El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, afirmó que haber revelado que la Síndica Procuradora no ha firmado el documento que avale la licitación para comprar nuevas luminarias, “no se trata de crear polémica entre la Presidencia y Sindicatura”.
El martes por la mañana el mismo González Cruz aclaró ante medios de comunicación que el avance del proyecto dependía de una firma, la de María del Carmen Espinoza Ochoa, Síndica Procuradora del XXIII Ayuntamiento, por la tarde la funcionaria emitió su postura a través de un comunicado de prensa.
En el documento Espinoza Ochoa explicó que el proceso de licitación del proyecto de alumbrado público con tecnología LED procede de 2017, la empresa promovió un juicio de nulidad y provocó la suspensión del contrato. Un año después se levantó la suspensión sin agotar el juicio de nulidad y a mediados de este 2020 la autoridad municipal promovió la cancelación del proceso para declararla “desierta”.
La Síndico sostuvo que esta situación “abre la posibilidad a que la contratación o concesión se realicé de manera directa, carente de transparencia en el monto económico de la adquisición y además el ayuntamiento estaría obligado a sujetarse al precio que la empresa determine”.
De acuerdo con el comunicado, con estas acciones la actual administración municipal “pretende la cancelación de una concesión que la pasada administración había tramitado y declarado su cancelación, por lo que se requiere mayor información y un análisis más profundo del contrato, para no poner en riesgo el patrimonio del ayuntamiento, ya que existe un litigio pendiente”. Es por esto que la funcionaria afirmó que “no autorizará ningún contrato que carezca de transparencia y legalidad”.
Por su parte, el alcalde reafirmó este miércoles que se buscara la manera para cumplir con las solicitudes ciudadanas para instalar alumbrado público donde antes no había, y ayudar de esta manera a combatir la inseguridad de la ciudad.
“Hubo unos datos que proporcionaron por parte de Sindicatura que no corresponden a la realidad, la cuestión de poder licitar las luminarias es a 10 años el proyecto, no constituye deuda para el municipio porque se paga con los derechos de alumbrado público, y va a quedar un remanente de esos derechos y del ahorro de energía”, sostuvo González Cruz.
Informó que será a través del área de Consejería Jurídica que se proceda a explicarle a Espinoza Ochoa el tema, para despejar las dudas que tenga al respecto y acceda a otorgar su firma.