Como defensora de derechos humanos, como mujer y como madre de una niña de tres años preocupada porque a todos los niños y niñas se les garanticen plenamente sus derechos, me parece increíble y preocupante que en pleno 2020, a casi 10 años de la reforma de derechos humanos, a 20 años de la firma en la ONU de la Convención sobre los Derechos del Niño y a 6 años de la Ley General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la sociedad mexicana y varias legislaturas de nuestro país se encuentren discutiendo sobre las actividades educativas complementarias y el “Pin Parental”.
El Pin Parental es una medida que pretende permitir que se restrinja la presencia, asistencia y participación de niños, niñas y adolescentes a las clases en las que el objetivo sea la educación sexual, es como pedirles Pin o Clave de Acceso a los y las estudiantes para que reciban información que les compete directamente a ellos, sin embargo ese Pin o Clave lo debe otorgar la madre o el padre o quienes sean tutores.
En el país líder en abuso sexual infantil y pornografía infantil, en un país que ha normalizado la violencia hacia las infancias, en donde cada día decenas de niños y niñas están en las fiscalías como víctimas de delitos que ni siquiera reconocen como tales porque nadie les enseña y casi nadie les habla de su cuerpo y menos de sus derechos, entre ellos el derecho a la vida sin violencia, en México, discutimos si es pertinente o no poner más barreras para que se garanticen a plenitud los derechos de una gran parte de la población, esa parte a la que rara vez se le da voz para defender sus propias causas.
Por supuesto que las infancias, adolescencias y juventudes tienen derecho a recibir educación integral sobre sexualidad diversidad y género. Por su puesto que el interés superior de la infancia debe prevalecer, y si bien se reconoce la libertad de las familias para elegir el tipo de educación moral o religiosa de sus hijas e hijos, siempre se deben tomar las decisiones que más favorezcan la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en nuestro querido país resultan urgentes mayores y mejores mecanismos y acciones que protejan los derechos de niños y niñas.
Quienes han promovido el “Pin Parental” han manifestado su oposición a que se hable de sexualidad con argumentos poco serios, dicen que no quieren que a sus hijos y a sus hijas (con especial preocupación por ellas) se les “den ideas”, sin embargo está comprobado científicamente que la educación sexual contribuye significativamente a prevenir embarazos en adolescentes, enfermedades sexo-contagiosas, abusos y violaciones, violencias de género y actitudes machistas y no a lo contrario; pero además muestran resistencia a que se aborden otros importantes temas al respecto de la diversidad sexo-afectiva, la identidad de género y el feminismo que es un movimiento que busca la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
A dos décadas de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño en el seno de la Organización de las Naciones Unidas no hemos entendido lo más importante que ese tratado vino a enseñarnos, que los niños y niñas son sujetos de derechos humanos y no pueden seguir siendo vistos como objetos de pertenencia de familias o como objetos de cuidado de adultos; las personas que no han cumplido 18 años son personas que tienen derechos reconocidos y que nadie debe restringir. La discriminación por edad no puede darse en los espacios públicos pero tampoco en los privados.
Por favor, reflexionemos un poco y entendamos que los seres humanos somos multidimensionales y tenemos derecho a desarrollarnos plenamente y tener proyectos de vida cimentados fuertemente; la dimensión sexual es un pilar de la vida que como todos, merece atención oportuna para lograr la plenitud deseada.
Melba Adriana Olvera fue Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California. Correo: melbaadriana@hotmail.com
