El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal negó un amparo a Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas, quien pretendía que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, intervinieran en su caso para no ser extraditado a Estados Unidos.
El ex mandatario estatal reclamó que ni el titular del Poder Ejecutivo Federal, ni el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dieron respuesta a un escrito que les envió, donde pide no ser entregado al Gobierno de EE.UU.
A través de un escrito fechado el 2 de mayo de 2019, Hernández Flores solicitó a López Obrador “reconsiderar” su entrega, además de que pidió que se le modificara la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por una menos lesiva y más justa.
En primera instancia, la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña negó el amparo a Eugenio Hernández, motivo por el cual el ex gobernador interpuso un recurso de revisión. La impartidora de justicia manifestó que en este asunto existe una causa de improcedencia.
Indicó que está prohibido reproducir el estudio de fondo de un caso que aún está pendiente de resolverse en otro juicio que se lleva a cabo en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito en Tamaulipas.
“En el presente caso, se actualiza la referida causa, porque la resolución que se dicte en el juicio de amparo indirecto, materia del recurso de revisión del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito, incide de manera indirecta en el presente asunto, pues la pretensión por resolver ahí está vinculada con el acto aquí reclamado”, señala el fallo de Robledo Magaña.
En julio del 2019, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito declaró infundado el recurso de queja que presentó Hernández Flores, contra la resolución de un juez de Tamaulipas que rechazó concederle la libertad provisional mientras se resuelve su proceso de extradición.
En febrero de este año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó conocer el amparo de Hernández Flores, porque ni uno de los ministros quiso hacer suya la petición del ex gobernador, motivo por el cual fue desechada y el asunto fue devuelto al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal para su resolución.
El 2 de marzo de 2018, el entonces canciller Luis Videgaray Caso, emitió el acuerdo que concedió la extradición de Hernández Flores para que la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas lo juzgue por los delitos de asociación delictuosa para lavar dinero, operar un negocio de envío de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.
Desde 2017, la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas presentó la solicitud formal a México para la extradición de Hernández Flores por los delitos de lavado de dinero, fraude bancario y operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Sin embargo, el 16 de marzo pasado, la SRE mexicana estimó que no era procedente conceder su extradición por los dos primeros cargos, pero sí por el último.
El 20 de noviembre del 2018, el ex gobernador de Tamaulipas ingresó en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, mejor conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, al cual llegó vía aérea, luego de ser sacado del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes), de Ciudad Victoria.
El ex gobernador de Tamaulipas enfrenta cargos federales, como peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que fue detenido en octubre de 2017 y ahora enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos. Además, en un nuevo juicio que arrancó en septiembre del 2018, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, lo acusó por enriquecimiento patrimonial por una suma cercana a los 50 millones de pesos.
El 19 de octubre del 2018, un juez de Distrito con sede en Culiacán, Sinaloa, negó conceder el amparo 788/2018, que promovió el ex gobernador contra la solicitud de extradición hacia Estados Unidos, donde lo acusan por tres delitos ligados a delincuencia organizada y lavado de dinero.
Antes, el 4 de octubre del 2018, la juez de control Patricio Lugo Jaramillo, vinculó a proceso al ex gobernador, ya que consideró que las acusaciones presentadas por la Fiscalía tamaulipeca, “eran suficientes”. Durante una audiencia celebrada el pasado 28 de septiembre, la autoridad estatal planteó al juez que, con base en las investigaciones, no se pudo determinar el origen de los ingresos del ex mandatario.
El ex mandatario y ex miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encuentra en prisión desde el 6 de octubre del 2017, cuando fue detenido en Ciudad Victoria, acusado por la Fiscalía Especializada en el Combate de la Corrupción de Tamaulipas, por los delitos de peculado y lavado de dinero.
El mandatario, quien gobernó Tamaulipas del año 2005 al 2011, está acusado de adquirir, según la causa penal 67/2017, mediante prestanombres y a precios subvaluados, mil 600 hectáreas de la zona portuaria de Altamira, que pertenecieron al patrimonio del Estado.
En noviembre de 2015, Estados Unidos decomisó al ex gobernador 3.8 millones de dólares en una de sus cuentas bancarias en el Inter National Bank, dinero que supuestamente recibió de su cuñado Óscar Gómez Guerra.
Los estadounidenses empezaron a investigar a Hernández Flores por presuntamente operar un esquema para defraudar a los bancos Inter National Bank, Lone Star Bank e International Bank of Commerce, con el propósito de obtener fondos y créditos.
De ser declarado culpable, la Fiscalía federal estadounidense pedirá decomisarle al ex mandatario tamulipeco tres residencias en McAllen, valuadas en 1.8 millones de dólares, y una en Austin, en Texas, con valor comercial de 2.6 millones de dólares.
El 18 de octubre del 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó una orden de detención provisional con fines de extradición contra Hernández Flores, de 61 años de edad, requerido por la justicia de los Estados Unidos.
