El secretario general de la CTM en Tijuana, Baltasar Gómez Ruiz refirió que el próximo lunes 6 de julio integrantes del gremio transportista en Tijuana se manifestarán al exterior del Instituto de Movilidad de Baja California en rechazo a los permisos para taxis libres que según el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, se entregarán a quienes soliciten placa y cumplan con la documentación requerida.
De acuerdo con el líder transportista, Bonilla Valdez está incumpliendo con “la ley (de movilidad) que se acaba de expedir el 27 de marzo de este año”, la cual “en su décimo segundo artículo transitorio dice que hay 10 años de moratoria, par no expedir permisos ni concesiones ni nada”.
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Deploró que el mandatario haya dicho que los permisos se entregarían en vista de que el gobierno del estado requiere dinero. Ello a propósito de las afirmaciones de Bonilla Valdez emitió ayer jueves 2 de julio, en un acto en el que con respecto a la aprobación de la entrega de 150 permisos para taxi libre, mencionó: “necesitas recaudación, agarramos un estado completamente quebrado, que aunque hemos salido adelante, hemos tenido que hacer muchísimas cosas para pagar las nóminas”.
A Gómez Ruiz “si hubiera necesidad de un permiso, de una concesión, (en dado caso) hay una ruta que se tiene que seguir, hay un estudio que el instituto debe de retomar, que tiene que hacer y que después de ese estudio que realice el instituto y que diga que sí hay necesidad de un servicio, se tiene que abrir una convocatoria pública donde marque los requisitos que tiene que existir y cada quien tiene que cumplir con esos requisitos, hacer su petición y de aprobarlo ya se le otorga un permiso”.
De manera que a su modo de ver “no es nomás de que llévatelo, vete ahorita y lleva los papeles y se te va a dar un permiso. Por qué. Porque el gobierno del estado ocupa dinero”.
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Dijo tener “el dato” de que este viernes “acudieron más de mil personas al instituto de movilidad, el que está ubicado por la carretera libre a Tecate, cerca de plaza Sendero. Ahí es donde están recabando la documentación”.
También dijo que la ley marca que los operadores del transporte tienen seis meses para cambiar el permiso municipal a uno estatal (lo cual quedó dispuesto con la nueva normatividad). “Todavía no empezamos con ese trámite y ya quiere saturar el tema aquí en Tijuana y quiere aventar a la basura los proyectos (de movilidad) que hay”.
En ese sentido detalló: “Nos está dando al traste un proyecto de transporte que se tiene en Tijuana, como es el transporte libre, rediseñar, el poder hacer convenios con el transporte masivo, ser transporte alimentador, reordenar el transporte, los recorridos de las rutas, de los sitios y precisamente hacer el cambio de los gobiernos municipal al estatal y todo esto con estas ocurrencias se va al cesto de la basura, todos los proyectos”.
El día de hoy distintas organizaciones se reunieron en aras de organizar la manifestación del próximo lunes. A la cita acudieron transportistas de Mexicali, Tecate, Ensenada y Rosarito. Además de la CTM, tuvieron presencia la CROC, la CROC.
“El lunes estaremos una buena comitiva de permisionarios en el instituto a pedir hablar con el gobernador, para hacerle patente la situación que acordamos aquí y que lo podamos convencer de que dé marcha atrás de esas medidas (de otorgar permisos) para no llegar a la cuestión legal”, asentó.
Rubén Quiñónez, con residencia en Mexicali y quien representa la Alianza de Transportistas Unidos de Baja California, señaló que la Ley de Movilidad Sostenible y Transporte de Baja California, no fue consensuada con el gremio transportista del estado. Acusó que la norma “le pone trabas a los permisionarios para que ya no puedan renovar sus permisos y así el gobernador empiece a cumplir sus compromisos con algunos transportistas”.
Dijo que también se le quiere obligar al permisionario “a que casi viva en el Instituto de Movilidad Sustentable”, pues “tiene que ir para dar una alta, para dar una baja, para ir a revisión mecánica…”.
Finalmente, José Carlos Ortiz, representante de los taxis amarillos de la CROC en Ensenada, afirmó que se está elaborando una serie de amparos con la finalidad de “tumbar esa ley (de Movilidad) en su totalidad, respetando los marcos legales”, de la cual condenó que a diferencia de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, permite la estado absorber la rectoría del transporte, mientras que anteriormente “cada municipio operaba con sus reglamentos municipales”.
