Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia en los períodos del 2002 al 2006 y de ese mismo año, cuando se reeligió, al 2010, informó este martes 4 de agosto, que la Corte Suprema de Justicia de dicha nación sudamericana ordenó su detención, en una investigación por supuesto fraude y soborno de testigos, en un proceso en el que es acusado de vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha.
Según medios internacionales, esta es la primera vez en la historia de Colombia que el máximo tribunal de dicho país ordena detener a un ex presidente. “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”, escribió el actual senador, en su cuenta de la red social Twitter.
Al ser elegido parlamentario en 2014, Uribe Vélez perdió su fuero presidencial. En 2015, durante un debate en el Senado que organizó Iván Cepeda Castro, del Polo Democrático, el partido de izquierda más grande de Colombia, se trató de establecer un vínculo entre el ex presidente y el surgimiento del paramilitarismo en Antioquia.
Cepeda Castro presentó una serie de testimonios de exparamilitares, entre estos el de Juan Guillermo Monsalve, quien era el mayordomo de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia del ex presidente, quien testificó que en dicho lugar y con el conocimiento de Uribe Vélez, entonces gobernador de Antioquia, se había fundado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la organización paramilitar más grande del país.
Uribe Vélez calificó dicho testimonio como falso y le pidió a la Corte Suprema de Colombia que investigara a Cepeda Castro por manipulación de testigos. Durante ese proceso el máximo tribunal colombiano encontró que no había razones para seguir investigando al senador de izquierda.
Sin embargo, la Corte Suprema de Colombia si encontró que había para investigar a Uribe Vélez -alcalde de Medellín (1982), Senador de la República (1986-1994) y gobernador de Antioquia (1995-1997)-, quien presuntamente sí habría incurrido en prácticas que buscaban por medio de sobornos cambiar los testimonios que Cepeda Castro había presentado en dichos debates.
En las investigaciones del caso el Supremo también investiga al abogado Diego Cadena, quien hacía parte de la defensa de Uribe Vélez, y sobre el cual se tiene una serie de grabaciones en las que se demostrarían los presuntos sobornos a Monsalve y otros exparamilitares para que cambiaran su testimonio, y exculparan al ex presidente, además de señalar que el senador Cepeda Castro los había comprado para incriminarlo.
En dicho proceso Uribe Vélez ya rindió indagatoria el pasado 8 de octubre de 2019. Por su parte, el partido en el Gobierno, el Centro Democrático, señaló que la detención del ex presidente es una “persecución política”, por sus años de lucha en contra de las guerrillas del país y demás grupos armados.
El Centro Democrático resaltó que durante el Gobierno de Uribe Vélez se desmovilizaron más de 40 mil combatientes, entre guerrilleros y paramilitares, y que el ex presidente viene siendo víctima de una persecución por parte de la Corte Suprema de Justicia desde que terminó su mandato.
La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 4, 2020
A finales de febrero del 2016, agentes de la Fiscalía General de la Nación de Colombia detuvieron en Medellín a Santiago Uribe Vélez, hermano del ex presidente, por presuntos vínculos con “Los 12 Apóstoles”, un grupo paramilitar que supuestamente fundó en 1993 y que opera en el norte de Antioquia, en el municipio de Yarumal, por lo que fue sindicado de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.