuando los elementos vuelven a disparar”, abundó el rotativo.
“Se escucha por la radio que piden por sanidad, ‘que no se acerque nadie’. Y militares que ya están a pie se acercan a los que salieron corriendo y recibieron disparos y les vuelven a tirar a corta distancia. Un soldado se acerca a todos los vehículos para preguntar si todos están bien. Responden que sí. En el informe, afirman que los vehículos recibieron 9, 7 y 7 disparos, ninguna baja. Más militares están rodeando la camioneta. Llevan lámparas y armas. Se acercan cinco a ver la caja de la pick up, alguien se mueve. Ordenan matarlo, ahí se corta”, detalló la investigación periodística.
El pasado 14 de julio, 11 días después de los hechos, El Universal reveló que, en el enfrentamiento de los militares con presuntos delincuentes, se encontraban también tres civiles que estaban secuestrados por integrantes del crimen organizado.
“Eran tres jóvenes: uno, migrante de Chiapas; otro, un estudiante universitario, y del tercero que se sigue sin tener información. Estas tres personas fueron incluidas entre los 12 presuntos delincuentes que efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguran haber abatido, sin registrar ninguna baja”, dijo el diario.
“Estas personas estaban secuestradas, llevaban manos y pies amarrados. Dos de ellos recibieron un impacto de bala en el tórax, de arriba hacia abajo, y el tercero murió de un balazo en el cráneo, disparado de uno a tres metros de distancia. A diferencia de los demás cuerpos, estos tres sólo tenían un impacto de bala. Fotografías en poder de este diario revelan cómo los cuerpos presentan grandes cantidades de disparos”, indicó el rotativo.
“En esa fecha la Sedena, al ser cuestionada por El Universal, explicaron que ‘En el momento en que termina el evento, la agresión, si no hay personas que pueda recibir atención médica, se informa a la FGR’, y así lo hicieron, informaron que nadie tenía signos vitales. Los familiares de las víctimas presentaron denuncias contra la Sedena ante la Fiscalía General de la República por el delito de homicidio doloso, a una semana de los hechos”, detalló el diario.
“Si alguien comete un delito. Aquí no hay impunidad. No existe que se solape a nadie. En todas las ocasiones en las que se ha determinado a través de una investigación que hay responsabilidad del personal militar, siempre la institución ha investigado y si hay responsabilidad, se ha procedido. Es algo que siempre se ha hecho. No es nuevo”, le dijo la SEDENA a El Universal.
AMLO ORDENA A TITULAR DE SEDENA INVESTIGAR
Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó este lunes 24 de agosto, al titular de la SEDENA, Luis Cresencio Sandoval González, indagar el presunto delito en el que un militar ordenó matar a un herido en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
“Hubo un enfrentamiento, hubo un herido y se ordenó que lo remataran. Hoy mismo di instrucciones al secretario de la Defensa para que se investigue porque nosotros no vamos a permitir esas prácticas. Eso se hacía antes, por eso había tasas de letalidad altísimas”, indicó el polítio […] Por ejemplo, en el Gobierno de Felipe Calderón [Hinojosa] hubo dos años donde prácticamente no hubo heridos ni detenidos”, indicó el mandatario nacional.
Según lo informó el diario El Universal, basado en fuentes ministeriales, el pasado 3 de julio, los hechos se registraron cuando los militares transitaban a la altura de la colonia Fresnos, de la ciudad fronteriza con Estados Unidos, lugar donde fueron sorprendidos por los presuntos sicarios, resultando 3 vehículos oficiales dañados por disparos de arma de fuego.
Los soldados -quienes no sufrieron bajas, ni resultaron heridos, les aseguraron a los presuntos delincuentes, un total de 12 armas largas, entre ellas 2 fusiles Barrert calibre 0.50; una cantidad indefinida de cargadores y cartuchos, así como una camioneta tipo pick up, color plata, de cuatro puertas, en cuya batea estaban dos personas muertas y cuatro fallecidos más en el interior del vehículo.
Los otros seis muertos estaban tirados sobre el pavimento y en la maleza del terreno baldío aledaño. Medios locales señalaron que las personas fallecidas vestían uniformes apócrifos de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), además de poseer armamento exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Durante la madrugada de ese 3 de julio, peritos y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, acudieron al lugar para realizar el levantamiento de pruebas y trasladar los cadáveres al Servicio Médico Forense (SEMEFO).
El pasado 14 de noviembre del 2019, después de una agresión armada de presuntos miembros del Cártel del Noreste que asesinaron a un elemento del Ejército Mexicano, un grupo de militares mataron a seis presuntos sicarios tras una persecución en Nuevo Laredo. El ataque a los soldados ocurrió sobre la avenida Segundo Anillo Periférico, en la colonia Villas de San Miguel, cuando realizaban un patrullaje.
Antes, el 23 de septiembre de ese mismo año, un juez de control liberó órdenes de aprehensión en contra de siete policías implicados en la presunta ejecución extrajudicial de ocho personas en Nuevo Laredo, según informó la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas.
Las órdenes de aprehensión fueron giradas contra: José “N”, Guadalupe “N”, Juan “N”, Edith “N”, Concepción “N”, Francisco “N” y Urbina “N”, quienes están acusados de los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada.
“El Agente del Ministerio Público presentó ante la autoridad los elementos necesarios para obtener el resultado legal referido, ante el planteamiento de la existencia de una probable responsabilidad de los involucrados”, indicó la Procuraduría tamaulipeca en un comunicado.
El pasado 12 de septiembre del 2019, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que los policías estatales que participaron en un presunto enfrentamiento ocurrido el pasado 5 de septiembre en Nuevo Laredo, fueron suspendidos temporalmente, mientras eran investigados, aunque la institución no precisó el número de elementos a los que se aplicó dicha medida.
Por su parte, La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación independiente a las pesquisas oficiales que lleva la Procuraduría de Tamaulipas, y pidió al Gobierno estatal encabezado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un informe sobre la actuación de los mandos policíacos que participaron en el operativo donde fallecieron ocho civiles.
La CNDH informó en su momento, que había entrevistado a 13 testigos de los hechos y reunió ocho videos aportados por “particulares”, ya que el sistema de vigilancia C-4 no tiene cámaras en Nuevo Laredo, una situación que ha dificultado la investigación.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) refutó la versión del Gobierno de Tamaulipas sobre un supuesto “enfrentamiento” acontecido el 5 de septiembre del 2019, entre policías estatales y presuntos miembros de la llamada “Tropa del Infierno”, perteneciente al Cártel del Noreste (CDN), lo que dejó un saldo de ocho civiles muertos.
La organización no gubernamental presentó una serie de fotografías; así como un reporte de Tránsito, en el que se acredita el uso de una grúa para “sembrar” una camioneta en la que se dijo viajaban los presuntos criminales; además de los testimonios de algunos sobrevivientes, para acreditar que no se trató de un enfrentamiento, sino de una ejecución de cinco hombres y tres mujeres a manos de los agentes estatales.
La ONG anunció que se solicitaría la intervención de la oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), a fin de que se otorguen medidas de protección a los sobrevivientes que han dado su testimonio y denunciado los hechos ante la Fiscalía estatal, así como, también, a las familias de las víctimas.
El 5 de septiembre del 2019, el Gobierno estatal emitió un comunicado oficial en el que detalló que civiles armados -quienes portaban armas del uso exclusivo del Ejército y uniformes que suplantan la identidad de las Fuerzas Armadas- atacaron a elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET).
Según lo informaron las autoridades locales, el enfrentamiento entre los presuntos delincuentes y elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas, ocurrió en la calle 7, de la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, en un domicilio particular en el que intentaron resguardarse los cinco hombres y tres mujeres, quienes minutos antes dispararon contra los agentes.
En una camioneta tipo pick up, blindada, en la que se trasladaban los presuntos sicarios, quedó muerto uno de los agresores, mientras que cinco más fallecieron dentro de la casa y dos más afuera del domicilio particular. El equipo táctico, así como las 15 armas de alto calibre y una corta que supuestamente usaban los supuestos miembros de la llamada “Tropa del Infierno”, fue asegurados por las autoridades estatales.
“Las imágenes de cinco hombres y tres mujeres vestidos con uniformes tipo militar, posando con armas junto a sus cuerpos [sin vida] y que fueron filtradas por autoridades del Gobierno de Tamaulipas fueron un verdadero montaje”, enfatizó el CDHNL.
La ONG aseguró que ha documentado hasta ahora, elementos para afirmar que se trató de una ejecución extrajudicial, donde las víctimas habrían recibido “un tiro en la cabeza a corta distancia, e incluso algunos estaban sometidos en el piso o acostados sobre una cama”.
Indicó que tras un recorrido por el lugar de los hechos, “se constató que no hay evidencias de un enfrentamiento”, ya que tanto el domicilio particular, donde supuestamente se dio éste, y en fachadas de hogares aledaños, “no hay impactos de balas”.
Según la organización no gubernamental, los sucesos se dieron en varios puntos. Uno es el domicilio ubicado en el lote 902 de Avenida 7, donde se hallaron cuatro casquillos, y vivía Severiano Treviño Hernández, una de las víctimas, junto con su hija Kassandra, y una niña de dos años de edad, quienes sobrevivieron.
El CDHNL agregó que las fotografías filtradas de los cuerpos sin vida de los presuntos criminales evidencian que “las armas se les colocaron de manera burda”, además que algunos vestían uniformes tipo millar de tallas mucho más grandes a sus complexiones, e incluso, los civiles fallecidos portaban el calzado al revés.
Hasta ahora, según lo informó la ONG, las autoridades estatales, en particular quienes participaron en la “persecución y enfrentamiento” no han presentado un informe oficial y detallado de lo sucedido durante las seis horas que habría durado el operativo. Ni tampoco han dado a conocer los videos que las fuerzas de seguridad están obligados a grabar en este tipo de acciones.
La CDHNL cuenta además con un reporte de tránsito firmado por el comandante Eladio Martínez Juárez, en el que se asienta el uso de una grúa para llevar la camioneta blindada y modificada -en la que la versión oficial aseguró que se trasladaban los presuntos criminales-, desde un punto distinto a cinco kilómetros de distancia al que sucedieron los hechos, por lo que se puede deducir que dicho vehículo no se encontraba en el momento y lugar del “enfrentamiento”.
Asimismo, la ONG cuenta con un video en el que se comprueba el arrastre de la camioneta que era escoltada por cuatro camionetas y cuatro camiones blindados de la policía estatal, así como tres vehículos militares con los números económicos 0916312, 0916324 y 0916593. Además de que el operador de la grúa refirió que se le pidió llevar la camioneta a la esquina de avenida 7 y calle 10, casa de Severiano Treviño Hernández, donde supuestamente se dio el enfrentamiento, y cuyos familiares fueron advertidos de no revelar esta información.
Uno de los testimonios recogidos por la CDHNL es el de Kassandra, de 18 años de edad, y madre de la menor, a quien los agentes estatales “le perdonaron la vida porque no supieron qué hacer con su pequeña hija”. Sin embargo, golpearon a la mujer y le pisaron el rostro, además de que la obligaron a ponerse un uniforme de militar, para luego sacarla del domicilio con el rostro cubierto y dejarla a dos calles de su casa, advirtiéndole que no volteara, ni denunciara.
En su testimonio, Kassandra señaló que más de 20 hombres uniformados allanaron su domicilio de forma violenta. “Entraron cinco conmigo, me decían que me tapara la cara, que los viera, mi papá corrió conmigo y con la niña, luego lo sacaron a golpes”, dijo la víctima.
“Lo estuvieron golpeando en la cocina, le decían que sacara las armas, que no se hiciera pendejo. Al momento (de la irrupción) dormíamos, mi papá vestía shorts y sandalias, pero los policías lo obligaron a ponerse un uniforme militar, botas y casco negro, luego lo esposaron y lo metieron a mi cuarto”, aseguró la mujer.
A pesar del temor, la joven presentó una denuncia por estos hechos el domingo pasado en la Fiscalía General tamaulipeca, señalando como responsables de la ejecución extrajudicial de su padre, y otras personas, a elementos del CAIET y a agentes de la Policía Estatal.
Asimismo, otra testigo de nombre Melissa, refirió que alrededor de las 07:44 horas de ese mismo jueves 5 de septiembre, las calles aledañas al lugar de los hechos “estaban llenas de soldados y [policías] estatales. Además, afirmó que la camioneta con blindaje artesanal no se encontraba en el sitio, y que fue hasta varios minutos después del “supuesto enfrentamiento”, que apareció ahí.
El CDHNL abundó que otros testigos también narraron que los agentes, acompañados de elementos del Ejército, privaron de su libertad a cuatro varones y cuatro mujeres jóvenes -una de ellas trabajadora sexual-, alrededor de las 04:00 horas, en domicilios ubicados en la calle Jesús Guajardo 649, de la colonia Buenavista, y de la calle de Héroe de Nacataz número 6836, en la colonia Valles Anáhuac.
