El gobernador afecta el derecho a la información, no solo cuando niega entrevistas a periodistas, lo hace también cuando aprovecha su posición de poder para privilegiar a PSN, su empresa.
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POR: DANIEL ÁNGEL RUBIO
Cada que tiene oportunidad, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, aprovecha el reporte diario de gobierno, por transmisión, para promover su canal de televisión por cable, Primer Sistema de Noticias (PSN).
Entre marzo y julio pasado le dio publicidad en seis ocasiones, y no es extraño que lo haga después de denostar al resto de los medios de comunicación, sobre todo a los que cuestionan su administración.
“¿Quieren saber la verdad? Vean PSN”, dijo por ejemplo el pasado 17 de julio tras el polémico decreto con el que pretendía transferir de la federación al estado la administración de un tramo de la carretera escénica Tijuana-Ensenada.
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Esa actitud y política del gobernador morenista suman un cúmulo de presuntas faltas que deben ser observadas por autoridades electorales, organismos de derechos humanos y el poder legislativo, según Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi).
“Hay no solo una, sino muchas irregularidades de un funcionario que ha demostrado en varias ocasiones un desprecio a la democracia”, comentó.
Explicó que cualquier político puede ser dueño de un medio de comunicación, pero una vez en un cargo público no debe favorecer a uno solo, y menos al propio.
“Estaría afectando el derecho a la información que tienen todos los periodistas, impresos, electrónicos o digitales, y también se estaría afectando la libertad de expresión de esos periodistas a acceder a testimonios, declaraciones, dichos o comunicados de este gobernador”, opinó.
La primera ocasión que Bonilla Valdez mencionó a su empresa durante una transmisión, él mismo reconoció implícitamente que se aprovechaba de la situación.
Ese día, 18 de marzo, presentó una campaña gubernamental junto al secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico.
“Doctor, tú tienes unos videos que ya estamos lanzando. De hecho están saliendo, aprovechando el comercial, en PSN y en mi página”, mencionó el gobernador.
Añadió que la campaña también sería difundida en otros medios de comunicación, aunque ha insistido en que no hay dinero para publicidad oficial.
Por esa misma razón ha dicho que recurre a su empresa. Lo reiteró el 2 de agosto pasado en una reunión que sostuvo de último momento con periodistas en Mexicali.
“A mí PSN no me cobra un solo centavo por pasar toda la promoción del estado en todos los noticieros. No es el mismo caso con todos los medios. Porque este gobierno no va a gastar, desperdiciar dinero que no tenemos, para pagar a medios que no dan ningún resultado”, afirmó.
“PSN no nos cuesta y ya está ahí. Difunde muy bien, tiene muy buena aceptación. Estamos muy contentos con el trato que nos dan”, añadió en su justificación el también senador con licencia de Morena.
Pero Jorge Bravo no está de acuerdo pues dijo que la promoción de su empresa en un medio de información oficial ya implica el uso de recursos públicos.
Y es que Bonilla realiza transmisiones utilizando a funcionarios que forman parte de la nómina del gobierno estatal, y desde instalaciones públicas, como las oficinas del Centro de Gobierno, o de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, entre otras.
Esto sin dejar pasar que el gobernador ha reconocido que hay comunicadores de su empresa trabajando como voceros de su administración.
“Hay un claro conflicto de interés”, mencionó al respecto Jorge Bravo, también académico en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Así fue en la transmisión del pasado 7 de julio, cuando el mandatario estatal recurrió a uno de esos comunicadores para que presentara algunas piezas informativas de PSN.
Las notas eran sobre presuntos malos manejos en el Ayuntamiento de Tecate, y lo hizo para continuar con el enfrentamiento público que sostenía con la alcaldesa de esa ciudad, Zulema Adams.
“Muchas gracias, reportero. Por favor mantenme al tanto de todas las cosas que están pasando en Tecate… no nada más en Tecate, también en Tijuana, porque en todos los ayuntamientos se tiene que hacer eso”, le pidió en esa ocasión el gobernador Jaime Bonilla a su empleado, el reportero Juan Arturo Salinas.
Estas situaciones deberían ser observadas por el Congreso local en términos políticos, mientras que a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), le corresponde pronunciarse en términos legales y democráticos, dijo el presidente de Amedi.
Además, las autoridades electorales tendrían que revisar, llegado el momento, si la constante presencia del gobernador en su propio medio perjudica la equidad de la contienda para el próximo año, añadió.
