Documenta A.C. interpondrá queja en busca de medidas cautelares en favor de indigentes
Un Juez Federal de Tijuana declaró improcedente la demanda de amparo presentada por la asociación civil Documenta en favor de personas en situación de calle y consumidoras de drogas, ante la desprotección de autoridades municipales y estatales.
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El Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad fronteriza, estimó que los actos reclamados no afectan el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa.
Documenta A.C., que desde hace más de 10 años se encarga de visibilizar la vulneración de derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en conflicto con la ley y de las personas con discapacidad, interpondrá el recurso de queja correspondiente.
El pasado viernes, el organismo de la sociedad civil presentó la demanda de amparo en contra del Ayuntamiento de Tijuana y del Gobierno del Estado de Baja California por violar el derecho a la salud, a una vida libre de discriminación y a la integridad física de personas en situación de calle y personas usuarias de drogas ante el contexto de la pandemia por COVID-19.
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Nayomi Aoyama González, coordinadora de Documenta, en Baja California, refirió que de las investigaciones de campo realizadas en Tijuana se advirtió un abuso constante de parte de la Policía Municipal hacia esta población vulnerable que incurre en faltas administrativas por condiciones de su propia situación.
“La primera infracción que cometen personas en situación de calle, y que está establecida en el Bando de Policía y Buen Gobierno, es el habitar la vía pública, entonces, ellos no tienen una alternativa”, detalló la entrevistada por ZETA.
Por efectos de la pandemia del coronavirus estas detenciones son minimizadas y su internamiento en un sitio privativo de libertad “acarrea un mayor riesgo de contagio de la epidemia. Esto es así, evidentemente, porque en esos sitios no pueden hacer un aislamiento, que es una de las medidas más recomendables”.
La abogada Aoyama González explicó que estas poblaciones se hayan en alta situación de vulnerabilidad, pues además de no contar con espacios de alojamiento, carecen de recursos para mantener estándares de higiene adecuados, acceso a los servicios de salud y redes comunitarias de apoyo.
“Sin embargo, hemos visto de dos meses en adelante ha habido una “limpia del bordo”, no solo material, sino que también las autoridades han hecho detenciones masivas, tanto por faltas administrativas como para hacer remisiones a centros de internamiento para adicciones”, señaló la activista.
Documenta estableció que tan sólo entre el 29 de junio y el 27 de julio, más de 180 personas en esta condición fueron privadas de la libertad en Tijuana sin que autoridades tomaran las medidas de prevención requeridas como detección de posibles casos positivos de COVID19 previo ingreso u ofrecieran condiciones óptimas de higiene y sanitización durante su internamiento.
La demanda de amparo pretende que autoridades municipales y estatales dejen de discriminar y vulnerar los derechos fundamentales de este sector poblacional, cesen las detenciones masivas, se emitan las medidas necesarias para su protección y les suministren de forma urgente materiales de higiene y desinfección, cubrebocas, acceso a agua potable, acceso a lavamanos y duchas, acceso a espacios dignos y atención médica de calidad.
Finalmente se solicitó informar a las personas en situación de calle y consumidoras de drogas las medidas a implementar para su protección en el marco de la pandemia.
Desafortunadamente no hay cifras oficiales del número de personas que pertenecen a esta población vulnerable en Baja California, “lo que es otra muestra de la constante invisibilización, violencia y discriminación estructural a las que se les ha sometido”.
El recurso de queja será remitido a un Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito para que resuelva sobre la admisión de la demanda de amparo presentada por Documenta, asociación civil que ya tiene tiempo trabajando en Baja California específicamente en el tema de prevención de la tortura, y además del trabajo de litigio, realiza investigación de campo con la población vulnerable.
