Señores directores del Semanario ZETA
Adela Navarro Bello
César René Blanco
Presentes.-
Apreciables directores:
Al saludarlos con afecto, expreso mi agradecimiento por la publicación de mi escrito anterior. Ahora, les rogaría conceder un espacio en la sección “Cartaz” a lo siguiente:
En la edición del 3 al 9 de julio, nuestro Semanario ZETA nos ofrece un trabajo periodístico relativo a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), en el que nos da cuenta de inconformidades de usuarios del servicio de agua, que han presentado quejas por cobros excesivos.
Que yo recuerde, nunca en la historia de Baja California una dependencia del Gobierno del Estado había venido siendo objeto de atención, tanto en los medios como en la ciudadanía; en parte para bien, por haber hecho públicos los millonarios adeudos por consumo de agua por parte de grandes empresas, consorcios industriales y comerciales; y por la otra, para mal, por los reclamos y quejas de los “de abajo”, los consumidores particulares.
Animado por los ejemplos que nos ofrece ZETA de las personas que acudieron a la Cespt con la esperanza de tener respuestas a sus reclamos -no se supo si obtuvieron algo-, una vez más me ocupo de lo ya manifestado en escrito a ZETA del mes pasado.
El 11 de mayo acudí a la Comisión a pedir aclaración sobre un cobro de $1,273 pesos por el consumo del mes de marzo. En esa ocasión -reitero- no me valió el argumento de mi condición de persona de la tercera edad ni mi condición de pensionado del Seguro Social, ni que el medidor había tenido fuga por lo menos durante veinte días; si bien, le repararon en cuento fue reportada.
Ahora ya sabemos que la Comisión no entrega recibos aduciendo que el personal encargado de estas labores “es vulnerable al COVID-19” y no han querido exponerlos al contagio.
Preocupado por desconocer el importe de mi consumo de agua, el día 7 acudí a un cajero público a consultar información, y me encontré con que debo $3,120 pesos. Vuelvo a repetir que mis consumos de los últimos tres meses del año pasado, y los tres primeros del actual, promediaron no más de $700 pesos.
Entonces, ¿ya, porque la Comisión no tiene personal para tomar las lecturas a los medidores, nos van a cobrar lo que se les pega la gana?
La pensión mensual que el Seguro Social me otorga, no llega ni a $4,000 pesos; de ahí cubro compromisos personales, como el plan de mi celular, un pago a una institución funeraria y el mantenimiento del fraccionamiento donde resido.
¿Alguien cree que pude pagar $3,120 pesos?
Termino proponiendo un cambio de nombre a la Cespt: que ahora sea “Comisión Estatal de Saqueadores del Pueblo de Tijuana”.
Gracias, señores directores.
Atentamente,
José Carlos de la Trinidad.
Tijuana, B.C.
