A partir del lunes 3 de agosto, tribunales federales podrían admitir el juicio de amparo que interpusieron 2 mil 600 empresas contra el Decreto 68 sobre la reforma al Artículo 153 de la Ley General de Salud de Baja California, con el que se estableció como requisito una licencia sanitaria para diversos establecimientos de los sectores comercio y servicios.
En la sesión del 11 de mayo, el pleno del Congreso local aprobó con 17 votos a favor, cinco abstenciones y ningún voto en contra la reforma a la Ley de Salud. Día después la norma fue publicada en el Periódico Oficial, por lo que se encuentra vigente.
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Ante ello, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lanzó la iniciativa Tú Eres BC, con el fin de que los negocios afectados pudieran interponer un amparo colectivo que se presentó el 29 de julio. Entre los demandantes figuran negocios incorporados a la Canacope, Canirac y Canaco.
En entrevista con NEGOCIOZ, el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías comentó que el recurso legal se presentó en los Juzgados de Mexicali, Ensenada y Tijuana, dado que aglutina a empresas y personas de esos municipios.
Uno de los reclamos en la demanda de juicio de amparo radica en que la norma es imprecisa, puesto que es sobre unos negocios de servicios de asistencia social, sin especificar a cuáles se refiere.
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Otro argumento que se esgrime, es que la autoridad no puede hacer cobros en 2020 cuando ni siquiera señaló previamente en la Ley de Ingresos la existencia de ese derecho. “Además, no me dice si ese derecho se va a pagar por la apertura, reapertura, si lo van a hacer solo los de trámite de nuevo ingreso, o va a ser por una renovación, una anualidad o qué”, cuestionó Solís Farías.
A esto se suma la invasión de competencias, ya que el Congreso local está legislando sobre temas que le competen a la autoridad federal, “entonces no están siendo técnicos, ni precisos”.
Finalmente, apuntó que en la denuncia destaca que, pese a que el Artículo 25 de la Constitución establece una obligación al Estado de hacer un estímulo y una serie de conductas que permitan generar un mecanismo que ayude a las empresas a salir adelante, la autoridad bajacaliforniana “no buscó estimular los negocios, por el contrario, pretende controlarlos e imponerles un derecho con carácter recaudatorio”.
