El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, informó que su administración, la SCT, Banobras y Capufe signaron un acuerdo para que los residentes de Playas de Tijuana no paguen peaje en la caseta, ubicada en la autopista Tijuana-Ensenada.
Para que esto suceda, primero se trabajará en un censo de los residentes y una vez que se tengan, éstos harán un pago único de cien pesos “de por vida” para tener derecho a una tarjeta que los exentará del cobro de peaje.
El mandatario estatal dijo esto incluirá a todos los carros que tengan las familias “2 o 3 carros”, y “si agarran un taxi con la tarjeta del residente no le cobran al taxi”.
Durante su mensaje transmitido por Facebook, de este 30 de julio de 2020, Bonilla Valdez entregó el acuerdo entre el gobierno estatal y las dependencias federales a la líder del movimiento social, Mónica Jiménez, quien agradeció al mandatario su gestión.
A decir de Bonilla Valdez, el recién nombrado secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, podría visitar próximamente la entidad para ver las obras federales que están pendientes por concluir.
Minutos antes de encontrarse en el Centro de Gobierno con Bonilla Valdez -quien regresó de la Ciudad de México- la activista acudió a la caseta de peaje para que un acto simbólico levantara las plumas y atestiguara cómo algunas de las patrullas de la Guardia Nacional y del Ejército se retiraban dejando libre el paso a los vehículos.
A decir de algunas fuentes, el cobro se reinstalará en los próximos tres días para los vehículos con excepción de los residentes de Playas de Tijuana, bajo los términos que el mandatario indicó.
Mientras que Bonilla Valdez hizo hincapié en que “no se pretende quitar el cobro a todo el mundo. Ahorita va a quedar así” mientras que se hace el censo con el que los residentes de Playas de Tijuana dejarán de pagar.
Cerca del mediodía de este jueves, el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, anunció que la administración estatal publicaría en los minutos subsecuentes un decreto para revocar el decreto del 7 de julio que cancelaba el cobro de la caseta.
Como recordará ese martes 7 de julio Bonilla Valdez llevó a cabo un evento a 10 metros de la caseta de cobro, lugar donde acudieron residentes de la zona así como funcionarios estatales, incluido el diputado por Morena
Erick “El Terrible” Morales, para que el Estado se hiciera cargo de la caseta. Ello pese a que no tenía facultades para ello, y ni siquiera se había publicado el decreto previamente en el Periódico Oficial.
En la madrugada del 9 de julio, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Marina retomaron las instalaciones de la caseta, con lo que se reestableció el cobro por parte de Capufe. Después de eso manifestantes protestaron en la caseta durante tres días arrojando huevos, tomates podridos y quemando piñatas del entonces titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú.
En la conferencia matutina del 22 de julio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su administración había interpuesto la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y advirtió que no se puede permitir que un decreto estatal invada facultades que corresponden a la Federación.
Al señalar que no coincidía con la decisión de su “amigo” el gobernador bajacaliforniano, AMLO expuso el riesgo de que “ahora que vienen las elecciones” otros gobernadores emitan decretos para que no se cobre en las casetas de Capufe o del sistema federal, o para que no se cobre el IVA. “Eso no se puede, no es conmigo, es con la ley”, afirmó el político tabasqueño quien aseguró que será el Poder Judicial quien decida sobre este caso.
Ese día, Bonilla Valdez aceptó que su administración no ganaría la controversia constitucional, aunque insistía en que los elementos de las fuerzas federales se retiraran de las instalaciones de la caseta.
