La tarde de este viernes 28 de agosto, el Ayuntamiento de Mexicali avaló la propuesta que contempla la desaparición del Consejo de la Judicatura, la reducción de integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción y además le regala al Poder Ejecutivo, la decisión de definir magistrados de los tribunales de Justicia del Estado y de Justicia Administrativa.
En una sesión extraordinaria donde sólo se trataron tres puntos, la reforma constitucional avalada por el Congreso el pasado 31 de julio, y que fue turnada a los cabildos del Estado, encontró respaldo en 9 de los 15 regidores presentes para la votación, con lo que otorgaron un poder casi absoluto del Poder Ejecutivo sobre el Judicial y Administrativo.
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El proyecto contempla que se desintegre el Consejo de la Judicatura, órgano que se encarga de la administración, vigilancia y promueve la carrera judicial dentro del Poder Judicial, y que la mayoría de las funciones pasen a ser responsabilidad de los magistrados y al Poder Ejecutivo.
El argumento del gobernador Jaime Bonilla Valdez es que el Consejo gasta alrededor de 50 millones de pesos anuales y deja mucho que desear.
Sin embargo, con esta reforma le quita la facultad al Poder Judicial de llevar a cabo evaluaciones para definir los mejores perfiles para ocupar el cargo de magistrados y le dota de esa facultad al Gobernador, quien enviará discrecionalmente una terna al Congreso del Estado para que este defina los cargos a ocupar.
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Esto mismo ocurrirá con los magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) incluyendo al Magistrado Anticorrupción.
Durante la votación de los regidores del Cabildo de Mexicali, los integrantes de la oposición prácticamente destrozaron la reforma propuesta por el diputado Juan Manuel Molina y el gobernador Jaime Bonilla Valdez.
El primero de ellos fue el regidor perredista Fernando Rosales, el cual consideró que con esta reforma, el Gobernador se vuelve prácticamente el soberano del Judicial, y representa un retroceso de cientos de años, pues prácticamente termina con la división de poderes.
Rosales aseguró que la intención del diputado morenista, Juan Manuel Molina con esta reforma es que el gobernador incluya en la terna a su protegido político, Salvador Avelar, conocido como “El Pony”, quien hace años fue integrante del Consejo de la Judicatura y candidato por el partido Movimiento Ciudadano, perdiendo el proceso.
Por su parte, el regidor panista, Diego Echeverría, dijo que los argumentos del Poder Ejecutivo en torno al ahorro resultan totalmente falaces, ya que los magistrados ahora requerirán personal para administrar el propio Poder Judicial.
Agregó que debieron empezar por los ahorros “desde casa”, reduciendo partidas y gastos excesivos dentro de su misma estructura.
Echeverría comentó además que el Poder Judicial debe fortalecerse y ayudaría mucho que el Poder Ejecutivo pagara los más de 134 millones de pesos que adeuda a la institución -provenientes principalmente de la administración de Francisco Vega de Lamadrid- por lo cual -aseguró- ya se interpuso una controversia constitucional con número 37/2020.
Quien dio el último golpe fue el edil Héctor Ibarra Calvo, toda vez que -de forma muy emotiva- arremetió contra el Poder Ejecutivo, afirmando que prácticamente se está poniendo al Poder Judicial y al TEJA de rodillas.
Consideró que la reforma politizará al Poder Judicial, ya que prácticamente acaba con la carrera judicial, impide el crecimiento de los jueces y reduce la ocupación de los mencionados tribunales en un ente para colocar amigos.
“¿Quién revisa los actos administrativos del Gobierno del Estado?, es el Tribunal de Justicia Administrativa; ( a los magistrados) los definirá el Congreso de una terna mandada por el Ejecutivo, eso se llama retroceso, de tener la designación de magistrados y del Poder Judicial”.
Al final, no hubo regidor de Morena, ni la misma Presidenta Municipal, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que pudiera defender la reforma.
Ahora, el resto de los municipios debe sesionar para determinar el tema, o de lo contrario, se aprobaría la reforma a través del esquema de positiva ficta.
Quienes avalaron la reforma fueron la alcaldesa Marina del Pilar Ávila, con sus regidores Juan Ramón López, Ricardo Hernández Moreno, Cleotilde Molina López, José Manuel Martínez Salomón, Eneyda Elvira Espinoza Álvarez, de Morena; Adriana López Quintero del PRI; Sergio Tamai García, del PT; y Janeth Raquel Tapia Barrera, quien recientemente se declaró sin partido.
En contra se posicionaron el regidor Héctor Ibarra y Diego Echeverría Ibarra, del PAN, Luz Elena Fonseca, del PBC; Arnoldo Dlouglas Álvarez, del Movimiento Ciudadano; Fernando Rosales del PRD; y el síndico Héctor Israel Ceseña Mendoza.
