Con una denuncia anónima y un amparo, implicando a cuatro elementos en un operativo que terminó con una pareja torturada y asesinada, la FGE inició una carpeta en la que refieren, agotarán todas las líneas de investigación. Hasta el momento aseguran no haber encontrado indicios contra los uniformados. Inmiscuida por el cateo y aseguramiento de droga, la Fiscalía General de la República también indaga las acciones de los agentes señalados. Desde la GESI, la versión es que los dueños de la droga son responsables de las dos muertes
Una demanda de suspensión de amparo promovida el 11 de julio por la presunta privación de la libertad de Diego Montijo Espinoza, el contenido de una carta anónima entregada en las oficinas de ZETA el 15 de julio, y otra misiva similar recibida por el fiscal de Homicidios de Baja California el sábado 18 de julio, responsabilizan a elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) de la privación y homicidio de Montijo y la joven Elena Estefanía Zazueta Quintero.
El señalamiento fue que los policías estatales los golpearon y torturaron para que confesaran dónde estaban unos kilos de cocaína, pero a los agentes “se les pasó la mano y los detenidos fallecieron”.
Los denunciantes no mencionaron fecha, pero como el objetivo era obtener la droga, la tortura debió ocurrir durante el primer ingreso ilegal que hicieron a la casa ubicada en el número 17200 de Privada Altitud en el fraccionamiento El Lago el viernes 10 de julio, previo a que los agentes estatales reportaran oficialmente los hechos a la Fiscalía General de la República (FGR).
En las cartas de denuncia, detallaron que conscientes de haber sido captados por las cámaras de videovigilancia, los oficiales se cubrieron con la narración de los hechos que hicieron en el Informe Policiaco Homologado (IPH).
Redactaron que al llegar al domicilio, “las personas salieron corriendo, dejando el garage abierto”, fue entonces cuando vieron los tuppers conteniendo cristal, y por eso solicitaron la orden de cateo que la FGR ejecutó el lunes 13 de julio.
Contrario a la versión anterior, una semana después de localizar los cadáveres tanto de Montijo como de Zazueta, de acuerdo con las primeras indagatorias la Fiscalía General del Estado (FGE) no han encontrado elementos que los hagan presumir la participación de los agentes de la GESI en el homicidio, por eso -justifican- no han remitido la carpeta a la dirección de Asuntos Internos.
A pesar de que en el IPH informaron que ingresaron a la privada a la media noche, existe pruebas de que 5 unidades policiácas de la GESI entraron tres horas antes al fraccionamiento privado.
Según las primeras indagatorias, existen dos elementos que desvirtúan parte del contenido de las cartas y exculpan a los uniformados por lo menos de haber cometido el homicidio de Estefanía Zazueta el viernes 10 de julio. Información forense respecto la hora de la muerte de las dos víctimas (cronotanatodiagnostico) determinó que los fallecimientos sucedieron de 48 a 72 horas antes de la realización de la autopsia -elaborada el 16 de julio-, lo que significa que habrían sido asesinados el lunes 13 y no el 10 de julio. Además de la existencia de una presunta llamada que se dio entre la joven víctima, Elena, y su hermano radicado en Sinaloa, también el 13 de julio, la cual se mencionó en una entrevista, pero no ha sido corroborada técnicamente.
“Inicialmente los jefes si estaban preocupados, porque se consideró que (los estatales) podían ser culpables, pero con estos datos se quedaron tranquilos y ya encontraron el camino para defenderlos”, comentó un investigador de la corporación.
“Van a responsabilizar al dueño de la droga y decir que los mataron por entregar el enervante”, adelantó a ZETA desde el viernes 17 de julio, otro elemento de la FGE.
LOS CUERPOS
Los cadáveres de Elena Estefanía Zazueta Quintero y de Diego Montijo Espinoza fueron localizados a las 9:20 pm del miércoles 15 de julio en Calle Cedro, a la altura de la fábrica Bimbo de la colonia Valle Sur, Delegación San Antonio de los Buenos.
Reportados como desconocidos y encontrados en estado de descomposición, los cuerpos de la pareja fueron extraídos del interior de la cajuela de un automóvil Nissan Sentra gris, placas de circulación 7UNS263 registradas en California, Estados Unidos.
Testigos en la zona indicaron que el carro había sido abandonado -una hora o media hora antes- por dos hombres no identificados que se retiraron a pie por la calle Valle Sur y se llevaron una maleta, mientras que personal de Criminalística de Campo de la Dirección de Servicios Periciales reportó como Cuerpo 1 el de Elena:
“Un primer cadáver posición decúbito dorsal, envuelto en una cobija color café y toalla color blanco, sujetada con cable con recubrimiento de plástico color blanco, y trozo de cuerda de nylon color amarillo, del sexo femenino sin identificar, de edad a determinar en estado de inicio de putrefacción, sujetada hacia atrás de sus extremidades superiores a la altura de sus muñecas con cinta adhesiva color gris”.
Carlos Montijo fue el segundo cadáver localizado “… en posición decúbito ventral, envuelto en una cobija color blanco con azul y sujetado con dos trozos de cuerda de nylon color amarillo, del sexo masculino sin identificar de edad de terminar, en estado de inicio de putrefacción, quién presenta zona equimótica en tórax anterior y múltiples excoriaciones en todo el cuerpo, sujetado hacia atrás de sus extremidades superiores a la altura de sus muñecas con cinta adhesiva color gris y trozos de cuerda de nylon color amarillo, cubierta su región cefálica con bolsa negra y cinta adhesiva color canela, cinta adhesiva color gris”.
Además de las sujeciones, ambos cuerpos evidenciaban huellas de tortura.
CATEO FEDERAL
A través del comunicado 223/20 de la FGR, fechado el miércoles 15 de julio, la dependencia federal informó: “Derivado de una denuncia anónima, elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) lograron ubicar en el fraccionamiento Altitud, de la colonia El Lago de la ciudad de Tijuana, un vehículo en el que encontraron 37 paquetes con metanfetamina”, esto el viernes 10 de julio.
Del 10 al13 de julio, elementos de la GESI resguardaron el inmueble.
Ya el 13 de julio se informó: “La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) en su delegación de Baja California, cumplimentó una orden de cateo en un inmueble, otorgada por el Juez de Control de Distrito, Especializado en el Sistema Penal Acusatorio.
“Al desahogar dicha diligencia, los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), localizaron en el domicilio un fusil, 1054 cartuchos de diferentes calibres, 55 kilos 128 gramos de clorhidrato de metanfetamina, cinco kilos 85 gramos de clorhidrato de fentanilo y seis kilos 825 gramos de clorhidrato de cocaína”.
En el IPH, los agentes reportaron que mientras patrullaban sobre el Bulevar Manuel J. Clouthier, a la altura de Plaza Monarca frente al negocio de cervezas Modelorama, fueron interceptados por un hombre de 60 años, canoso, moreno claro, vestido con pantalón de mezclilla azul y camisa gris.
El denunciante les dijo que vivía en Privada Altitud y había visto ingresar a cuatro hombres en un auto Altima gris, que iban armados y nerviosos, como si escondieran algo o a alguien, que entraron a la casa con el número 23 y después se fueron en otro carro, dejando abandonado el auto y el portón del garage abierto, lo cual ya había denunciado al 911.
Acto seguido, ellos se presentaron frente a la privada y esperaron que el portón se abriera e ingresaron hacia la casa mencionada, donde encontraron el Altima con
FGE no avanza en homicidio de “Cabo 33”
Mario Delval Barocio / Homicidio de “El Cabo 33”, “El Mario”
El asesinato de Mario Delval Barocio alias “Cabo 33”, “Tony” y/o “Mariola”, cabecilla de célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue reportado a las 8:13 pm del sábado 18 de julio sobre la calle Alba Roja de la colonia Hipódromo 2, Delegación La Mesa en Tijuana.
Actualmente los investigadores no consiguen testigos y los vecinos se han negado a facilitar cámaras de seguridad.
De inicio, están explorando la posibilidad, de que Delval conociera a su asesino, al existir la hipótesis de que no lo balearon frente al estacionamiento de Plaza Heliot, donde su cuerpo quedo tendido, sino a unos metros de distancia, en su casa. En la baqueta, frente al domicilio, quedaron machas de sangre. Creen que lo hirieron y corrió, pero fue alcanzado.
Las versiones respecto al móvil de esta ejecución, que detenidos e informantes de la calle han hecho llegar a las corporaciones, son distintas y opuestas entre sí:
- Ejército y Guardia Estatal de Seguridad e Investigación. Danny Isaac Ortiz Covarrubias “El Moreno” le solicitó apoyo para enfrentar a los narcos de Sinaloa y a las autoridades en Tecate; se negó y lo mataron.
- Fiscalía General del Estado. Ajuste interno por la presunta incorporación de Mario Delval Barocio a las filas del Cártel Arellano Félix con Pablo Edwin Huerta “El Flaquito”.
- Policía Municipal de Tijuana. Tres vendedores de droga detenidos en semanas recientes, declararon que “Cabo 33” se habría afiliado a Los Uriarte.
Esta versión se contrapone con lo dicho por la familia de José Luis Mora Zamora “Cabo 23”, después que lo asesinaron el 5 de enero de 2019. Informaron que al inicio de su vida delictiva, Mora había trabajado para Los Uriarte, y, previo al homicidio, este grupo lo había amenazado porque se negó a entregar a “Cabo 33”, a quien buscaban para matarlo.
Mario Delval Barocio fue identificado en el lugar por dos mujeres cercanas, dieron su nombre completo y dijeron, era comerciante de carrocería. Los homicidas no dejaron indicios balísticos en el lugar, pero fueron videograbados, sin embargo, hasta la madrugada del domingo 19 de julio, las corporaciones no habían reportado detenido. Sicarios del Cártel de Sinaloa trataban de matarlo desde 2018, año en que el occiso fue identificado por las fuerzas coordinadas de seguridad como uno de los cabecillas de célula de Jalisco, con operatividad criminal en Tijuana y Ensenada.
Tenía un antecedente de captura de 2015, junto a su hermano Raymundo, por el delito de narcomenudeo y como sospechoso de homicidio. Fue liberado.
Previo a su ejecución, la última mención pública de Delval Barocio data del 16 de diciembre de 2019 en una cartulina que tiraron a un lado de una cabeza cercenada en el fraccionamiento Presidentes en Tijuana: “ASÍ quEDARA LA gENTE qUE SigA
TRABAJANDO CON LA LAKRA DEL MARiOLAS (CABO 33) Y CON SU gATO ENRiqUE ÁLVARO ATiLANO HERNÁNDEZ ALIAS EL (SHALE) qUE EXTORSiONAN Y DE LOS NIÑOS qUEHAN MATADO, A. T. T. LA FAM”.
el motor encendido, las ventanas abajo y los paquetes de metanfetamina a la vista.
Indicaron que la revisión del auto inició a las 12:15 am del sábado 11 de julio, a las 12:20 am encontraron la droga y llamaron a la autoridad correspondiente.
AMPARO CONTRA LA PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
A las 12:49 am del sábado 11 de julio, en el Juzgado Tercero de Distrito, Tania Guadalupe Domínguez Campaña, con domicilio en Calle José Clemente Orozco de la Zona Río, tramitó una demanda de amparo, suspensión de plano y “bajo protesta de decir verdad”. Expuso que “… la madre del quejoso Diego Montijo Espinoza, de nombre Martha Laura Montijo”. Le explicó que: “…el 10 de julio del año en curso, aproximadamente a las ocho treinta de la noche recibió una llamada del agraviado”, diciéndole que mientras circulaba en las inmediaciones de Plaza Monarca, en un Jetta 2011 placas A98-NYH-B, fue interceptado por las patrullas estatales con los números 1093, 024 y 944 y “le quería avisar porque en días pasados, tuvo problemas con agentes de esa corporación”.
Montijo no era un desconocido para los ex policías estatales preventivos, de acuerdo con sus antecedentes, ya le habían cumplimentado una orden de aprehensión en 2009 y tenía un ingreso penitenciario por portación de arma de uso exclusivo del ejército en 2015, otro por delitos contra la salud y apenas en 2019 por violencia familiar equiparada.
“(…) Refiere la madre del quejoso que se enteraron que sí lo detuvieron y lo trasladaron en su propio carro y en las unidades descritas al domicilio ubicado en Bulevar Manuel J. Clouthier 17200, colonia El Lago, Privada Altitud interior 23”.
De acuerdo con la representante legal, cinco minutos después de la llamada del hijo, la madre trató de reestablecer la comunicación con él vía telefónica y continuó intentándolo hasta el sábado, pero ya no tuvo repuesta.
En ese contexto solicitaron el amparo. Los actos reclamados fueron: privación de la libertad, retención, incomunicación u tortura, de los que responsabilizan a los elementos de la GESI y sus mandos, de quienes aseguran, actuaron en su contra sin que mediara orden de aprehensión, reaprehensión o citación.
CARTAS ANÓNIMAS
En la carta recibida en ZETA el miércoles 15, el redactor sugiere ser un policía estatal al que habían invitado hacer un “jale” para robar 200 libras de cristal, para lo cual refiere que le pusieron plantón sobre el Bulevar Manuel J. Clouthier, afuera de Privada Altitud, frente a la gasolinera Chevron.
Detallaron que Diego Montijo Espinoza salió a 8:30 pm, metros adelante lo alcanzaron dos elementos de la GESI, se subieron al auto del hombre y lo obligaron a que los metiera al número 23 de Privada Altitud, donde encontraron el fusil Barrett, mil tiros y 100 tuppers con cristal. Subieron al segundo piso, ahí encontraron otros 50 tuppers y a Elena Zazueta.
Asimismo, que en los celulares los detenidos tenían fotos de varios kilos de cocaína sobre una mesa de la misma casa y para encontrar esa droga los torturaron. El denunciante anónimo aseguró que los golpearon, les pusieron una bolsa y como no hablaban, llegaron al grado de ponerles soplete y confesaron que estaban en una pared con doble fondo.
Información recabada posteriormente indica que las autoridades fueron enteradas, que el escondite donde encontraron la mercancía sustraída ilegalmente, fue la mesa ubicada el centro del walk in closet de la casa.
De los oficiales involucrados menciona a Marco Antonio Ochoa Rodelo, Christian Lugo, Jovani Velazco y Dodai Vera, pero del acuerdo al IPH, solo dos de los mencionados participaron en el operativo.
La carta delatora también refiere “… pusieron a disposición 16 kilogramos de cocaína y no los 49 que habían guardados”, aunque admite que desconoce la cantidad exacta, y el destino hayan tenido las dos personas que resguardaban la droga.
La segunda misiva anónima, entregada en la FGE el jueves 16 de julio, contiene datos similares a remitida a ZETA, pero el supuesto denunciante no menciona ser policía estatal e informa que los muertos encontrados el 15 de julio en Calle Cedro, a la altura de la fábrica Bimbo en Colonia Valle Sur, son Montijo y Zazueta.
DUEÑO DE LA DROGA COMO RESPONSABLE DE LOS HOMICIDIOS
En la FGE aún no recaban la información de los geoposicionadores satelitales de las patrullas y radios Matra de los policías, tampoco de los teléfonos celulares ni de los autos de las víctimas. No tienen la información de los videos de la zona, ni las declaraciones del guardia de la privada, pero tienen entrevistas de la familia de Elena Estefanía Zazueta Quintero y eso les dio elementos que muestran inconsistencias con las denuncias previas:
- El fin de semana su familia llamó a Zazueta y no pudo localizarla, pero Elena se comunicó con su hermano el lunes 13 de julio, sonaba rara, pero les dijo que estaba bien, lo que significaría que no la mataron el viernes 10.
Respecto a este punto, personas relacionadas con la familia de la joven establecieron comunicación con ZETA el 21 de julio y manifestaron su preocupación: “La gente de la fiscalía está informando a los delincuentes”. A cambio del cuerpo de su hija, obligaron a la madre a entregar una foto de la mujer que la reclutó en Sinaloa, y horas después los criminales le hablaron a la señora para amenazarla, porque ya sabían lo que le había dicho a la Policía “y era exactamente lo de la entrevista”.
- De acuerdo con la data forense, la chica y Montijo seguían vivos el lunes.
Las autoridades tienen conocimiento que los agentes cometieron irregularidades en el operativo, porque también existen inconsistencias entre el IPH y los hechos. Aunque consideran sería ilógico que a sabiendas que estaban denunciados desde el sábado 11 de julio los policías hubieran decidido asesinarlos el lunes 13, en la fiscalía aseguraron que se agotarán todas las líneas de investigación y están confiados que la información de los teléfonos y los geo localizadores arrojarán la verdad de los hechos, y en el momento que encuentren indicios de que los policías puedan ser responsables, la carpeta se trasladará a Asuntos Internos.
Además de la posible responsabilidad de los uniformados, la FGE revisa la hipótesis de que los homicidios hayan sido cometidos por matones del dueño de la droga, del cual solo tienen un apodo. Conforme a los reportes de inteligencia, las víctimas habrían estado relacionadas durante algún tiempo con el grupo delictivo de “Los Erres”, detenidos en 2010 como sicarios de la célula escindida del Cártel Arellano Félix conocida como “Los Teos”, entonces encabezada por Teodoro García Simental- hoy preso-, cuyos integrantes fueron liberados en 2013 por José Antonio Soto Gastélum “El Tigre” para que delinquieran para el Cártel de Sinaloa.
Conforme a la nueva hipótesis, “Los Erres” estarían colaborando con el Cártel Jalisco Nueva Generación en Tijuana y de ellos sería la droga asegurada, por lo que presumen que Montijo y Zazueta habrían sido asesinados por sicarios de este grupo que en Tijuana tiene como figura principal a Rodolfo López Arellano “El Cabo 30”, quienes armaron la denuncia contra los uniformados, porque este grupo ha realizado varias detenciones y aseguramientos que han afectado al grupo criminal.
ZETA habló con Carlos Flores, comisionado de la GESI y jefe de los policías señalados y de los agentes que los investigan. Se le realizaron varias preguntas al respecto, pero el funcionario se limitó a responder: “Se trata de una carpeta en investigación en curso y no puedo revelar datos”.
Con el tema del cateo y el aseguramiento de droga, la FGR lleva una indagatoria adicional en la que también se están agotando todas las líneas de investigación.
