Las electoralmente oportunas filtraciones del caso Lozoya

Filtración de declaraciones, un video de escándalo y la certeza de que habrá más de este tipo de novedades conforme se acerquen las campañas electorales, es lo que rodea al llamado Caso Lozoya, situaciones que evidencian la descomposición que por décadas ha permeado a la política nacional y el riesgo de que no haya justicia por ventilarse los presuntos datos de prueba de manera pública.

A la filtración mediática de la denuncia presentada por Emilio Ricardo Lozoya Austin el 11 de agosto, en contra de quienes le “utilizaron” para entregar sobornos a legisladores para que aprobaran las reformas estructurales de 2013 y de la maquinación del soborno de la empresa Odebrecht para apoyar la campaña presidencial de 2012, le antecedió la publicación de un video -en redes sociales- que muestra el momento de la entrega de grandes cantidades de dinero a dos colaboradores de ex senadores del Partido Acción Nacional (PAN).

Curiosamente el video subido a redes la noche del domingo 16 de agosto y difundido la noche del lunes a través de Grupo Imagen, junto con el contenido de la denuncia de Lozoya, en la que señala al ex Presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso como los que le ordenaron repartir los sobornos, también fue mostrado en la conferencia de prensa matutina del martes siguiente por el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Tan mostró que es interés del Gobierno de la República obtener “raja” política de la situación, que el Ejecutivo reclamó a los medios de comunicación que hasta ese momento no se diera la suficiente cobertura y difusión del material. “Se ha difundido el video, pero no mucho, ¿eh?, porque los medios no le están dando la importancia que tiene. No es el video de René Bejarano. Ese se difundió, pero a nivel nacional y a nivel internacional, y este veo que apenas en las redes sociales, las grandes televisoras no tienen exposición, no se habla del tema. Por eso, como a veces la gente no se entera, porque no todos tienen acceso al internet”.

Un día anterior, y al menos en otra ocasión en el lapso de una semana, AMLO había insistido en que la Fiscalía General de la República (FGR) difundiera el o los videos que ofertó como pruebas el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, sobre la corrupción a la que hizo alusión al ofrecerse como testigo colaborador para obtener criterios de oportunidad durante su proceso penal, en el que es imputado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.

Hasta el momento se desconoce si el video conocido a través de un canal en YouTube a nombre de Juan José Lozoya Austin, nombre del hermano de Emilio -que se desligó de la autoría de la cuenta-, es uno de los videos ofrecidos por el ex funcionario como dato de prueba en las dos causas penales que se le siguen en Juzgados Penales de Distrito de Control del Sistema Penal Acusatorio, o es material ajeno.

En la referida videograbación, de 4 minutos 15 segundos, se observa que un presunto funcionario de Pemex entrega bolsas de plástico transparente repletas de fajos de billetes de las denominaciones de 200 y 500 pesos al menos a dos personas. Uno de esos personajes es Guillermo Gutiérrez Badillo, ex trabajador del Senado de la República en la oficina del ex legislador Francisco Domínguez Servién, actual gobernador de Querétaro, y de quien seguía como colaborador en su secretaría privada.

El otro sujeto fue identificado como Rafael Caraveo Opengoal, ex secretario técnico del Consejo de Administración del Senado de la República, quien laboraba de forma directa con el ex senador Jorge Luis Lavalle Maury, del PAN. Junto con Gutiérrez Badillo, Caraveo manipula las bolsas con dinero en torno a un par de maletas de color negro, dentro de una oficina.

LA FILTRACIÓN

En la denuncia formulada por Emilio Lozoya Austin, y de la cual el periodista Ciro Gómez Leyva asegura tener una copia en su poder, se relata la presunta entrega de 80 millones de pesos en dos oficinas de Ciudad de México a siete legisladores entre el 11 de diciembre de 2013 y el 2 de abril de 2014. La intención era que votaran a favor de las reformas estructurales, concretamente de la Reforma Energética.

En la denuncia ante la FGR, Lozoya plantea que los sobornos se entregaron a Ricardo Anaya Cortés, en ese entonces diputado federal con licencia; a los senadores panistas Salvador Vega Casillas, Francisco Domínguez Servién y José Luis Lavalle Maury; al senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; y al también senador David Penchyna Grub, del Partido Revolucionario Institucional (PRI);  además del secretario de Finanzas del tricolor, Luis Vega Aguilar.

Otro señalado en actos de corrupción fue el ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ex director de Pemex, José Antonio González Anaya, que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa habría participado en la entrega de sobornos de Odebrecht para la suscripción y aprobación del contrato Etileno XXI.

De acuerdo con Emilio Lozoya, en siete fechas distintas se repartieron los 80 millones de pesos en sobornos, en dos domicilios. Uno de estos en el fraccionamiento Lomas de Chapultepec, y otro en la Torre Hares de la colonia Anzures, en la Capital del país. Las entregas se dividieron en 10 millones una de estas; tres de 12 millones 800 mil pesos; 6 millones 40 mil pesos en otra ocasión; una exhibición de 13 millones de pesos y una última de 900 mil pesos.

David Penchyna fue señalado como el operador de los supuestos sobornos ordenados por el ex Presidente Peña Nieto y el ex secretario de Estado Videgaray Caso. El ex senador priista era acompañado a las reuniones por los panistas Francisco Domínguez Servién, Jorge Lavalle Maury y Salvador Vega Casillas, según la denuncia de hechos.

Solo en el caso de Ricardo Anaya, que habría recibido 6 millones 800 mil pesos, y de Penchyna Grub, 6 millones de pesos, se precisan cantidades repartidas, no así con el resto de personajes. En el caso del ex senador Miguel Barbosa, hoy gobernador de Puebla, se dejó entrever una extorsión del entonces perredista que pidió a cambio de aprobar la Reforma Energética y no armar una revuelta de su partido, trasladar a su hermano -trabajador de Pemex- de una terminal de almacenamiento en Guerrero a las oficinas centrales de Ciudad de México y la entrega de 100 mil dólares.

Rafael Caraveo recibiendo bolsas de dinero.

También Lozoya expresó en su relato que Odebrecht y su filial en México, Braskem, le debían dinero al grupo de Ernesto Cordero, el cual les sería pagado por conducto de Luis Videgaray, únicamente si les garantizaban la continuidad del contrato de Etileno XXI, cuyo contrato fue firmado en 2010 durante la administración de Felipe Calderón “con amplias desventajas para Pemex”. De esa forma se condicionó el pago a Cordero a cambio de votar las reformas estructurales en 2013 y las leyes secundarias en 2014.

De oídas, Lozoya señala que, en una reunión en febrero de 2013, Luis Weyll le comentó que Odebrecht y Braskem habían entregado sobornos en los años 2010 y 2011, durante el sexenio de Calderón Hinojosa, para la suscripción y aprobación del contrato Etileno XXI. Y “quienes ayudaron a operar dicho contrato en la administración panista fueron Carlos Treviño Medina, José Antonio González Anaya y otros ejecutivos de Pemex y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recuerdo escuchar que se le entregó dinero tanto a Carlos Treviño Medina como Ernesto Cordero, a través de uno de sus operadores al cual apodaban ‘El Conejo’, sin tener conocimiento de a quién se referían”.

Para la continuidad de Etileno XXI, ya en la administración de Peña Nieto, en 2014 se habrían recibido 84 millones de pesos adicionales, “de los cuales 32 millones fueron entregados a Luis Vega Aguilar, entonces secretario de Finanzas del PRI, y 52 millones 390 mil pesos adicionales a los mismos legisladores de oposición anteriormente referidos”, agregó Lozoya en su denuncia. Dicho capital fue operado por Fabiola Tapia Vargas, que ya falleció, y quien trajo el dinero a México,  disposición de Videgaray Caso, que a su vez fue indicando cómo se debía distribuir.

LAS CONSECUENCIAS

Tras la difusión del video, una de las primeras reacciones ocurrió en Querétaro, donde el gobernador Francisco Domínguez Servién, uno de los aludidos, separó del cargo a su secretario privado, Guillermo Gutiérrez Badillo, quien aparece en la grabación en torno a las millonarias bolsas de dinero. El martes 18, el mandatario queretano divulgó en Twitter que nunca tuvo conocimiento de los supuestos actos de su allegado.

Domínguez Servién apuntó en su red social: “Con independencia de las facultades legales que pueden tener en este tema autoridades federales o estatales, he decidido separar del cargo a dicha persona y dar parte a la Contraloría del Estado para que, en su carácter de servidor público, dé cuenta de sus actos”.

Para el miércoles 19, en presencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que hizo una gira de trabajo por Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez negó las acusaciones de corrupción en su contra, asegurando que no tiene nada que temer ante ataques políticos basados en infamias, pues como legislador siempre defendió sus convicciones.

“El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme, con una bajeza inaudita en actos de corrupción. Ha aportado solo sus dichos, que valen lo que su prestigio: nada. De manera perversa se filtró un video donde aparece una persona en la que deposité mi confianza y que me acompañó por años. Lo removí de su cargo y di parte a las instancias correspondientes para que él, a la vez, apele a su derecho que le convenga. No había necesidad de darme dinero para obtener un voto que ya se tenía, por convicción personal”, describió.

Aprovechando que la reunión del gabinete de seguridad federal se llevó a cabo en Querétaro, Domínguez reiteró que él no vive y nunca ha vivido de la política. Que era un convencido de que las reformas estructurales eran necesarias y benéficas, e incluso él las promovió desde fechas anteriores a las que se señalan en la denuncia de Lozoya filtrada a un medio de comunicación.

Por su parte, legisladores de Acción Nacional presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue el mencionado video que circula en redes sociales y en el que se involucra a dos ex empleados panistas del Senado, en actos de corrupción. La senadora Xóchitl Gálvez expresó que le parece indignante lo que pasó. “Hace 16 años me indigné cuando vi los videos de Bejarano con las ligas y los fajos de billetes, y hoy vemos otra vez a dos ex empleados del Senado. O sea, yo me sumo a los millones de mexicanos que se deben de sentir indignados, enojados, porque siempre lo he dicho: la corrupción es lo que pudrió a este país y tenemos que castigarla, y pues ahora sí que no pase lo de Manuel Bartlett, que hasta la fecha no ha dicho qué es lo que pasó con las más de 20 casas que se le encontraron”, destacó la panista.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, y el diputado federal Héctor Jaime, acompañaron a Gálvez a presentar la denuncia.