El presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, Francisco Gárate Estrada, consideró “ilegal” e “injusto” que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) federal pretenda cobrar de forma retroactiva a las maquiladoras por la certificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).
Hace unos días el SAT emitió un mensaje en su página de internet, en el que la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior dio a conocer las cuotas por ese derecho de los últimos seis años, las cuales van desde 24 mil 506 hasta 29 mil 747 pesos para 2020.
Aunque la afectación dependerá del año en que empresa se certificó, “la autoridad está tratando de recaudar sin considerar que no es el momento propicio dadas las afectaciones económicas que han tenido las empresas”. De no pagar, las compañías podrían perder sus certificaciones una vez que acudan a renovarlas.
Desde 2014 se implantaron las certificaciones para otorgar diversos beneficios, entre estos agilizar el proceso de devolución de IVA e IEPS a las empresas que están en el Programa Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Immex).
En entrevista con NEGOCIOZ, indicó que en ninguna Ley de Ingresos de años anteriores se contemplaba el pago de ese derecho; sin embargo, el actual Gobierno de México ya pretende cobrarlo, y además por los años en que este no se aplicó.
Como la autoridad no ha emitido las disposiciones por canales oficiales, como el Diario Oficial de la Federación, las maquiladoras “no pueden ir a un tribunal a decir que esto es ilegal”, agregó.
Sobre el tema, el presidente de Index Zona Costa, Luis Manuel Hernández, comentó que se había reunido con la titular del SAT, Raquel Buenrostro, para comentarle que el tema debió socializarse antes de emitir el mensaje, “no es que no queramos pagar, es que por Ley no debemos pagar”, dado que ese cobro no está establecido en la Ley.
Coincidió en que este es un mal momento para aplicar dicha disposición, toda vez que el gobierno de Estados Unidos está viendo como aliado a México para competir con el T-MEC frente a China, pero “del otro lado los inversionistas dicen ´cuando no es una cosa, es otra con el Gobierno Federal´”.
Para Hernández, el impacto financiero (alrededor de 270 mil pesos por el cobro retroactivo) siempre es más fuerte para las pequeñas empresas en cuanto a las afectaciones que tendrían en su flujo económico y el temor de perder el negocio, pero para las muy grandes representa un riesgo de que retiren su inversión del país.
“No tenemos una respuesta concreta, quisiéramos tener más información. No la estamos teniendo”, lamentó el líder empresarial, quien estimó que el próximo 25 de agosto podría haber un pronunciamiento de la autoridad. “Ya nos escucharon, ya está abierta la puerta, ya está en la mesa. Ahora sí estamos tratando de llegar a un acuerdo. No anticipo algo rápido, pero ya nos escucharon”, adelantó.
En opinión del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Tijuana, Francisco Rubio Rangel, la disposición del SAT es “una pésima señal por parte del Gobierno Federal y sobre una muy mala administración de los recursos que tienen”, y criticó que en lugar de que la Federación esté enfocada en crear condiciones para atraer nueva inversión, se impongan “pagos que en su momento eran inexistentes” y lleguen al “absurdo” de querer cobrar de manera retroactiva.
A la medida fiscal se suma que el SAT sigue sin cumplir los plazos estipulados por Ley para devolver el IVA y el IEPS.
Por otro lado, la Secretaría de Economía solo ha autorizado dos Immex a nivel nacional en lo que va del sexenio. “Entonces es realmente preocupante lo que está sucediendo”, afirmó Rubio.
Para concluir, el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Baja California, Alonso Leonel Sánchez Derat, externó que la dependencia está haciendo un análisis sobre la información emitida por el SAT para pronunciarse al respecto. Aunque no precisó cuánto tiempo llevará hacerlo, invitó a las empresas a acercarse a la institución mediante el correo electrónico delegacioncalifornia@prodecon.gob.mx o al teléfono (664) 607-3890, extensión 3000.
