El Servicio de Administración Tributaria de Baja California -o Satito-, que a propuesta del gobernador Jaime Bonilla Valdez votarán su creación en próxima sesión del Congreso del Estado, no tendrá estructura, pero sí cliente a la vista. La idea detrás del afán recaudatorio del primer gobierno de Morena en Baja California es que el Satito se encargue de cobrar todas las deudas -reales, imaginarias, confabuladas, manipuladas o creadas- como las que están generando a empresas en BC por concepto de “adeudos” de derechos de agua, conexión de agua y otros, por los cuales ya el Estado ha cobrado 877 millones de pesos. Pero no lo ha realizado de manera autónoma, sino a través de la empresa Fisamex que dirige el frecuente invitado a las transmisiones en vivo del gobernador, Mario García, y por lo cual se lleva un 20%. Considerando lo cobrado, Fisamex ya ha ganado en la entidad poco más de 175 millones de pesos, y va por más no solo de empresas que en todo el territorio están registrando “adeudos” con las Comisiones de Servicios Públicos, sino que ampliarán el programa de auditorías al área residencial. El objetivo -dicen quienes saben en el gobierno de Bonilla- es que el SAT local contrate los servicios de Fisamex para que realice auditorías en el servicio de agua y otros, a las residencias instaladas en Baja California, con lo que ampliarían su margen de maniobra y por supuesto de ingresos, tanto para la administración estatal como para la empresa que dirige García, la cual utilizando una metodología de autoría del gobierno, se lleva el jugoso 20% de todo lo que paguen voluntariamente a fuerza las empresas, pues la tirada es ir también contra los residentes.
A ver si no empiezan a aparecer deudores, los “adversarios” del mandatario estatal.
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