Más de cuatro mil empresarios de Baja California se han amparado contra los diversos nuevos impuestos creados por el Congreso del Estado, a iniciativa del Gobernador Jaime Bonilla Valdez, en especial contra el impuesto a la gasolina, a casinos, la licencia sanitaria, el incremento a la sobre tasa del ISN, entre otros, y por los cuáles Bonilla ha recaudado -de manera adicional- dos mil 400 millones pesos; los cuales, de proceder los amparos, no serían cobrados por la siguiente administración. El gobernador se siente confiado de no perder ante esos amparos: “Sí tenemos todo eso contemplado; y más ahora, con el SAT (Sistema de Administración Tributaria) de Baja California, vamos a tener muchos más dientes para poder ejecutar a los morosos”
Foto: Alejandro Villa
Ante la legislación y aprobación de nuevas medidas impositivas por parte de la vigésimo tercera legislatura del Congreso de Baja California, el empresariado de la entidad, a través de la figura del amparo colectivo, promovió su defensa en contra de al menos siete impuestos nuevos creados por iniciativa del gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Un total de cuatro mil 100 empresas, más sus subsidiarias, representadas en su mayoría por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), presentaron su respectiva defensa ante juzgados de distrito en materia de amparo del Poder Judicial Federal, para invalidar dichas cargas tributarias y así no enfrentarse a lo que llamaron una sobrecarga impositiva.
Este refuego por parte de empresarios de todos los giros y de todo el estado, generará, en caso que se demuestre la inconstitucionalidad de los impuestos, un boquete presupuestal para la siguiente administración; Jaime Bonilla y su gobierno le heredarán una deuda al siguiente gobernador de más de dos mil 400 millones de pesos, simplemente por lo recabado en el Ejercicio Fiscal 2020.
Todo esto de acuerdo con los registros del abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías, encargado de llevar a cabo los procesos y litigios en defensa del gremio empresarial, que abarca desde las de gran capital, así como las micro empresas, que se sumaron a los amparos promovidos y auspiciados por el CCE de Baja California.
Las legislaciones impugnadas son el decreto a través del cual se reforma el impuesto sobre remuneraciones de juegos y sorteos (casinos); Ley de ingresos del estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, título segundo, capítulo II, artículo 3 segundo párrafo (Nómina); Decreto 40, mediante el cual se reforma el artículo 6 del capítulo V, artículo 8 bis del capítulo VIII, artículo 8 ter del capítulo IX de la Ley de Ingresos para el estado de BC (Hoteles).
La reforma a los artículos 133, 134, 135 y 136 de la Ley de Hacienda del estado de BC, así como artículos segundo y tercero transitorios, que contienen impuestos sobre la venta de primera mano de gasolina y demás derivados del petróleo. Artículo 8 bis y único transitorio de la ley de ingresos del estado de BC, contenido en el Decreto 40 (Gasolina); y la reforma al artículo 153 de la Ley General de Salud de Baja California (Licencia sanitaria).
En esta última, el pasado 29 de julio, de acuerdo con el abogado fiscalista, alrededor de dos mil 600 empresarios interpusieron un amparo colectivo en contra de una supuesta sobrerregulación con una licencia sanitaria a los sectores comercio y servicios; donde al menos 10 giros comerciales son perjudicados por esta medida.
De acuerdo con el litigante y sus expedientes -a los que ZETA tuvo acceso y corroboró a través del Consejo de la Judicatura-, en cuanto al decreto 39 y 40, que aplica cargas impositivas al negocio de venta de gasolina, las primeras demandas se presentaron el 10 de febrero del año en curso.
Estos litigios fueron admitidos y se fijó la fecha para sus audiencias; posteriormente se ofrecieron las pruebas de los demandantes y por ahora el amparo sigue su curso. El abogado agregó que, por el momento, se están esperando los informes de las autoridades.
Por otra parte, en el caso del decreto 62, que también refiere a una carga impositiva en contra de los gasolineros, el 31 de julio del 2020 se presentó la demanda y se admitió la misma. Solís Farías aseguró que el tribunal consideró que era una cantidad muy grande de empresas y era mejor separarlo; pero “nosotros decidimos no separar el expediente y estamos impugnando”.
Respecto a los amparos en contra de la sobretasa al Impuesto Sobre la Nómina (ISN), donde el ISN aumentó de 2.4 al 3 por ciento, señaló que los amparos se presentaron en febrero, se admitieron las demandas en marzo y, por la suspensión ante la emergencia sanitaria, se suspendió el trámite por el cierre de los tribunales.
Mientras que en el caso de los clientes que pagan su ISN de manera trimestral, presentaron en este mes las demandas; “actualmente se han fijado fechas para audiencias y se han diferido por la contingencia sanitaria, pero estamos en espera de los informes”, indicó.
Foto: Alejandro Villa.- Adolfo Solís Farías y el presidente del CCE de Ensenada Carlos Ibarra Aguiar
En lo correspondiente a las cargas impositivas para los casinos, estos presentaron sus amparos en febrero, los cuales fueron admitidos en marzo. Ya se cuentan con fechas para audiencias y en algunos casos se han recorrido para septiembre, por tema de la contingencia sanitaria.
En el caso de los impuestos al hospedaje, los amparos fueron presentados en febrero y se admitieron las demandas en marzo, las cuales ya cuentan con fechas fijadas para audiencias; y en algunos casos también se recorrieron a septiembre por la pandemia del SARS-COV-2 (causante de la enfermedad COVID-19).
Por otra parte, el estatus de la impugnación a la reforma al artículo 153 de la Ley General de Salud de Baja California, las demandas colectivas de personas físicas y morales se presentaron la primera semana de agosto, en la ciudad de Tijuana, Ensenada y Mexicali, mismas que están siendo admitidas, por lo que se hizo una petición de informes.
El doctor en derecho fiscal comentó en entrevista para ZETA que, aunado a todos esos impuestos impugnados, también se le deberán de sumar las demandas en contra de Fisamex y la Comisión Estatal de Servicios Públicos (Cesp), que se están llevando a cabo por parte de los afectados.
“Los empresarios han formado un gran bloque, contra los abusos del agua, donde el principal objetivo de las acciones legales va a ser los funcionarios de la Cesp y la empresa Fisamex, que ha tomado el papel de autoridad sin serlo, con dictámenes en PowerPoint y no con técnica metodológica”, comentó.
De proceder las impugnaciones a los cobros de servicios relacionados con el suministro de agua, el monto de dinero que tendría que devolver el estado a las empresas es de al menos mil 150 millones de pesos, deuda que le quedará a la administración siguiente, aseveró Adolfo Solís.
Si se suma este monto, mil 150 millones de pesos, con los dos mil 400 millones de pesos de los amparos contra las cargas impositivas, se tiene un total de tres mil 550 millones de pesos, lo que equivale a casi tres veces la deuda actual del estado con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), que es de mil 765 millones de pesos al corte del 14 de julio.
De acuerdo con el último informe del secretario de Hacienda de Baja California, Rodolfo Castro Valdez, la administración estatal adeuda 28 mil 929 millones de pesos al corte de julio de este año.
De tal forma que, si los datos recabados no varían, se podría estimar una mega deuda para el siguiente gobierno de 31 mil 329 millones de pesos; solo dos mil 821 millones menos que la deuda heredada de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, que fue de 34 mil 150 millones de pesos.
“El gobierno actual le va a dejar una deuda, va a heredar uno de los mayores problemas y una de las mayores crisis a este estado a la siguiente administración”, remató Adolfo Solís.
LA LICENCIA SANITARIA
La reforma al artículo 153 de la Ley General de Salud de Baja California afecta a giros comerciales como expendios de alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y todas las microempresas del sector abarrotero.
Además de empresas de asistencia social, los rastros, las albercas y baños públicos, los centros de reunión y espectáculos, los dedicados a la prestación de servicios estéticos, los de hospedaje, las funerarias, los transportes de carga de alimentos y los centros de desarrollo infantil.
Celebran controversia constitucional ante la SCJN por parte de Gobierno Federal, contra el gasolinazo de Bonilla
Gasolineros y empresarios de Baja California celebran la controversia constitucional interpuesta por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pasado 17 de agosto, para invalidar el impuesto a la venta de gasolina, diésel, gas natural y gas LP, creado por el Gobierno de Baja California en mayo de este año.
El recurso legal interpuesto por el gobierno federal apeló a que la administración encabezada por Jaime Bonilla Valdez, invadió atribuciones de la Federación, porque dicha carga impositiva obliga a los empresarios a pagar 17 centavos por cada litro o kilo de bióxido de carbono generado por derivados del petróleo.
Cuando el Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reserva al Congreso de la Unión imponer contribuciones sobre dicho hidrocarburo y sus derivados; el abogado fiscalista Adolfo Solis Farias explicó que, con base en dicho artículo, ningún otro orden de gobierno tiene facultades para generar un gravamen en esta materia.
El abogado calculó que el impacto en las arcas del gobierno que se generarían por esta controversia en caso de que el SCJN lo dictamine cómo inconstitucional, sería de aproximadamente de uno 750 millones de pesos, lo que tendría que reembolsar el estado por concepto de gasolinas y diésel.
Por su parte, el dirigente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (APEGT), Alejandro Borja Robles, indicó que esta es una buena noticia, tanto para los gasolineros del estado como para el consumidor, porque “aunque dijeran los diputados locales que esto lo pagaría el empresario, al final se traspasaría al cliente”.
Dijo que esta legislación del Congreso del Estado era lamentable, ya que de inicio se sabía que era una medida inconstitucional. “Nosotros se los dijimos en su momento a los legisladores, que era inconstitucional; y de que ya se pagaba aparte un impuesto ambiental. Entonces pasó lo que tenía que pasar y aquí está el Gobierno Federal dándonos la razón.
Finalmente, el coordinador estatal de Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California y presidente del CCE en Tijuana, Gabriel Camarena Salinas, declaró que el gremio empresarial ve con beneplácito la acción legal interpuesta por el Gobierno Federal ante la SCJN “porque el sector gasolinero y gasero, todos, dábamos una misma lectura del por qué no debería de ser aplicado el impuesto; y la otra es que los empresarios de este giro iban a verse forzados a pasarlos al último consumidor o a traspasarlos, porque se quedarían sin margen de ganancias”.
“La crítica que siempre hemos dado es que el Legislativo, que son los diputados que ven por el bien de economía, sobre todo la de las familias bajacalifornianas, pues tienen que evaluar y también ver las cuestiones legales y prever si se puede o no; pero definitivamente ahí les volvió a fallar el análisis y la determinación, si era constitucionalmente apto o no”, concluyó. (Alejandro Arturo Villa)
Por su parte, el secretario general de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Miguel Ángel Badiola Montaño, comentó en entrevista para este Semanario que esta nueva licencia sanitaria golpea a un sector del desarrollo económico que está sobrerregulado: los restaurantes, “porque ya tenemos suficientes permisos que solicitar y pagar como para todavía otro más”.
Agregó que esta situación se ve mayormente agravada por la contingencia sanitaria producto de la COVID-19, porque los negocios han llevado entre tres y cuatro meses con las cortinas cerradas y no tienen ingresos suficientes para pagar otra regulación, dijo.
“Nosotros no estamos en contra de que se nos verifique, de que se nos visite, de que se nos supervise el cumplimiento de la norma de salubridad, el cumplimiento del nuevo protocolo de la mesa segura; pero sí estamos rotundamente en contra de la aberración, de gravar aún más a un sector que está sobrerregulado”.
Badiola Montaño aseguró que no ha habido nunca un acercamiento con el poder legislativo del Congreso del Estado de Baja California, “que eso creemos nosotros que es algo muy importante porque la ley prevé el hecho que los organismos empresariales serán coadyuvantes con los legisladores para temas como la licencia”.
“Nosotros tenemos que cumplir para abrir un restaurante con el uso de suelo, protección civil, bomberos, medio ambiente, permiso de operación, Coepris; y una serie de documentos, de reglamentos, de permisos, más nuestro cumplimiento fiscal con la Federación, con el estado y con el municipio”, agregó.
Por último, el secretario general de la Canirac, señaló la “miopía” del Congreso del Estado al no poder observar “que se están muriendo los sectores y se están cerrando comercios”; y añadió: “Bienvenidas todas las normas de higiene y salubridad que tengan que ver con lo más importante que es la salud, pero estamos en contra de una implementación de nuevos impuestos, que no saben ni cuándo, ni cómo, ni por cuánto tiempo estará vigente”.
LOS TENEMOS CONTEMPLADOS, NO VAMOS A PERDER ESOS AMPAROS: BONILLA
A pregunta expresa de ZETA al gobernador del Estado Jaime Bonilla Valdez, sobre si su gobierno tiene contemplado el posible boquete económico que se generaría al finalizar su gestión, si los amparos promovidos por la iniciativa privada proceden, éste respondió que sí lo tienen todo contemplado y también contempla que no perderán ante los recursos legales.
“Sí, lo tenemos contemplado. Pero también tenemos contemplado que no los vamos a perder esos amparos. La práctica de muchas empresas es dilatar el pago de sus impuestos, contra demandar, irse por la vía del amparo, para comprar tiempo al final del día, si hay una ley y tienen que pagar y no lo hacen, van a tener que poner una fianza” declaró.
“Sí tenemos todo eso contemplado y más ahora, con el SAT (Sistema de Administración Tributaria) de Baja California, vamos a tener muchos más dientes ara poder ejecutar a los morosos”, aseguró Bonilla Valdez durante su presentación en redes sociales del 19 de agosto.
Y aprovechó la pregunta para arremeter en contra de una cadena de supermercados perteneciente a la familia Fimbres, acusándolos de pagar el predial y luego ampararse para que les regresen el pago.
“Hay empresas que pagan el predial y luego van y se amparan para que se los regresen (los impuestos); esos son los meros meros, y aquí en Baja California, los Calimax, los Fimbres, han acostumbrado eso. Tienen esa práctica de pagar el predial y luego van y se amparan para que se los regresen”.
*Para la elaboración de este trabajo periodístico se buscó al secretario de Hacienda de Baja California, Rodolfo Castro Valdez. Desde el viernes 7 de agosto, el reportero se puso en contacto con el equipo de comunicación; al cierre de esta edición no hubo respuesta del funcionario.
